diciembre 21, 2012

Hay que darle transparencia y publicidad a resoluciones ambientales del Comité de Ministros

Proyecto de ley propone regular convocatorias a sesiones y darle máxima publicidad a deliberaciones y conclusiones

Nuestra actual normativa dispone que un Comité de Ministros integrado por los titulares de Medio Ambiente, Agricultura, Minería, Energía, Economía y Salud decida sobre las reclamaciones que se hagan ante el rechazo o establecimiento de condiciones o exigencias a los proyectos sometidos a evaluación ambiental.

La instancia ha sido sumamente criticada en cuanto constituye una intervención política en materias que deberían ser analizadas técnicamente. Más aún cuando la instancia no reviste condiciones de transparencia y publicidad en sus actuaciones, convocándose -como han denunciado organizaciones ecologistas- sin antelación suficiente, suspendiéndose sus reuniones y, en general, adoptando resoluciones en forma reservada.

Evidentemente, hacia el futuro habría que revisar su existencia. Sin embargo, mientras este Comité persista en nuestra institucionalidad creemos que debe funcionar en forma más transparente. 

Para ello, junto con la senadora Isabel Allende propusimos un proyecto para establecer una serie de regulaciones. 

La iniciativa establece que las convocatorias al Consejo deberán difundirse a lo menos con una semana de antelación en la página web del organismo o en la del Ministerio del Medio Ambiente, a la vez que deberá funcionar, como lugar permanente, en las dependencias de dicha cartera, salvo que por causas de fuerza mayor debiera sesionar en otras dependencias públicas.

También se propone disponer el carácter público de las sesiones y autorizar la difusión de sus pormenores en forma diferida o instantánea, junto a sujetar su funcionamiento, en lo no establecido en estas disposiciones, a las mismas reglas del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Todo lo anterior es lo mínimo que hay que implementar ante las enormes deficiencias de nuestro país en materia de institucionalidad ambiental, que llevaron a la dictación de la ley que creó el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio, a lo cual debería agregarse próximamente la implementación de los Tribunales Ambientales.

La iniciativa fue remitida a la Comisión de Medio Ambiente para su estudio.

diciembre 19, 2012

Proyecto de ley permitiría intervenir instituciones de educación superior en crisis

Administrador provisional velaría por continuidad académica

Ante las graves irregularidades que han existido en el pasado en diversos planteles y las que afectan, en la actualidad, a la Universidad del Mar y que mantienen en la incertidumbre a miles de estudiantes, funcionarios y docentes, se ha demostrado la urgente necesidad de que el Estado pueda hacerse cargo, temporalmente, de entidades en crisis.

Por ello, junto a los senadores Camilo Escalona (PS) y Francisco Chahuán (RN), propusimos una iniciativa legal que permitiría el nombramiento de un administrador provisional para las instituciones de educación superior cuya situación financiera o académica amenace el normal desarrollo de sus actividades. El texto replica para la educación superior el mecanismo que la ley 20.529 contempla para establecimientos subvencionados de enseñanza básica y media.

Nos parece que por tratarse de un derecho básico de primera importancia, estar en juego la fe y confianza pública en los títulos y calidad de la educación superior, existir importantes sumas de recursos públicos comprometidos en becas, créditos y aportes y por afectar a miles de hogares, el Estado debe contar con una herramienta eficaz para enfrentar este tipo de hechos.

La moción recoge casi íntegramente el procedimiento que se contiene en la ley de aseguramiento de la calidad de la educación escolar y que faculta a la Superintendencia para nombrar un administrador temporal. Sin embargo, como aún no se crea la Superintendencia de Educación Superior hemos radicado momentáneamente la facultad de designar a este administrador en la justicia civil.

El administrador provisional asumiría las funciones que competen al representante legal o administrador de una institución de educación superior que reciba aportes del Estado, cuando existan situaciones que pongan en riesgo la continuidad del servicio educativo y el buen uso de tales fondos. Éste durará en su cargo hasta que se solucionen las causas que determinaron la intervención.

La principal misión del administrador será asegurar la continuidad de la institución y la prosecución de estudios de los alumnos o, en caso que ello no fuera posible, procurar a éstos disponibilidad de matrícula en otros planteles de similar calidad, procediendo con la máxima publicidad y transparencia. El proyecto quedó radicado en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Cámara Alta.

diciembre 18, 2012

No puede retrocederse en las exigencias ambientales y sanitarias para la acuicultura

Gobierno no debe ceder a presiones. Revisión de requisitos llevaría a poner en discusión duración de concesiones y su carácter de garantía financiera 


La industria salmonera está vulnerando el compromiso implícito en la aprobación de la ley 20.434, que reorganizó el sector, tras la crisis provocada por el virus ISA, estableciendo concesiones por 25 años y la posibilidad de que fueran entregadas en garantía al sistema financiero, a cambio de incrementar sustantivamente las exigencias ambientales y sanitarias para evitar nuevas situaciones similares. 

