Pedimos que Gobierno informe eventuales cambios al Parque Nacional Bernardo O'Higgins

Solicitamos concurrencia de Subsecretario de Pesca y Ministra de Bienes Nacionales a Comisión del Senado. También queremos que se expliquen traspasos de terrenos fiscales. 

Junto al Senador Alejandro Navarro (MAS) ingresamos una solicitud para que la Comisión de Medio Ambiente del Senado, cite al Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea y a la Ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, con el objeto que informen a esa instancia en relación a un eventual cambio de los límites del Parque Nacional Bernardo O’Higgins para favorecer la instalación de concesiones acuícolas.

Nos parecen “muy graves” las informaciones en torno a que el Ejecutivo analizaría modificar el trazado de la reserva para facilitar la operación de estas explotaciones industriales, las que se dificultan por encontrarse al interior de un área protegida.

Es poco adecuado que se modifique un área de conservación con el fin exclusivo y deliberado de alentar negocios particulares. La definición de estas zonas se ajusta a criterios técnicos y científicos, con una pretensión de permanencia en el tiempo, que no puede depender de intereses de este tipo.

Se trata de una de las áreas de mundo menos intervenidas por el hombre, destacando, además, la condición de constituir el hábitat de la población kawesqar. La protección que ese carácter le otorga a estos territorios, según el convenio 169 de la OIT, implicaría la consulta a los miembros de la etnia de cualquier intervención estatal en sus alrededores, como ocurriría en caso de potenciarse la instalación de granjas acuícolas.

En la nota, dirigida a la Comisión de Medio Ambiente, manifestamos, además, nuestra preocupación por la entrega de tierras en las regiones australes a particulares para el desarrollo de proyectos turísticos. Hemos recibido información en torno a que se está llevando a cabo una política sistemática de entrega de terrenos fiscales que creemos debe ser informada al Parlamento. 

Gobierno privilegia intereses económicos por sobre preservación ambiental.

Subpesca  pretende modificar límites de Parque Nacional Bernardo O’Higgins para facilitar proyectos acuícolas.

El Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, confirmó que el Gobierno estudia modificar los límites del Parque Nacional Bernardo O'higgins, para facilitar y agilizar la explotación acuícola, salvando así restricciones que imponen las áreas silvestres protegidas.

Pretender alterar el trazado de una zona de preservación con el objeto exclusivo y declarado de dar cabida a negocios o actividades industriales es irresponsable y muy grave.

Las áreas silvestres protegidas fueron establecidas en base a criterios técnicos y científicos con el objeto de conservar la flora y fauna y no pueden estarse modificando arbitrariamente para satisfacer intereses particulares.

La zonificación realizada en la región austral estableció algunos lugares como aptos para la acuicultura, los que se encuentran al interior de áreas protegidas. Las actividades o proyectos que tengan lugar al interior de estos parques o reservas se encuentran sometidas a evaluación ambiental. Más aún, según el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, en trámite en el Congreso Nacional y que complementará la institucional ambiental aprobada en los últimos años, dichas explotaciones deberán ajustarse al plan de manejo que se establezca.

Lo anterior complica al sector industrial. Al Ejecutivo no se le ocurrió mejor idea que modificar los límites y cambiar la ley porque no les gustó la zonificación, pese a que ésta se realizó en forma muy arbitraria y con escasa participación constituye un abuso.

Resulta reprochable que organismos y autoridades usen sus atribuciones para impulsar proyectos privados. 

La Región de Magallanes ha definido una forma de desarrollo que privilegia el turismo y actividades económicas de pequeña escala, como la pesca artesanal, reservando algunos espacios para la acuicultura, pero en forma acotada. No queremos una acuicultura intensiva cuyos impactos económicos, ambientales, laborales y sociales ya conocemos y han sido nefastos.

En caso que el Gobierno persevere en el cambio del trazado del Parque Nacional Bernardo O’Higgins recurriremos a los tribunales y a la Contraloría con el objeto de salvaguardar el medio ambiente y el interés de la comunidad magallánica que quiere seguir contando con una naturaleza pura, sin los problemas que la salmonicultura y otras explotaciones, como la minería, han generado en otras regiones.

Avanza proyecto que regula venta de medicamentos

Senado aprobó que establecimientos de salud suministren fármacos en localidades pequeñas o apartadas. También incorporó norma que protege remuneraciones de dependientes de farmacias.

La Sala del Senado discutió en los últimos días un proyecto de ley destinado a regular el funcionamiento de las farmacias y la venta de medicamentos. La iniciativa refundió diversas mociones de parlamentarios, una de las cuales es de mi autoría.  

El texto se originó en la colusión de las grandes cadenas de farmacias, denunciada el año 2008 y contiene diversas modificaciones al Código Sanitario destinadas a evitar acuerdos u otras acciones que eleven indebidamente el costo de los medicamentos. 

Se contempla, en lo puntual, fortalecer la información al usuario a través de la rotulación del precio en cada producto, impedir la orientación de los valores por parte de los laboratorios y prohibir los incentivos dirigidos a que los trabajadores de las farmacias estimulen la compra de determinados artículos más caros en lugar de aquéllos genéricos o de otras marcas más económicas.

Especialmente importante es la aprobación de una disposición que propuse y que permitirá a los establecimientos de salud suministrar fármacos, alimentos de uso médico y elementos de curación y primeros auxilios a los usuarios en las localidades de menos de diez mil habitantes o que se encuentren a más de 100 kilómetros del centro poblado más cercano, aún cuando en ellos haya farmacia o almacén farmacéutico. 

