Diputados socialistas impulsan Comisión Investigadora sobre plantas de tratamiento de aguas servidas y aumentos tarifarios
Una dura crítica al incremento en las tarifas de la empresa sanitaria Aguas Magallanes, formuló el Diputado socialista por esa zona, Pedro Muñoz Aburto.
El alza en los cargos a los usuarios, que se ha comenzado a advertir en los últimos días, tiene su origen en la entrada en operación de las planta de tratamiento de aguas servidas de Punta Arenas y ha significado un aumento en el alcantarillado por metro cúbico de un 45,6% ($ 101/m3 para Porvenir y $121/m3 para Natales y Punta Arenas), lo que representa una suma promedio por hogar cercana a los $ 2.000 para un consumo medio de 20 m3.
El legislador recalcó que "tales montos resultan desmesurados en tanto, para el mismo servicio y nivel de uso, en la capital, se han estimado valores inferiores a los $ 1000."
Muñoz reiteró sus criticas al proceso de privatización emprendido por el Sistema de Empresas Públicas, denunciando que estos aumentos tarifarios demuestran claramente que el traspaso a particulares era innecesario, pues, en el caso de la sanitaria de Magallanes, las inversiones requeridas para el tratamiento de aguas servidas ya habían sido materializadas por la administración estatal de la entidad.
“Lo sucedido – sentenció – comprueba que empresa pudo seguir en manos del Estado, con márgenes de rentabilidad razonables y, en cambio, la privatización conlleva necesariamente alza de tarifas y despidos.”
COMISIÓN INVESTIGADORA
El Diputado socialista, además de respaldar las críticas de la comunidad y las manifestaciones que empiezan a surgir en la zona austral en contra de las alzas, informó que, junto al Diputado Francisco Encina, también PS, presentaron un Proyecto de Acuerdo que debe ser votado en los próximos días en la Cámara Baja, con el objeto de crear una Comisión Investigadora que analice el cumplimiento de los objetivos técnicos propuestos por el Estado al emprender el proceso de privatización y concesión de los derechos de explotación de las empresas sanitarias del país y el rol de los entes públicos involucrados en el control y regulación del funcionamiento de dichas entidades en sus aspectos operativos, económicos y medioambientales.
El parlamentario explicó que se persiguen, también, objetivos más específicos y que apuntan a indagar las causas de las graves fallas ocurridas en La Farfana y en otras plantas de tratamiento de aguas servidas en el país y las medidas tendientes a evitarlos y mitigar sus efectos; detectar los incumplimientos por parte de las empresas sanitarias de los planes de inversión comprometidos y comprobar si existe correspondencia entre las variaciones tarifarias autorizadas, desde el traspaso o entrega de la administración a privados, con las inversiones efectivamente materializadas.
“En definitiva – culminó señalando Muñoz – queremos tener la certeza de que este proceso se está llevando a cabo en buena forma y que se están resguardando los intereses económicos de la población y cumpliendo con los objetivos sanitarios y medioambientales que el país se propuso al traspasar estas empresas a privados.”
noviembre 27, 2004
noviembre 24, 2004
Muñoz: “Se acerca solución al daño previsional”
Diputado informó que negociación entre el Gobierno y los funcionarios públicos estaría cerca de concluir
El próximo 12 de Diciembre sería el día clave para la solución al problema del daño previsional que afecta a miles y miles de funcionarios públicos, en todo el país y, por cierto, también en Magallanes. Así lo informó el Diputado Pedro Muñoz, quien indicó que esa es la fecha que el Gobierno y las organizaciones representativas de los empleados fiscales se han puesto como plazo para culminar las negociaciones sobre la materia.
El legislador socialista indicó que, según los antecedentes disponibles, existiría un importante grado de acuerdo en casi todos los puntos objeto de las tratativas, restando sólo uno por superarse, en el que se sigue trabajando.
El parlamentario explicó que el problema del daño provisional se remonta a la década del ’80, con la instauración del nuevo sistema de pensiones, cuando a los funcionarios públicos, muchos de ellos obligados a traspasarse a las AFP, se les realizaron cotizaciones y el cálculo del bono de reconocimiento en base al sueldo base, lo que incluye sólo una parte de la remuneración percibida realmente.