En efecto, la pretensión de flexibilizar tales condiciones constituye un cambio en las reglas del juego que permitieron la recuperación del sector, que obligaría a redefinir toda la normativa vigente. Si la salmonicultura quiere discutir las exigencias ambientales y sanitarias, debe estar dispuesta a revisar también la duración de las concesiones y su carácter de garantía, pues se trataba de un paquete armónico de disposiciones para reestructurar la actividad.

Las irresponsables prácticas sanitarias de esta industria llevaron al colapso los cultivos en la región de Los Lagos y Aysén, por lo que se propuso una ley que pretendía, por una parte, permitir su reubicación geográfica y, por otra, brindarles un respaldo financiero a través de la opción de entregar en garantía las concesiones.

Algunos rechazamos esa fórmula en el entendido que se trataba de un premio inmerecido para una industria que había generado su propia crisis y respecto de la que, además, no se veía un compromiso claro por mejorar sus estándares en materia ambiental, sanitaria y laboral. 

La aprobación de la ley se logró tras asegurarse la instauración de nuevas exigencias en materia de medidas de prevención, en aspectos tales como creación de barrios, separación de cultivos, densidad y control del uso de antibióticos, al tiempo que existió un compromiso formal de un nuevo estatuto para los trabajadores del sector. La regulación laboral no se ha dictado y, peor aún, ahora la industria está solicitando reducir las exigencias ambientales y sanitarias, encontrando para ello cierto eco en el Gobierno, que ha aceptado reunirse para conocer sus reparos a la reglamentación. 

Lo anterior vulnera el espíritu del acuerdo que hizo posible esa nueva regulación, pone en serio riesgo zonas, como Magallanes, donde se están instalando los cultivos tras la relocalización y cuestiona, en su conjunto, la nueva regulación. Si hay retroceso en las exigencias ambientales debe rediscutirse también la duración de las concesiones y su carácter de garantía financiera.

El Ejecutivo no debe ceder a presiones corporativas, por el contrario, debe cumplir con el compromiso de un nuevo estatuto laboral que terminé con las prácticas antisindicales y el abuso en el sector.

diciembre 12, 2012

Intervención en Sesión Especial del Senado sobre Universidad del Mar

Señor Presidente, Honorables Colegas. 

El caso de la Universidad del Mar es un paradigma de cómo hacer las cosas mal, cómo vulnerar la ley, como simular acciones e instituciones, cómo transformar un buen fin en algo ilícito. 

Un paradigma del fracaso del Estado para fiscalizar adecuadamente y sancionar a tiempo, aún habiendo señales claras, como el caso de las carreras brujas denunciado hace unos años. Digo esto con conocimiento de causa, porque incluso fui amenazado de querellas por los ejecutivos de este plantel cuando dije que la carrera de criminalística era una especie de estafa para las familias. 

Un paradigma de la tolerancia y liberalismo extremo del modelo educacional chileno. 

Digamos las cosas como son. El problema de la Universidad del Mar y también de otras era un secreto a voces. A muchos nos pareció raro que una Universidad creciera en forma tan acelerada. A muchos nos pareció raro que su modelo de negocios fuera esencialmente financiero, basado en los créditos internos. A muchos nos parecía discutible su solvencia académica. 

Y las señales eran claras. Recuérdese cuando Southern Cross desistió de ingresar a la propiedad. 

Sin embargo, poco o nada se hizo por indagar. 

Primó el libre mercado, primó el ideologismo neoliberal, primó la libertad de enseñanza y tantos otros conceptos que de poco sirven a la hora de buscar una solución para estos miles de estudiantes, docentes y funcionarios. 

Y primaron porque en muchos casos las Universidad del Mar vino a llenar un vacío académico. Carreras que no se impartían, sedes en ciudades que no contaban con educación superior, horarios adecuados para trabajadores, menores costos, crédito propio. 


En Magallanes, todo ello es efectivo. La Universidad del Mar creció como la espuma. Surgió de la nada. Al poco tiempo, aprovechando la carencia de opciones académicas propias de una región extrema, ya contaba con un buen número de carreras; siguió aumentando su oferta, amplió sus dependencias e incluso, a través de la inmobiliaria paralela, construyó un moderno edificio. 

