Senador Muñoz preocupado por medidas que afectan al turismo en Natales

Respaldó inquietudes sobre cobros por acceso al Parque Torres del Payne y uso de aeródromo y rechazó apertura de Paso Baqueano Zamora.

El Senador Pedro Muñoz expresó su profunda preocupación por una seguidilla de hechos, que han detonado en las últimas semanas y que, a su juicio, afectan gravemente al turismo en Puerto Natales, generando molestia entre los operadores turísticos y autoridades.

Planteó, en primero término, su inquietud por el cambio en las condiciones de acceso al Parque Nacional Torres del Payne, producto de decisiones adoptadas por CONAF que limitarían la posibilidad de que los turistas reingresen hasta por tres días, sin volver a cancelar su entrada.

“Se ha producido una alteración en los criterios sobre acceso al Parque muy desafortunada y que genera gran preocupación en los operadores, pues producirá, sin lugar a dudas, un impacto serio en la próxima temporada.” - sentenció.

Expresó que apenas conoció esta situación, el 15 de septiembre pasado, solicitó a la Directora Nacional Catalina Bau detener la aplicación de la medida, atendida la existencia de paquetes vendidos con anterioridad. Asimismo, pidió que una decisión de esa naturaleza no se adoptara sin antes realizar un estudio técnico acerca de su impacto en la presencia y estadía de visitantes.

Indicó que la Directora Bau le expresó en una nota fechada el 23 del mismo mes que en una reunión con las Cámaras de Turismo de Puerto Natales y Punta Arenas se habría acordado mantener la excepción para los hoteles cercanos al Parque, situación que los operadores habrían aceptado.

“Los acuerdos adoptados no han respetado el parecer de los operadores natalinos, más aún ellos han insistido ante las autoridades regionales en la necesidad de mantener la excepción, lo que hice presente en el día de ayer a la Directora Nacional de la CONAF, a la que reiteré la necesidad de suspender inmediatamente la aplicación de estos cobros.”

En otro ámbito, manifestó que recibió la inquietud del municipio de Puerto Natales por el elevado cobro aplicado por el servicio de operación del aeródromo local, lo que disminuye las posibilidades de su uso comercial. “He oficiado inmediatamente a la Dirección General de Aeronáutica Civil con el objeto se disminuya el valor exigido a cifras que no desalienten su uso comercial y que sean similares a los restantes terminales de la zona” - explicó el Senador.

Por último, el legislador manifestó su firme rechazo a las gestiones que pretenderían abrir el paso Baqueano Zamora, que permitiría facilitar el acceso desde Calafate al Parque Nacional Torres del Payne. “No resulta conveniente apoyar la apertura de nuevos pasos fronterizos, sin preocuparse antes del mejoramiento de los que ya existen y que prestan servicio todo el año para el tráfico de personas y pasajeros, más aún cuando es evidente que ello redundaría en un menor número de turistas en Puerto Natales” - explicó.

Muñoz concluyó manifestando que “todos estos hechos revelan desaciertos que no consideran el enorme impacto del turismo en la Provincia de Última Esperanza y que deben ser corregidos a la brevedad, para lo cual comprometió sus esfuerzos en coordinación con la Cámara de Turismo local.

Senador Pedro Muñoz (PS) propone transformar ENAP en Empresa Nacional de Energía

Iniciativa busca expandir su competencia a diversas fuentes energéticas

El senador Pedro Muñoz (PS) presentó en la Cámara Alta un Proyecto de Acuerdo solicitando a la Presidenta Michelle Bachelet estudiar expandir el giro actual de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), con la finalidad de ampliar sus actividades a la exploración y comercialización de todas las fuentes energéticas disponibles, especialmente aquéllas renovables no convencionales, transformándose así en una Empresa Nacional de Energía.

Recogió así las inquietudes vertidas en el Seminario Futuro Energetico de Magallanes, realizado hace algunos días y justificó la medida en el agotamiento que se viene observando de los hidrocarburos y la inconveniencia de depender de fuentes externas y no renovables, recursos susceptibles de escasez y enorme volatilidad en los precios - indicó. “Un 65% de nuestros requerimientos son satisfechos desde el exterior, estimándose que dicha dependencia podría alcanzar al 80%, comprometiendo nuestro desarrollo, más aún en un escenario en que los precios presentan una clara volatilidad, la mayoría de las veces determinada por razones políticas internacionales.” – recalcó.

“Lamentablemente, asistimos a la evidencia del agotamiento o encarecimiento de las fuentes de energía más tradicionales, los hidrocarburos. Asimismo la experiencia mundial revela el severo impacto de algunos de sus usos en el medio ambiente.” – sostuvo – al tiempo que afirmó que resulta imprescindible aprovechar las enormes potencialidades con que cuenta nuestro país para el desarrollo de energías alternativas tales como la solar, eólica, mareomotriz y geotérmica.

