Necesitamos apoyo urgente para vecinos y comerciantes de Punta Arenas

Inundaciones afectan gravemente la zona céntrica de la ciudad.

 

Foto: Emol.

La  situación que viven cientos de vecinos y comerciantes de Punta Arenas, aquejados por las inundaciones derivadas del desborde del Río de las Minas es extraordinariamente preocupante.  Por ello, he retornado inmediatamente de vuelta a la zona, a fin de imponerme en terreno de la magnitud de los daños y requerir de las autoridades la ayuda pertinente.

Ya oficié a los Ministros de Desarrollo Social y de Economía, Joaquín Lavín y Pablo Longueira, respectivamente, con el objeto de requerirles apoyo para las familias cuyas viviendas han sido anegadas y para los comerciantes cuyos establecimientos y mercadería han sido alcanzados por el agua y el lodo y deberán permanecer cerrados por algunos días.

Estoy, además, preocupado por los inconvenientes que estas inundaciones han originado en el ámbito laboral, por lo que formulo un llamado a los empleadores a tener flexibilidad respecto de quienes no pudieron llegar hoy a sus puestos de trabajo o lo hicieron con retraso, producto de la emergencia.

Si bien la situación generada configuraría una fuerza mayor que justificaría las inasistencias, según se desprende de dictámenes emanados de la Dirección del Trabajo para casos de catástrofes similares, lo ideal es que estas situaciones se resuelvan al interior de las empresas, contándose con la comprensión necesaria para evitar controversias.

He solicitado, en todo caso, a la entidad fiscalizadora un pronunciamiento sobre el particular, como también respecto de la seguridad y condiciones de trabajo a la que están expuestos algunos trabajadores que laboran en el centro de la ciudad, más aún cuando ello tiene lugar en la vía pública.

Respecto de la responsabilidad de la ONEMI en la alerta sobre esta emergencia, me parece grave que el organismo haya desestimado inicialmente la peligrosidad e inminencia de la misma, aunque, por el momento, la principal preocupación debe estar orientada a superar la situación y conseguir ayuda y apoyo para los vecinos y comerciantes afectados.  Ya habrá tiempo para analizar eventuales responsabilidades. Hoy la prioridad es otra.

El Gobierno sigue "al debe" en segundo aniversario.

Ineficiencia, letra chica y conflictos de interés marcan la pauta en el accionar del Ejecutivo.

Tras dos años en La Moneda el actual Gobierno sigue mostrándose ineficiente, lleno de "letra chica” y conflictos de interés. Los chilenos no han visto la nueva forma de gobernar que se les prometió y por el contrario, han sido testigos de una enorme desprolijidad y falta de capacidad de respuesta a los problemas.

Hemos observado mucha ineficiencia e incapacidad para atender a las demandas de la ciudadanía. En educación, salud, vivienda y en seguridad pública, estamos muy lejos de haber visto cambio alguno y si lo ha habido ha sido para peor. Basta recordar las movilizaciones estudiantiles, los severos retrasos en la reconstrucción y las altas cifras de delincuencia.

La administración Piñera, además, actúa siempre con “letra chica”. Algunas iniciativas incluidas en el programa del Ejecutivo y que se han materializado, como la eliminación del 7% a los pensionados o la extensión del postnatal a seis meses, han contado con proyectos originales muy malos, llenos de imperfecciones y retrocesos, los que debieron ser completamente reformulados en el Congreso.

Asimismo, el actual Gobierno incurrió en los mismos errores que criticó por tanto tiempo, recordando el caso Kodama y las innumerables denuncias de contrataciones de operadores políticos como asesores en Ministerios, con elevados sueldos, sin contar con calificación alguna. Los conflictos de interés en algunas autoridades de la actual administración son otro aspecto cuestionable. El Ejecutivo se mueve en muchos aspectos en una cuerda floja producto de su imprudencia para ubicar en cargos decisorios a personas con reconocida trayectoria en los principales operadores de las mismas áreas que les corresponde regular o fiscalizar.

