Proyecto sobre adaptabilidad laboral en sector turismo es un retroceso para trabajadores

El proyecto de ley que adapta normas laborales al ámbito del turismo y que busca establecer una regulación laboral especial para los trabajadores que se desempeñan en este ámbito es un grave retroceso.

Por ello, pese a que el texto cuenta con el respaldo de algunas organizaciones de trabajadores del sector, voté en contra durante su discusión e intervine para oponerme. Sin embargo, fue aprobado en general por el Senado por 18 votos a favor, 5 en contra y una abstención, fijándose como plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 13 de enero.

Las normas de adaptabilidad que conlleva este proyecto son inconvenientes, toda vez que su aprobación significaría una precarización de las relaciones laborales del sector y un retroceso en la protección de los derechos de los trabajadores. 

La normativa propuesta se encuentra, además, en contradicción con el Convenio 172 de 1991 de la OIT sobre condiciones de trabajo en hoteles y restaurantes que, aunque no ha sido ratificado por Chile, representa un referente importante en la materia.

Entre los aspectos más cuestionables se encuentra la consagración de los denominados “turnos cortados” modalidad que permite una interrupción extensa de la jornada. Ello vulnera el principio básico de continuidad de la jornada, al tiempo de tener implicancias concretas y graves en materia de desprotección en caso de accidentes del trabajo y afectación del descanso semanal.

Se trata, en resumen, de una iniciativa pro empleador” cuya aprobación retrocede en principios fundamentales del derecho del trabajo y lejos de representar un avance hacia condiciones pactadas significará que el empleador impondrá sus condiciones a los trabajadores. Si se quisiera realmente favorecer acuerdos en condiciones de mayor igualdad entre las partes el camino es fortalecer la negociación colectiva.

Avanza nueva ley de fármacos

La Cámara Alta, por la unanimidad de los 29 senadores presentes, aprobó el informe de la Comisión Mixta que había resuelto las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Parlamento respecto de la nueva ley de fármacos.

No puedo sino valorar este avance. Soy uno de los autores de las mociones refundídas que dieron lugar al texto que se encuentra en sus etapas finales. 

La iniciativa resulta muy importante para garantizar a la ciudadanía el acceso a un costo razonable de medicamentos de calidad, mediante la superación de algunas de las deficiencias de la actual normativa y la incorporación de mecanismos más eficaces para la información, comparación y control de los precios.

Entre los aspectos más relevantes del proyecto destaco la obligación que se impone a las farmacias de contar con un stock mínimo de medicamentos bioequivalentes y la obligación de expender dosis unitarias. 

Ello junto con la prohibición en forma absoluta de los incentivos económicos de cualquier índole, que motiven a los profesionales habilitados para prescribir y a los dependientes de los establecimientos de venta a privilegiar el uso de determinado producto, debería impedir que los pacientes sean inducidos a adquirir alternativas de mayor valor. 

Asimismo, se avanza en materia de seguridad, obligando a la industria farmacéutica a certificar la eficacia de los productos y prohibir que los envases sean atractivos para los niños.

Valoro, asimismo, la norma incorporada mediante una indicación de mi autoría que autoriza a los almacenes farmacéuticos públicos de ciudades pequeñas o aisladas a suministrar medicamentos a los pacientes, aún cuando exista farmacia privada en el mismo lugar. 

Esto soluciona de raíz el problema de la falta de competencia que se da en muchas comunas donde la instalación de una farmacia significa un avance en términos de horario de funcionamiento, pero al poco tiempo, representa un perjuicio en materia de precios.

El último paso para que la nueva ley de fármacos culmine su trámite será la discusión del informe de la Comisión Mixta en la Cámara de Diputados, que debería tener lugar durante el mes de enero próximo.

Preocupan despidos masivos en UNIMARC

Situación afecta a trabajadores de Punta Arenas y otras zonas del país

Preocupa la situación que afecta a los trabajadores de UNIMARC, cadena que ha comenzado un proceso de reestructuración, a consecuencia de los resultados del holding SMU, que implicaría el cierre de diversos locales.

En Punta Arenas los despidos afectan a unos 100 trabajadores de dos establecimientos, en tanto se han reportado situaciones similares en diversas otras regiones, como Concepción.

 

Una vez más el hilo se corta por lo más delgado. Las negativas cifras de la casa matriz y que han obligado también a la venta de algunas filiales y activos para enfrentar los pasivos terminaron perjudicando injustamente la situación de los trabajadores, más aún en esta época, cercana a las fiestas de fin de año.

 

He sido informado que estos trabajadores habrían sido notificados del cese de sus labores y estarían empezando a firmar sus finiquitos para recibir sus pagos o indemnizaciones pendientes. Espero que la Dirección del Trabajo verifique el correcto cumplimiento de la normativa vigente.

Debe crearse organismo que proteja datos personales

Uso de información de beneficiarios de programas sociales en patrocinio de candidaturas revela grave falencia de nuestra legislación.

Reitero la necesidad de crear una Agencia de Protección de Datos Personales con el objeto de cautelar el uso de la información privada de los ciudadanos. Lo anterior a raíz de la supuesta utilización de listas de beneficiarios de programas del Ministerio de Vivienda como patrocinantes de campañas presidenciales.

La importancia que ha adquirido la información personal y el grave riesgo de su uso en hechos delictivos o en campañas informativas no deseadas amerita una preocupación muy firme del Estado, tal como ocurre en la inmensa mayoría de los países desarrollados, que han creado organismos especializados destinados a defender a los ciudadanos de estas malas prácticas.

Junto al senador Camilo Escalona y al ex senador Jaime Gazmuri propusimos el año 2009 la creación de una entidad pública y autónoma en esta materia, iniciativa que cuenta con un importante respaldo a nivel académico y técnico, al tiempo que ha sido recomendada en convenios internacionales.

Lamentablemente, ello aún no prospera, pese a la masificación de las tecnologías de la información y, en cambio, se han sugerido ideas alternativas como agregar competencias de regulador en este ámbito al Consejo para la Transparencia, lo que sería desvirtuar un organismo que tiene otro objetivo y tampoco tendría la fuerza que la importancia de la protección de los datos personales requiere.

Se debe avanzar decididamente hacia la creación de un ente autónomo que lleve el registro de administradores de bases de datos personales, reciba denuncias por mal uso de dicha información y sancione directamente los actos ilícitos que se cometan. Lo importante es que la información privada de las personas debe ser protegida con el máximo celo por el Estado.