Era el chiche de la ciudad. Allí empezaron a hacerse los congresos y eventos locales, incluso del Gobierno Regional en las administraciones anteriores, lo que siempre cuestioné, incluso no asistiendo a muchos eventos. 

Todo se derrumbó como un castillo de arena. 

Hace rato ya que esta Universidad registraba problemas. En junio de 2010, en la sede Punta arenas empezaron los retrasos en los pagos al personal, lo que se buscó corregir con una curiosa fórmula, los pagos bimensuales o parcializados durante el semestre. 

La creciente morosidad de los alumnos, y las dificultades de liquidez se hacían evidentes. También las acciones anómalas. En la actualidad la Universidad del Mar mantiene más de 18 cuentas bancarias en distintos bancos de Punta Arenas. 

De allí en adelante -y especialmente el 2011- sólo se agudizaron las dificultades, suspensión de actividades, paros por las carencias de materiales y equipamiento imprescindible para impartir las clases, dificultades en la obtención de campos clínicos. 

Pese al evidente descalabro, las autoridades universitarias se esmeraban en aparentar normalidad. Se esperaba la obtención de créditos estatales para normalizar la situación. 

Según los datos del MINEDUC, pese a que el 2011 se aportaron $ 3.392.279.145 (tres mil trescientos noventa y dos millones, doscientos setenta y nueve mil ciento cuarenta y cinco pesos) por concepto de Crédito con Aval del Estado, la normalidad no llegó. 

Se llegó al 2012 en que las autoridades universitarias culpan de la situación a la morosidad estudiantil. Se señala que sólo el 23% están cancelando mensualidades. Y ello es obvio. ¿Quién va a pagar una Universidad que no cumple sus obligaciones? Lo que no se dice es cuánto retiraron los controladores. 

Hoy la situación es de un colapso general. Con docentes y funcionarios que no reciben sus sueldos desde hace meses, se les adeudan sus cotizaciones, no se han pagado sus créditos con las cajas de compensación. 

La institución ha perdido sus edificios. El que arrendaba a la Cruz Roja fue desalojado por orden judicial en septiembre pasado. En este punto es relevante indicar que mientras la Inmobiliaria Valparenas lo arrendaba a la entidad benéfica por 2 millones de pesos, le cobraba a la Universidad 28 millones de pesos mensuales. 

El edificio principal, construido hace pocos años, en el tiempo de bonanza, fue vendido hace pocos días. 


La incertidumbre, entonces, es total. 

Es urgente buscar una solución institucional para la crisis generada en la Universidad del Mar. 

Lo obrado por el Ministerio de educación, al proponer el cierre de la entidad, es tardío e insuficiente. 

No me queda duda y soy categórico en que hay que apuntar decididamente hacia la responsabilidad de los gestores de este plantel que, con malas artes, jugaron con el futuro de miles de jóvenes y sus familias. 

Sin embargo, también deben buscarse soluciones. La actual incertidumbre en que se encuentra esta comunidad académica sólo aumenta los problemas y siembra un manto de dudas que va más allá de la marcha del procedimiento sancionatorio en que el Ministerio de Educación solicitó el cierre de la casa de estudios. 



La merma en las matrículas que se producirá pone en riesgo la continuidad no desde que se determine el cierre, si esa es la sanción final, sino desde los próximos meses al no haber nuevas matrículas y emigrar parte importante del alumnado. 

Y en ese momento hay que tener respuestas. 

A mi juicio, la solución a esta problemática pasa por diseñar un plan de contingencia que combine dos medidas. 

Por una parte, una gestión decidida del Estado para impulsar la reubicación de alumnos en los casos que ello sea posible, manteniendo los créditos y ayudas estudiantiles, promoviendo flexibilidad académica para ajustar las mallas curriculares, cuando sea necesario y facilitando a la realización de trámites de traslado y obtención de certificados y concentraciones de notas. 

Por otro lado, debe impulsarse un cierre programado, bajo la tuición del Estado, que permita a quienes deseen continuar sus estudios hacerlo. Esto es especialmente importante para sedes como Punta Arenas, en que muchas de las carreras no se imparten en otros establecimientos de la región, o no se imparten en los mismos horarios o al mismo valor. 

Ello es imprescindible, también, para el personal académico y administrativo que requiere que se regularicen sus ingresos y se salden sus deudas. 

Si es necesario posibilitar dicha medida a través de una modificación legal, ello debe implementarse a la brevedad. Estamos disponibles para una enmienda que autorice al Estado a intervenir planteles en crisis. 