Respecto de áreas específicas de retraso en la gestión gubernamental, la principal falencia de la actual administración su trabajo en regiones. Este ha sido un gobierno que no le ha cumplido a las regiones. Las zonas más apartadas del país muestran un completo abandono. Creo que en el caso de Aysén, Magallanes y otras zonas apartadas del país es donde más le pesa al Ejecutivo su ideologismo, pues se muestra incapaz de comprender que se requieren medidas excepcionales que escapan a la ortodoxia neoliberal. De allí que le cueste entender que se necesitan subsidios, franquicias tributarias y regímenes especiales.

Como integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, me preocupa el retraso de la actual administración en lo relativo al mundo laboral. Hay muy buenas declaraciones y maquillaje de cifras, pero poca sustancia y cumplimiento del programa. Los indicadores de empleo que luce el Gobierno y que resaltan la creación de puestos de trabajo y el mejoramiento en el nivel de remuneraciones son un “espejismo” producto de la utilización intencionada de datos estadísticos.

Nadie puede creer que se han creado más de 600.000 empleos estables. Lo que aquí hay es un incremento sostenido del trabajo precario e informal, vale decir sin contrato, sin previsión, sin salud y esencialmente temporal. En materia de nivel de salarios, los sectores de mayores ingresos han empujado un aumento del promedio, pero sin que exista un mejoramiento real en los sueldos de la mayoría de los trabajadores.

El actual Gobierno tampoco ha cumplido en la eliminación del multirut, mecanismo que permite a los empleadores dividir las razones sociales de la empresa, eludiendo así diversas obligaciones con sus trabajadores y que estaba incluido en su programa. Además, las promesas vertidas tras el accidente de la Mina San José se las llevó el viento.

El nunca más quedó en un tratado internacional y dos proyectos de modificación institucional, tanto a la Superintendencia como al Sernageomin, pero se postergó lo más esperado, una iniciativa que sancione drásticamente los incumplimientos y que incremente la fiscalización y medidas precautorias.

En resumen, me parece que los chilenos no han visto una nueva forma de gobernar, como ha quedado reflejado en las encuestas, sino que han sido testigos de un Gobierno que no es capaz de cumplir las expectativas que generó y que se debate en la ineficiencia, la letra chica y los conflictos de interés.

No a la “ley larga” de pesca.

Se insiste en sistema de cuotas que llevó a las pesquerías al colapso y no hay soluciones para la pesca artesanal.

El proyecto de “ley larga” de pesca, impulsado por el Gobierno, es “más de lo mismo”. Se insiste en la aplicación de cuotas, precisamente las responsables del colapso actual de las principales pesquerías del país.

El retiro de la iniciativa de su tramitación legislativa es una de las principales demandas del Movimiento Social por Aysén y fue incluido, también, en el petitorio que la Asamblea Ciudadana de Magallanes entregó a las autoridades regionales en los últimos días.

Fui uno de los pocos legisladores, que incluso contradiciendo los requerimientos de los Ministros y del propio Presidente de la República, Ricardo Lagos, rechazamos el 2002, la aprobación del sistema de cuotas, por estimar que no superaría los problemas existentes y que conllevaba un reparto que privilegiaba a la pesca industrial respecto de los artesanales.

Contra la fuerte presión del gobierno de la época y del sector industrial unos pocos diputados manifestamos que este sistema no era la solución para la pesca y que sólo agudizaría los problemas. Hoy, eso se ha confirmado en los hechos y lo peor es que como solución se insiste en el mismo mecanismo fracasado.

A los propios industriales que colapsaron las pesquerías, instando a los Consejos a aprobar cuotas globales que no tenían ninguna relación con la realidad de la biomasa se les premia ahora con un proyecto a la medida.

Si bien el proyecto en trámite se presenta como una iniciativa innovadora, con un fuerte énfasis en la sustentabilidad de los recursos, a su juicio, lo único que hace es continuar y profundizar el régimen de cuotas, al hacerlas indefinidas y permitir expresamente su transferibilidad.