“Si a estos funcionarios – agregó Muñoz - se les impuso por menos de los que se debió, hoy miles y miles de ellos tienen en sus cuentas saldos inferiores a los que los que les correspondería tener y, de ese modo, han jubilado en condiciones muy desventajosas o, aún con avanzada edad, se han visto obligados a permanecer en servicio, frente al temor de ver disminuidos drásticamente sus ingresos, en caso de pensionarse.”
“La magnitud del problema – sentenció el Diputado - es enorme y alcanza ribetes tan dramáticos como que en la administración pública hay más de 3000 chilenos que siguen trabajando, teniendo más de 70 años, por no poder acceder a una pensión digna como consecuencia de esta situación.”
“Resultaría por ello muy importante y esperanzador – afirmó - que, después de largos años de buscarse una solución, en las próximas semanas, pudiera lograrse un acuerdo entre la ANEF y el Gobierno.”
“Con ello, los funcionarios públicos afectados tendrán la reparación que esperan y, más importante aún, muchos de ellos podrán ejercer su derecho a pensionarse y tener el descanso que merecen tras años de esfuerzo, en condiciones dignas y justas” - culminó expresando el parlamentario.
El próximo 12 de Diciembre sería el día clave para la solución al problema del daño previsional que afecta a miles y miles de funcionarios públicos, en todo el país y, por cierto, también en Magallanes. Así lo informó el Diputado Pedro Muñoz, quien indicó que esa es la fecha que el Gobierno y las organizaciones representativas de los empleados fiscales se han puesto como plazo para culminar las negociaciones sobre la materia.
El legislador socialista indicó que, según los antecedentes disponibles, existiría un importante grado de acuerdo en casi todos los puntos objeto de las tratativas, restando sólo uno por superarse, en el que se sigue trabajando.
El parlamentario explicó que el problema del daño provisional se remonta a la década del ’80, con la instauración del nuevo sistema de pensiones, cuando a los funcionarios públicos, muchos de ellos obligados a traspasarse a las AFP, se les realizaron cotizaciones y el cálculo del bono de reconocimiento en base al sueldo base, lo que incluye sólo una parte de la remuneración percibida realmente.
“Si a estos funcionarios – agregó Muñoz - se les impuso por menos de los que se debió, hoy miles y miles de ellos tienen en sus cuentas saldos inferiores a los que los que les correspondería tener y, de ese modo, han jubilado en condiciones muy desventajosas o, aún con avanzada edad, se han visto obligados a permanecer en servicio, frente al temor de ver disminuidos drásticamente sus ingresos, en caso de pensionarse.”
“La magnitud del problema – sentenció el Diputado - es enorme y alcanza ribetes tan dramáticos como que en la administración pública hay más de 3000 chilenos que siguen trabajando, teniendo más de 70 años, por no poder acceder a una pensión digna como consecuencia de esta situación.”
“Resultaría por ello muy importante y esperanzador – afirmó - que, después de largos años de buscarse una solución, en las próximas semanas, pudiera lograrse un acuerdo entre la ANEF y el Gobierno.”
“Con ello, los funcionarios públicos afectados tendrán la reparación que esperan y, más importante aún, muchos de ellos podrán ejercer su derecho a pensionarse y tener el descanso que merecen tras años de esfuerzo, en condiciones dignas y justas” - culminó expresando el parlamentario.
noviembre 23, 2004
Diputado Muñoz propone indemnizar daño moral en el despido
Promueve modificación legal para reparar perjuicios por imputaciones infundadas del empleador
El Diputado Pedro Muñoz (PS), integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja, reiteró la necesidad de legislar en materia de indemnización por el daño moral que se ocasione al trabajador como consecuencia de imputaciones falsas al momento de terminar su relación laboral.
“Cuando un trabajador es despedido acusado de robos en la empresa, invocándose la causal de falta de probidad, por ejemplo, – explicó - y el empleador no es capaz de probar esa aseveración ante los tribunales, el despido es declarado injustificado y el afectado recibe la indemnización por años de servicio que le corresponde más un recargo establecido en la ley.”
“Sin embargo – afirmó el legislador – esa suma adicional, a título de sanción, no compensa íntegramente los perjuicios que se le han causado al trabajador, que ha quedado ante todos sus colegas y amigos como ladrón.”
Por ello, Muñoz presentó en el Parlamento una moción destinada a contemplar la posibilidad que se repare completamente el daño moral ocasionado por estas acusaciones infundadas, cuando se logre probar que éste va más allá del monto que la ley fija como sanción.