El legislador indicó que resulta indispensable conocer y prever la demanda y preparar la oferta, para las futuras décadas, con el objeto de poder avanzar en la generación de energía suficiente. “Necesitamos energía suficiente, económica y sustentable. Obtenerla requiere planificación e inversión y el desarrollo de esfuerzos serios que permitan explotar al máximo las capacidades de que disponemos.” – afirmó.

Agregó que “la experiencia acumulada en sus años de historia, la capacidad de sus recursos humanos y la pertinencia de sus recursos técnicos y equipamiento hacen que la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP sea la repartición pública más indicada para empujar estos esfuerzos.”

“Por ello – explicó el parlamentario - he presentado a consideración del Senado un proyecto de acuerdo que solicita a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, realizar los estudios técnicos y jurídicos necesarios para transformar la Empresa Nacional del Petróleo en una Empresa Nacional de Energía, con el objeto que pueda participar, también, directamente o a través de sociedades, en actividades de exploración, explotación y comercialización de otras fuentes energéticas, especialmente renovables no convencionales, fomentando así el desarrollo y sustentabilidad ambiental del país y la estabilidad de sus trabajadores.”

La propuesta debería ser votada en las próximas semanas en la Cámara Alta y, en caso de aprobarse, sería remitida a la Presidenta de la República para que sea estudiada por los Ministros de Hacienda, Economía, Energía y Minería.

Exigencias laborales para la salmonicultura son imprecindibles.

La caducidad de concesiones en caso de abusos graves y reiterados a los derechos de los trabajadores se justifica plenamente.

El proyecto que modifica la Ley de Pesca, en materia de acuicultura y que fue concebido una forma de permitir al sector salmonero la refinanciación de sus actividades y la relocalización de los centros de cultivo para superar la severa crisis provocada por la aparición del virus ISA, ha quedado detenido en el Senado, fundamentalmente por los reparos al establecimiento de un límite a la duración de las concesiones, fijado en 25 años, con una renovación y, especialmente, a la existencia de causales de caducidad vinculadas al incumplimiento de la normativa laboral en materia de prácticas antisindicales y derechos fundamentales del trabajador.

Respaldo plenamente mantener estas normas en el proyecto. Avanzar en una iniciativa que incorpore exclusivamente las hipotecas y la relocalización para el salvataje de la salmonicultura, sin legislar en otros aspectos controvertidos de la industria sería hoy sencillamente impresentable. Ya no resulta posible en Chile dictar leyes que miren la economía sólo desde la perspectiva empresarial, sin que se promueva, paralelamente, superar las evidentes deficiencias y externalidades de la industria en aspectos ambientales y laborales.
Sabemos de las decenas de muertos ocurridas en los últimos años y de la alta tasa de accidentabilidad en la industria salmonera y las reiteradas denuncias por atropellos a los trabajadores y sus organizaciones, por lo que imponer mayores es un imperativo ético y político, a nivel local y, además, una consecuencia de la mayor preocupación de la comunidad internacional sobre ambos aspectos.
No es posible sostener que la existencia de una causal de caducidad vinculada a las infracciones laborales, implica incorporar elementos ajenos a los procesos productivos. La norma propuesta puede gustar o no, pero creo muy difícil argumentar que las políticas laborales puedan ser ajenas a la regulación sectorial, cuando ello constituye un ámbito sustantivo de la forma en que la industria se ha desenvuelto en el último tiempo. Lamentablemente, en el caso de la salmonicultura ha sido el propio empresariado con sus prácticas el que obliga a este tipo de legislación particular.
Tampoco es efectivo que la disposición propuesta contenga imperfecciones que hagan difícil su aplicación, pues tras el Informe de la Comisión de Pesca, la causal está perfectamente delimitada y acotada, fijándose claramente su ámbito de aplicación, que se extiende a la empresa principal titular de la concesión, a todas aquéllas razones sociales vinculadas a ésta y a los contratistas. Bajo la excusa de deficiencias en la formulación de la normativa, lo que se esconde es el temor a que el inmenso número de abusos existentes haga que ésta genere sus efectos y se caduquen efectivamente las concesiones.