Sinceramente, no veo la razón para entregar ad eternum porciones de los recursos del mar de todos los chilenos, en forma casi gratuita, a algunos empresarios y menos aún permitir que negocien con ellas, con el único fundamento de que han venido desarrollando la actividad en los últimos años.  Respecto de estos bienes nacionales no hay derechos adquiridos, hay una entrega graciosa del Estado que perfectamente puede terminar o cambiar las condiciones.

Durante la discusión del proyecto promoveré indicaciones para permitir una mejor distribución de las pesquerías en favor de la pesca artesanal y frenar la concentración del sector industrial. Asimismo, impulsaré el aumento sustantivo de las patentes con el objetivo de incrementar los recursos destinados a la fiscalización y especialmente a la protección social de los trabajadores del mar.

Hay que regionalizar, sueldo mínimo, pensiones y beneficios sociales.

Sin variables locales se prejudica a trabajadores y pensionados de las zonas extremas.

Respaldo plenamente la creación de un sueldo mínimo regionalizado que considere el mayor costo de la vida existente en algunas regiones del país, como ha sido requerido en las movilizaciones emprendidas en Magallanes y Aysén.

Hace muchos años lo he venido planteando. Entregué una propuesta concreta al respecto al entonces Ministro del Trabajo, Ricardo Solari, la que establecía diversos rangos de salario para cuatro macrozonas del país, una de las cuales era la austral integrada por las Regiones XI y XII y las Provincias de Chiloé y Palena.

Regionalizar el sueldo mínimo es una medida que se justifica en el elevado valor de suministros domiciliarios, servicios, abarrotes, frutas y verduras, especialmente en la zona más austral del país, lo que produce un desequilibrio en el poder adquisitivo de las remuneraciones.

La mantención de un ingreso mínimo uniforme en todo el país, si bien resulta cómoda para las autoridades y las estadísticas, perjudica gravemente a los trabajadores de las zonas extremas, quienes pueden comprar menos con su salario, o sea, en los hechos reciben una menor remuneración que en el centro del país.

Pero eso no es todo. Lo mismo se aprecia en muchas otras materias, tanto a nivel de ingresos de los hogares como de instrumentos e indicadores. Así ocurre, por ejemplo, con monto de las pensiones mínimas o la ponderación de la Ficha de Protección Social, donde la fijación de parámetros únicos a nivel nacional se traduce en situaciones enormemente injustas.

Por tanto, apoyo plenamente la necesidad de avanzar no sólo hacia la regionalización del sueldo mínimo, sino también de cualquier tipo de renta, como las pensiones y también con los beneficios sociales y las herramientas que sirven para evaluar su procedencia.

El país debe asumir de una vez que tras la noción de Estado unitario, hay muy diversas realidades que deben ser asumidas y reconocidas, adoptándose políticas públicas especiales, que reconozcan las diferentes condiciones de vida que enfrentan los habitantes de las regiones, particularmente de las más extremas.

Necesitamos un Plan Nacional de Desarrollo de la Patagonia.

Debe incluir leyes de excepción, sueldo mínimo diferenciado, mejoramientos en conectividad y transporte, subsidio a suministros básicos y ampliación de servicios de salud y educación.

El estado debe impulsar un Plan Nacional de Desarrollo de la Patagonia, que incluya profundos mejoramientos en diversas materias que afectan severamente el desarrollo de las regiones de Aysén, Magallanes y también de las Provincias de Chiloé y Palena en la Región de los Lagos y que configuran una situación de postergación de largas décadas para sus habitantes. 

Este “nuevo trato” con la zona más austral del país debiera ser parte de un gran acuerdo al que concurran todos los sectores políticos, dándole respaldo parlamentario, amplitud y continuidad en el tiempo. Entre las materias que deberían abordarse figuran la provisión de bienes y servicios básicos, la conectividad y el transporte, el fomento productivo y el empleo, los servicios sociales, tales como educación y salud y el uso y administración de los recursos naturales. Lo anterior, sin perjuicio de otras enmiendas institucionales respecto de la descentralización.