”No puede ser que las injurias y calumnias cometidas por el empleador, con ocasión del despido, tengan un castigo mínimo y que las indemnizaciones, por mandato legal, sean insuficientes para reparar el daño causado” – sentenció el parlamentario.
La moción del Diputado PS se encuentra en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, esperando comenzar su trámite, aunque no se descarta que su contenido pueda ser incorporado en los proyectos de ley del Gobierno sobre judicatura laboral.
FORO – PANEL
La materia será abordada en un foro, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional, este próximo miércoles 1º de Diciembre en Valparaíso, con la presencia como expositores del Subsecretario del Trabajo, Yerko Ljubetic, de los Diputados Pedro Muñoz (PS) y Nicolás Monckeberg (RN) y de destacados académicos y expertos en la materia.
Sobre el particular, Muñoz destacó la relevancia de poner este tema en el debate público, señalando que se trata de una importante falencia de la actual normativa, respecto de la cual, destacados especialistas en Derecho del Trabajo, han señalado que su incorporación tendría un efecto incluso mayor que todo lo avanzado en las reformas laborales en lo referido a la terminación del contrato.
El Diputado Pedro Muñoz (PS), integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja, reiteró la necesidad de legislar en materia de indemnización por el daño moral que se ocasione al trabajador como consecuencia de imputaciones falsas al momento de terminar su relación laboral.
“Cuando un trabajador es despedido acusado de robos en la empresa, invocándose la causal de falta de probidad, por ejemplo, – explicó - y el empleador no es capaz de probar esa aseveración ante los tribunales, el despido es declarado injustificado y el afectado recibe la indemnización por años de servicio que le corresponde más un recargo establecido en la ley.”
“Sin embargo – afirmó el legislador – esa suma adicional, a título de sanción, no compensa íntegramente los perjuicios que se le han causado al trabajador, que ha quedado ante todos sus colegas y amigos como ladrón.”
Por ello, Muñoz presentó en el Parlamento una moción destinada a contemplar la posibilidad que se repare completamente el daño moral ocasionado por estas acusaciones infundadas, cuando se logre probar que éste va más allá del monto que la ley fija como sanción.
”No puede ser que las injurias y calumnias cometidas por el empleador, con ocasión del despido, tengan un castigo mínimo y que las indemnizaciones, por mandato legal, sean insuficientes para reparar el daño causado” – sentenció el parlamentario.
La moción del Diputado PS se encuentra en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, esperando comenzar su trámite, aunque no se descarta que su contenido pueda ser incorporado en los proyectos de ley del Gobierno sobre judicatura laboral.
FORO – PANEL
La materia será abordada en un foro, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional, este próximo miércoles 1º de Diciembre en Valparaíso, con la presencia como expositores del Subsecretario del Trabajo, Yerko Ljubetic, de los Diputados Pedro Muñoz (PS) y Nicolás Monckeberg (RN) y de destacados académicos y expertos en la materia.
Sobre el particular, Muñoz destacó la relevancia de poner este tema en el debate público, señalando que se trata de una importante falencia de la actual normativa, respecto de la cual, destacados especialistas en Derecho del Trabajo, han señalado que su incorporación tendría un efecto incluso mayor que todo lo avanzado en las reformas laborales en lo referido a la terminación del contrato.
noviembre 17, 2004
Muñoz llama a rechazar proyecto sobre nuevo impuesto al gas vehicular
A juicio del legislador, el cambio por un tributo al consumo estaría resultando muy caro para los usuarios de Magallanes
El Diputado magallánico Pedro Muñoz expresó su profunda preocupación por el avance experimentado por el proyecto de ley referido al impuesto al gas, que ha retomado su trámite en el Senado y denunció que en él “se está estableciendo un impuesto para el GNC y al GLP aplicado al consumo, pero exagerado y abusivo.”
El legislador regional informó que la Comisión de Transportes de la Cámara Alta retomó en los últimos días la discusión de este proyecto, que había quedado paralizada hace unos meses y acogió, en general, el texto propuesto por el Gobierno que establece, respecto del GNC y el GLP, un impuesto cargado al momento de comprar el combustible, pero que bordea los $ 144 y $ 100 por metro cúbico, respectivamente.
“Más aún – enfatizó el legislador magallánico – ello no termina ahí, sino que es sólo el comienzo, pues en los años posteriores se aplicarán gradualmente tasas aún más elevadas.”