Lo importante es adoptar medidas urgentes y decididas que pongan término a la incertidumbre y permita a todos los estudiantes culminar sus estudios sea en el mismo u otro plantel. 

Lo importante, además, Señor Presidente, es aprender de una vez la lección. Lo raro debe indagarse. Raro era el modelo de negocios de Inverlink y sabemos cómo terminó. Rara era la solvencia de la Polar pese a apuntar a segmentos de bajos recursos, también sabemos en qué se convirtió. Raro era el crecimiento de la Universidad del Mar. Y acá estamos, buscando soluciones. 

He dicho.

diciembre 11, 2012

Se necesita Plan de Contingencia para enfrentar crisis de Universidad del Mar


Debe comprender decidida acción estatal que complemente reubicación de alumnos y cierre programado

Es urgente buscar una solución institucional para la crisis generada en la Universidad del Mar, tras la debacle académica y financiera que vive esa casa de estudios, en todo el país y particularmente en la Región de Magallanes. El tema será analizado este miércoles en una sesión especial de la Cámara Alta, ocasión en que propondré impulsar un plan de contingencia que permita entregar soluciones concretas a los miles de alumnos, docentes y funcionarios del plantel. 

Foto: La Prensa Austral
La actual incertidumbre en que se encuentra esta comunidad académica sólo aumenta los problemas y siembra un manto de dudas que va más allá de la marcha del procedimiento sancionatorio en que el Ministerio de Educación solicitó el cierre de la casa de estudios. 

La situación actual ocasionará con toda seguridad una importante merma en las matrículas para el próximo año, tanto de nuevos alumnos como de actuales estudiantes, que probablemente emigrarán a otras instituciones. Lo anterior complicará la continuidad de la Universidad del Mar y aumentará las dificultades existentes para cancelar las remuneraciones docentes y administrativos. 

La solución a esta problemática pasa por diseñar un plan de contingencia que combine dos medidas. Por una parte, una gestión decidida del Estado para impulsar la reubicación de alumnos en los casos que ello sea posible, facilitando la mantención de créditos y ayudas estudiantiles y promoviendo flexibilidad académica para ajustar las mallas curriculares, cuando sea necesario. 

Por otro lado, debe impulsarse un cierre programado, bajo la tuición del Estado, que permita a quienes deseen continuar sus estudios hacerlo. Esto es especialmente importante para sedes como Punta Arenas, en que muchas de las carreras no se imparten en otros establecimientos de la región y también para el personal académico y administrativo que requiere que se regularicen sus ingresos. Si es necesario posibilitar dicha medida a través de una modificación legal, ello debe implementarse a la brevedad. 

Lo importante es adoptar medidas urgentes y decididas que pongan término a la incertidumbre y permita a todos los estudiantes culminar sus estudios sea en el mismo u otro plantel.

diciembre 07, 2012

Cámara de Diputados deja en incertidumbre acceso de pescadores artesanales de la región a captura del bacalao

Comisión de Pesca recomendó rechazar la modificación aprobada en el Senado 

Resulta preocupante que la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados propusiera a la sala de esa Corporación, el rechazo de la modificación incorporada en el Senado que permite a los pescadores artesanales de Aysén y Magallanes participar en la licitación de la pesquería del bacalao. 

En el Senado habíamos logrado que el Gobierno patrocinara una modificación que permite a nuestros pescadores participar en dichas subastas, con el solo requisito de estar inscritos en el registro artesanal. Ese avance ha quedado en la incertidumbre tras la recomendación de la Comisión de Pesca de la Cámara Baja que deberá ser votada por el pleno el próximo lunes. 

Según he podido averiguar con parlamentarios que participaron en dicha instancia, el cambio propuesto en la Cámara Baja tendría por objeto principal evitar la figura de las licitaciones, proponiéndose en su lugar una asignación directa para la pesca artesanal. 

Sin embargo, tras esa aparente buena intención, se aprecia la mano de los pescadores especialmente de la X Región, ya inscritos en la pesquería del bacalao y que tendrían la primera opción para participar de una eventual cuota global o individual, sin licitación. 

Es imprescindible seguir atentamente lo que ocurra este lunes en la Cámara de Diputados, ojalá para que se mantenga o se mejore lo aprobado en el Senado o, en su defecto, para que en la Comisión Mixta se analice una fórmula que permita a la pesca artesanal de Aysén y Magallanes acceder a esta pesquería. 

Esta es una ley muy perjudicial tanto para el país como para la pesca artesanal, por lo que veo con gran inquietud que existan retrocesos en los pocos logros que se habían conseguido. 