En el ámbito de los insumos básicos es imprescindible que se aborde de una vez el abastecimiento y precio de estos suministros. Ellos no pueden quedar entregados a procesos de fijación similares a los existentes en el resto del país.

Los magallánicos y los ayseninos hacemos patria y soberanía y en reconocimiento a este esfuerzo el Estado sólo aporta algunos subsidios insuficientes, dejando los costos entregados al mercado. Lo que se requiere, en cambio, es una política clara, amplia y permanente de control de precios y otorgamiento de subvenciones 

En materia de conectividad y transporte, debe lograrse que los combustibles y también otros productos, como abarrotes, frutas y verduras, tengan en estas zonas valores comparables a los de la zona central, debiendo absorber el Estado los costos que implique su transporte. 

Asimismo, se requiere establecer políticas regulatorias más fuertes respecto de valor y frecuencia de los itinerarios aéreos hacia el centro del país. Desde la privatización de LAN, acá hay un total descontrol, dejándose a los privados la determinación de precios y conectividad para un vasto sector del territorio nacional. En muchos países, en cambio, la posibilidad de cubrir ciertas rutas atractivas implica la obligación de hacerse cargo de otras menos rentables, con precios predeterminados.

Respecto del fomento productivo y el empleo, tenemos la necesidad de legislar a la brevedad y con visión de largo plazo para establecer leyes de igualación o compensatorias que permitan atraer inversiones y empleos. En este sentido, por años, se viene legislando por tres o cuatro años, lo que no constituye un estímulo suficiente para futuros proyectos y más bien se trata de una política de retención de las actuales fuentes de trabajo.

Es imprescindible, además, que estos traspasos de recursos a los privados lleguen también a los trabajadores. Deben crearse sueldos mínimos diferenciados por macrozonas. El poder adquisitivo del salario no es equivalente, por lo que hace años venimos planteando tener a lo menos cuatro rangos de sueldo mínimo, uno para la zona norte conformadas por las regiones XV a la III; otro para la zona central, que incluya las regiones IV a la VII; otro para la zona Sur, que involucre las regiones VIII, IX, XIV y X, excluyendo Palena y Chiloé y uno para la zona austral, que incluya dichas provincias y las regiones XII y XII.

En lo que se refiere a los servicios de salud y educación, hay que enfrentar de una vez el crónico déficit en especialistas, como asimismo la falta de alternativas educacionales. Ayseninos y magallánicos vivimos el drama común de no poder resolver todas las complejidades médicas y también el ver partir a los hijos a la zona central a cursar estudios superiores. 

El estado debe adoptar una política más enérgica en esta materia y entender que se trata de zonas aisladas que deben avanzar hacia la autosuficiencia en estas áreas.

Respecto de los recursos naturales, exigimos que se otorgue a estas regiones una mayor autonomía para decidir sobre el uso de sus riquezas. Estas zonas se habían mantenido alejadas de la presión de grupos económicos, lo que está cambiando sistemáticamente, como se apreció en las normas sobre salmonicultura y en la aprobación de los proyectos de Isla Riesco e HidroAysén.

Nos quieren imponer el mismo modelo de desarrollo que fracasó en la zona central y que llevó a lugares como Ventanas al colapso absoluto. En cambio, lo que nosotros queremos es mantener la Patagonia natural y libre de acciones contaminantes, favoreciendo con ello el desarrollo de actividades consolidadas como el turismo y la pesca artesanal.

Por último, es urgente abordar de una vez la descentralización del país, cuestión que afecta no sólo a la zona austral sino a todo Chile. Este modelo institucional se agotó y necesitamos transferir mayores competencias a las regiones y que éstas elijan sus intendentes y autoridades locales.

Los conflictos vividos en Magallanes el año recién pasado y las movilizaciones que se llevan adelante en Aysén, deben abrir camino a nuevas políticas de desarrollo que otorguen más oportunidades y participación a los habitantes de estas zonas extremas..