“El cambio de un impuesto fijo a uno al consumo está resultando, entonces, muy caro para los transportistas y usuarios del gas como combustible vehicular” – afirmó Muñoz – agregando que por ello “resulta imprescindible reanudar el trabajo de las organizaciones de la zona para oponerse al proyecto en los términos actuales.”
“Claramente, no es el impuesto al consumo que esperábamos y debemos hacer oír con fuerza la voz de Magallanes, como la región más afectada por la iniciativa, en cuanto tiene el mayor parque vehicular a gas del país” – sentenció Muñoz – quien recalcó que “más que limitarse a crear una forma de pago menos engorrosa se está aprovechando la ocasión para subir el impuesto.”
Descartan impuesto al diesel
El Diputado culminó refiriéndose al impuesto al diesel que se propuso, también, en el Senado y que preocupaba a los propietarios de vehículos de ese tipo en la región, señalando al respecto que “lo único bueno que ha ocurrido en los últimos días es que, por el momento, ha quedado descartado al desecharse por inconstitucional la norma que lo incorporaba.”
El Diputado magallánico Pedro Muñoz expresó su profunda preocupación por el avance experimentado por el proyecto de ley referido al impuesto al gas, que ha retomado su trámite en el Senado y denunció que en él “se está estableciendo un impuesto para el GNC y al GLP aplicado al consumo, pero exagerado y abusivo.”
El legislador regional informó que la Comisión de Transportes de la Cámara Alta retomó en los últimos días la discusión de este proyecto, que había quedado paralizada hace unos meses y acogió, en general, el texto propuesto por el Gobierno que establece, respecto del GNC y el GLP, un impuesto cargado al momento de comprar el combustible, pero que bordea los $ 144 y $ 100 por metro cúbico, respectivamente.
“Más aún – enfatizó el legislador magallánico – ello no termina ahí, sino que es sólo el comienzo, pues en los años posteriores se aplicarán gradualmente tasas aún más elevadas.”
“El cambio de un impuesto fijo a uno al consumo está resultando, entonces, muy caro para los transportistas y usuarios del gas como combustible vehicular” – afirmó Muñoz – agregando que por ello “resulta imprescindible reanudar el trabajo de las organizaciones de la zona para oponerse al proyecto en los términos actuales.”
“Claramente, no es el impuesto al consumo que esperábamos y debemos hacer oír con fuerza la voz de Magallanes, como la región más afectada por la iniciativa, en cuanto tiene el mayor parque vehicular a gas del país” – sentenció Muñoz – quien recalcó que “más que limitarse a crear una forma de pago menos engorrosa se está aprovechando la ocasión para subir el impuesto.”
Descartan impuesto al diesel
El Diputado culminó refiriéndose al impuesto al diesel que se propuso, también, en el Senado y que preocupaba a los propietarios de vehículos de ese tipo en la región, señalando al respecto que “lo único bueno que ha ocurrido en los últimos días es que, por el momento, ha quedado descartado al desecharse por inconstitucional la norma que lo incorporaba.”
noviembre 16, 2004
Definitivo: Plan Comuna Segura se aplica el 2005 en Magallanes
Parlamento acogió solicitud del Diputado Muñoz (PS) y el programa deberá implementarse en Punta Arenas y eventualmente en Natales
La segunda fue la vencida. Tras largos años de esfuerzo y en su segundo intento propiamente legislativo, el Diputado Pedro Muñoz consiguió la incorporación de la Región de Magallanes al Plan Comuna Segura: Compromiso Cien del Ministerio del Interior.
El parlamentario recordó que venía gestionando la implementación del programa en la región desde Mayo del año 2001, ocasión en la que se lo solicitó al entonces Subsecretario del Interior, Jorge Burgos.
Luego de años de no ser escuchado y de denunciar que los criterios de selección de comunas favorecían a la Región Metropolitana, Muñoz obtuvo un primer éxito el año recién pasado, en la discusión del Presupuesto de la Nación, cuando la Cámara de Diputados aprobó una indicación de su autoría que disponía que el programa gubernamental de seguridad ciudadana debería aplicarse, necesariamente, a lo menos en una comuna de cada región del país.