Seguiré apoyando a los pescadores artesanales de la región, si deciden, como lo han señalado, reiterar su oposición a la ley de pesca a través de movilizaciones. He acompañado permanentemente la lucha de nuestros pescadores artesanales, desde el 2000 cuando voté en contra de este sistema, así que los seguiré respaldando hasta que tengamos una ley más justa.

diciembre 05, 2012

Junto a camioneros acordamos impulsar trabajo conjunto con Región de Aysén

Ya tomé contacto con los senadores Antonio Horvath y Patricio Walker

Me reuní con dirigentes de la Asociación de Dueños de Camiones, ASODUCAM, con los que compartimos opiniones en torno a los principales problemas que afectan al gremio.

Coincidimos en trabajar conjuntamente para abordar los temas más sentidos por el sector, como son el costo de transporte y combustibles, la necesidad de un aparcadero para las máquinas y la regulación del tránsito en la República Argentina.

Respaldo plenamente los requerimientos del transporte mayor en relación a la necesidad de disminuir los costos, tanto en combustibles como en otros gastos asociados. En esta materia deben abordarse conjuntamente diversos aspectos, como son la rebaja del impuesto específico a los combustibles, que viene siendo solicitada a nivel nacional, como asimismo, demandas locales, como la necesidad de abaratar el transporte marítimo y establecer un subsidio a la carga.

La petición de los transportistas de la región resulta justa, pues se trata de equiparar las condiciones de trabajo de la competencia que enfrentan tanto del norte como de Argentina, donde se cuenta con costos menores por concepto de insumos.

Coincido, asimismo, en la necesidad de avanzar en la implementación de un aparcadero que evite los ingresos a la ciudad, respecto de lo cual existen promesas incumplidas por el actual Gobierno. También es imprescindible abordar la falta de reciprocidad en el trato que los camioneros reciben en la República Argentina, donde a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, la distribución interna de la carga es realizada mediante fletes locales.

Acordamos reforzar el trabajo conjunto entre los dirigentes gremiales y los parlamentarios, al tiempo de iniciar gestiones de coordinación tanto con el gremio del rodado como con legisladores de Aysén, con la perspectiva de insistir con más fuerza en soluciones a estas problemáticas. 
Con ese objeto, me contacté de inmediato con los senadores Antonio Horvath y Patricio Walker, con quienes retomaremos los contactos la próxima semana en Valparaíso.

Elevado rechazo de independientes a cotizar voluntariamente es un síntoma de una profunda desconfianza en las AFP

No podemos seguir eludiendo un cambio en el sistema previsional

El senador Pedro Muñoz (PS) calificó como una nueva demostración del fracaso del actual sistema previsional el elevado rechazo de los trabajadores independientes a afiliarse a las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Este año se comenzó a aplicar, en forma gradual, la medida contenida en la reforma previsional, que pretende incentivar que los trabajadores por cuenta propia se incorporen al sistema de capitalización individual. Quienes acepten incorporarse cotizarán por ahora en forma voluntaria por el 40% de sus remuneraciones imponibles, el año venidero por el 70%, hasta llegar el 2014 al 100%. El 2015 se deberá cotizar por el total de los ingresos imponibles, pero además la afiliación será obligatoria.

Sin embargo, las cifras entregadas por la Subsecretaría de Previsión Social son desalentadoras. A la fecha unos 125.000 trabajadores han manifestado su decisión de no adherir al sistema y se espera que la cifra de rechazos sea mayor conforme se acerca la Operación Renta, último plazo para optar.

Lo anterior refleja la profunda desconfianza de los chilenos en un sistema previsional que claramente ha fracasado entregando pensiones miserables a un costo muy elevado. Nadie quiere destinar una parte de su sueldo a una caja sin fondos como es el sistema de capitalización individual que sólo ha servido para enriquecer a los dueños de las AFP.
 
El gobierno equivoca el camino al buscar medidas para flexibilizar o modificar la gradualidad y los plazos. Lo que se necesita es una profunda reforma al sistema previsional que mejore el nivel de las pensiones y recupere la confianza que se perdió desde que se impuso este régimen por la fuerza en la década de los ’80.

El cambio del mecanismo de capitalización individual debe ser un eje sustantivo de la próxima campaña presidencial y parlamentaria. Con la Presidenta Bachelet se amplió la cobertura a sectores excluidos, el nuevo paso es reformar profundamente el sistema para incorporar mayor solidaridad, obtener pensiones más dignas y terminar con las ganancias excesivas de las administradoras privadas.