Cabe destacar la magnitud de los incumplimientos exigidos por el texto para dar lugar a la caducidad, recordando que se trata de tres sentencias condenatorias en tres años. Si alguien quiere defender ese nivel de atropellos, graves, reiterados y comprobados, está en su derecho, pero sinceramente parece difícil de entender.
Por último, la argumentación en el sentido de que se exigirían a la salmonicultura obligaciones mayores que las exigidas a otras actividades económicas no tiene sentido. Lo que no debe olvidarse es que acá hay una exigencia concordante con el uso de bienes públicos para el desarrollo de esta industria y, más aún, en este proyecto, con la posibilidad de utilizarlos como hipoteca.
Una industria que utiliza intensivamente recursos de todos los chilenos y que dispondrá de una garantía con respaldo estatal, como no la tienen otros sectores, tiene una especial responsabilidad en el cumplimiento de las normas ambientales y laborales y eso es lo que está plasmado en el proyecto.

Piñera nunca apoyó a Magallanes en el Congreso.

En su reciente visita, el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, ha formulado diversas propuestas para el desarrollo de nuestra zona. Sin embargo, todo lo que nos diga no resulta creíble, pues mientras fue senador por Santiago y pudo aportar concretamente - sin buscar los votos de los magallánicos - torpedeó cada una de las iniciativas que favorecían a esta región y sus trabajadores.

Los indesmentibles hechos lo refutan. Si de Piñera hubiera dependido los trabajadores de Magallanes no dispondrían de 5 días adicionales de feriado, la región no tendría los recursos adicionales del FONDEMA. Con su actual programa, en tanto, se privatizaría el 20% de ENAP.

En el caso del aumento del feriado, el candidato de la derecha buscó dilatar su votación pidiendo segunda discusión y, luego, argumentó su inconstitucionalidad, tratando de que no fuera aprobado por la Sala y, ante el fracaso de esos intentos, no participó en la sesión en que fue aprobado.

Respecto del Fondema, Piñera demostró su absoluta incompetencia y desinformación, absteniéndose de votar en la Comisión de Hacienda, por creer que constituía la imposición de un impuesto, en circunstancias que sólo se trataba de redirigir a nuestra región el resultado del pago de los derechos de explotación ya existentes. Puede afirmarse con toda claridad que Piñera nunca apoyó iniciativa alguna que beneficiara a esta región, sino, por el contrario, hizo lo imposible por retrasarlas y dificultar su aprobación.

Resulta curioso, asimismo, que el candidato de la derecha no haya aprovechado su visita a la zona para explicar un tema altamente sensible, como es la venta del 20% de ENAP contemplada en su programa de Gobierno. Sobre ese tema guardó riguroso silencio.

Seguiremos esperando una regionalización en serio.

Avanzar en la regionalización es un desafío ineludible. Ello ha sido planteado recientemente por la OCDE, como una grave falencia del sistema político chileno, pero más aún es reconocida por los habitantes de las regiones como una de sus reivindicaciones más sentidas. Aspiramos a aumentar las competencias y atribuciones locales como una forma de acercar las decisiones, terminar con el centralismo que nos agobia y profundizar la democracia.
El Senado analiza una reforma a los Gobiernos Regionales. Lamentablemente, ella es decepcionante y básica. Hay elementos que son muy insuficientes y otros definitivamente mal pensados.
Acaso lo único positivo, es la elección democrática de los consejeros regionales, que pone término al engorroso y poco transparente sistema indirecto, que ha producido graves escándalos con denuncias de cohecho y compra de votos.
Lamentablemente, no puede decirse lo mismo de otras enmiendas. Soy partidario de la elección del Intendente por voto popular, que sea a la vez Presidente del Consejo y líder del Gobierno Regional, lo que propuse y fue rechazado por la Comisión. En su lugar, se consagró un mecanismo anómalo donde el Intendente es la máxima autoridad regional y representante del Presidente de la República, pero tiene al frente un Presidente del Consejo, elegido por los Consejeros. Ello sólo generará polémicas permanentes.
Se argumenta que la elección de Intendentes pone en riesgo el Estado unitario. Si alguien quiere llamarlo federalismo, me da lo mismo; yo creo que esa es descentralización y regionalización en serio, con respeto y no con temor a los ciudadanos.
A Magallanes le vendría muy bien un Intendente elegido, como fuerza y legitimidad para hacerse escuchar y con capacidad de gestión para priorizar propuestas y llevar adelante la inversión de decisión local.
Otro error es la transferencia de atribuciones de los gobiernos regionales. Lo que se intenta es un avance, pero tímido. Se crea un extraño procedimiento en que los Consejos Regionales piden la transferencia por un quórum muy elevado, el Presidente acepta o deniega, teniendo como árbitro último al Senado.
¿Por qué no se traspasan derechamente las facultades, como lo propuse en una indicación? ¿Por qué esta desconfianza en las regiones? Es presumible que el Presidente de la República y el Senado sucumban ante las regiones densamente pobladas y, en cambio, sean más reticentes con regiones pequeñas.
Seguiremos esperando una regionalización en serio.