Si bien, en dicha ocasión, no prosperó la enmienda legal, se suscribió un acuerdo entre el Gobierno y todas las Bancadas de la Cámara Baja que aseguraba la aplicación del Plan Comuna Segura como piloto en Magallanes durante el 2004 y su plena incorporación al mismo el 2005, a través de la modificación del decreto respectivo.
“Ello - detalló el parlamentario - se ha estado materializando, adjudicándose este año proyectos vecinales por unos $ 35 millones, creándose una Secretaría Técnica e instalándose un Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana.”
Sin embargo, restaba asegurar la aplicación plena del plan en Punta Arenas el año 2005, lo que seguía en la incertidumbre al no haberse modificado hasta ahora el decreto respectivo.
Sin embargo, la certeza vino con la aprobación, en la tarde de hoy, en el Senado, de una nueva indicación del Diputado regional, de similar alcance que la del año recién pasado, pero que esta vez fue acordada por las dos ramas del Congreso Nacional.
“El año 2005 tendremos, entonces, la plena aplicación de Comuna Segura: Compromiso Cien en Magallanes” – sentenció Muñoz - agregando que “se trata de una muy buena noticia para la zona, pues contaremos con recursos adicionales para que los vecinos puedan desarrollar medidas preventivas y de recuperación de espacios públicos, que se suman a la ley de armas blancas, que hemos aprobado recientemente y que vienen a profundizar el combate a la delincuencia en la zona.”
El legislador socialista culminó señalando que “la incorporación de Punta Arenas al Plan Comuna Segura el 2005 abre, también, la posibilidad de aplicarlo en Puerto Natales, pues la ley de presupuestos contempla un mecanismo para, con el apoyo del Gobierno Regional, una vez que alguna de las ciudades de una región ha sido favorecida pueda extenderse su implementación a otras.”
La segunda fue la vencida. Tras largos años de esfuerzo y en su segundo intento propiamente legislativo, el Diputado Pedro Muñoz consiguió la incorporación de la Región de Magallanes al Plan Comuna Segura: Compromiso Cien del Ministerio del Interior.
El parlamentario recordó que venía gestionando la implementación del programa en la región desde Mayo del año 2001, ocasión en la que se lo solicitó al entonces Subsecretario del Interior, Jorge Burgos.
Luego de años de no ser escuchado y de denunciar que los criterios de selección de comunas favorecían a la Región Metropolitana, Muñoz obtuvo un primer éxito el año recién pasado, en la discusión del Presupuesto de la Nación, cuando la Cámara de Diputados aprobó una indicación de su autoría que disponía que el programa gubernamental de seguridad ciudadana debería aplicarse, necesariamente, a lo menos en una comuna de cada región del país.
Si bien, en dicha ocasión, no prosperó la enmienda legal, se suscribió un acuerdo entre el Gobierno y todas las Bancadas de la Cámara Baja que aseguraba la aplicación del Plan Comuna Segura como piloto en Magallanes durante el 2004 y su plena incorporación al mismo el 2005, a través de la modificación del decreto respectivo.
“Ello - detalló el parlamentario - se ha estado materializando, adjudicándose este año proyectos vecinales por unos $ 35 millones, creándose una Secretaría Técnica e instalándose un Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana.”
Sin embargo, restaba asegurar la aplicación plena del plan en Punta Arenas el año 2005, lo que seguía en la incertidumbre al no haberse modificado hasta ahora el decreto respectivo.
Sin embargo, la certeza vino con la aprobación, en la tarde de hoy, en el Senado, de una nueva indicación del Diputado regional, de similar alcance que la del año recién pasado, pero que esta vez fue acordada por las dos ramas del Congreso Nacional.
“El año 2005 tendremos, entonces, la plena aplicación de Comuna Segura: Compromiso Cien en Magallanes” – sentenció Muñoz - agregando que “se trata de una muy buena noticia para la zona, pues contaremos con recursos adicionales para que los vecinos puedan desarrollar medidas preventivas y de recuperación de espacios públicos, que se suman a la ley de armas blancas, que hemos aprobado recientemente y que vienen a profundizar el combate a la delincuencia en la zona.”
El legislador socialista culminó señalando que “la incorporación de Punta Arenas al Plan Comuna Segura el 2005 abre, también, la posibilidad de aplicarlo en Puerto Natales, pues la ley de presupuestos contempla un mecanismo para, con el apoyo del Gobierno Regional, una vez que alguna de las ciudades de una región ha sido favorecida pueda extenderse su implementación a otras.”
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