Dicha normativa permitirá tener competencia y regulación de precios en muchas comunas aisladas, como Porvenir, cuyos habitantes quedan expuestos a que tras la apertura de una farmacia particular deba cesar la venta de medicamentos por parte de los establecimientos de salud. Si la colusión de cadenas de farmacias es un riesgo que debe evitarse, el monopolio es aún más peligroso, pues los pobladores quedan expuestos a tarifas que no siempre son competitivas, sin tener ninguna alternativa.

Destaco, además, la aprobación de otra indicación en cuya elaboración participé, junto a un grupo amplio de legisladores, que permite asegurar que los trabajadores de las farmacias no serán perjudicados en sus remuneraciones, como consecuencia de la revisión de los contratos por la prohibición de los incentivos por la venta de determinados productos. 

Con este objeto, ellos deberán ajustarse de modo que los porcentajes totales de ese tipo de estímulos se paguen con cargo a otros emolumentos variables. Los sindicatos nos pidieron ocuparnos especialmente del tema, lo que hicimos logrando un acuerdo en la Comisión de Trabajo, que fue refrendado por la Sala.

El punto negativo fue que el rechazo de diversos legisladores no nos permitió establecer una norma destinada a evitar que los propietarios de laboratorios pudieran ser también dueños de farmacias. Esa era una disposición clave que apuntaba a eliminar las interferencias en los precios que pueden darse por la integración vertical de laboratorios y farmacias y que, lamentablemente, fue desechada.

El Senado retomará el análisis de este proyecto en la sesión del próximo martes 3 de julio, restando sólo un artículo por votarse.

Es urgente agilizar incorporación de hogares en la ley de quiebras

Banco Central advierte sobre posible incremento de morosidad en caso de agravarse situación de la Eurozona.

Desde el año 2006 he venido impulsando un proyecto de ley sobre insolvencia familiar. Recogí, en esos años, la inquietud de diversos colectivos de usuarios y consumidores. Poco a poco, esta propuesta ha ganado adeptos. Hoy pocos dudan de que es urgente incorporar a los hogares en la ley de quiebras. Más aún, con el objeto de anticipar un eventual impacto de las contingencias europeas en la capacidad de pago de los chilenos.

Los antecedentes del Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central, difundido este lunes, que señalan la necesidad de observar con cautela la evolución del endeudamiento a nivel familiar, lo confirma.

El reporte del organismo emisor manifiesta que la deuda de los hogares ha aumentado en línea con el ingreso disponible, generando indicadores agregados estables. Sin embargo, reconoce que, desde mediados del 2011, se ha registrado un aumento en el índice de cartera vencida de consumo bancaria y en la morosidad de las casas comerciales.

Si bien estos incrementos han sido acotados, el IEF estima necesario continuar evaluando el comportamiento de la deuda de los hogares, pues se indica que “creciendo a tasas similares a las actuales, existe la posibilidad de que el endeudamiento y la carga financiera de los hogares aumenten de manera significativa si se materializa el escenario de riesgo descrito en el Informe.”

Debemos anticiparnos a este escenario, agilizando la incorporación en nuestra legislación de un mecanismo sobre insolvencia o quiebra de hogares, que permita a las familias salir de situaciones de sobreendeudamiento, sin requerir repactaciones abusivas ni arriesgar excesivamente su patrimonio.

Desde el año 2006 que he venido planteando que Chile necesita un sistema que permita a los hogares enfrentar estas situaciones en condiciones razonables, como existe en buena parte de las naciones más desarrolladas.

La carencia de un mecanismo institucional que regule la quiebra de los hogares y entregue fórmulas para salir de esta situación es lo que motiva la pesadilla que viven muchos chilenos que ven como sus diversos acreedores le cobran por separado, iniciándose un espiral de embargos y demandas imposibles de enfrentar.

Lo que se requiere, por el contrario, es que la ley permita a los deudores abordar todas sus deudas en conjunto y someterlas a un convenio de pago con plazos, tasas y condiciones razonables, creando las instancias administrativas y judiciales que lo hagan posible.

En el marco de la nueva ley de quiebras que se tramita en el Parlamento, está previsto incorporar a los hogares, pero debe agilizarse su tramitación, con el objeto de poder garantizar su aplicación ante cualquier contingencia que incremente la morosidad de los hogares.

El Gobierno le dió el "tiro de gracia" al SERNAC

Nueva institucionalidad reflejó su inoperancia.

El acuerdo al que arribaron el SERNAC con los malls y centros comerciales, respecto del cobro en los estacionamientos es una burla.

La actitud timorata del Ejecutivo, cuyos Ministerios de Transportes y Vivienda, salieron rápidamente a respaldar a los centros comerciales y que se suma al pacto en el caso La Polar, le ha dado el tiro de gracia a la nueva institucionalidad del SERNAC a poco de comenzar a operar.

Durante la tramitación del proyecto de ley sobre SERNAC financiero diversos legisladores postularon un rol más enérgico, con mayores atribuciones y autonomía para el servicio, sin embargo se optó por mantener el rol mediador que es débil y no ayuda en nada a los consumidores.

Tras los acuerdos respecto de las repactaciones y ahora por el cobro por estacionamientos, se ha revelado claramente que esos augurios eran fundados, que los cambios realizados en la ley son insuficientes y que el SERNAC no tiene autonomía ni da confianza alguna, pues sus decisiones toman más en cuenta los intereses del empresariado que los derechos de los consumidores y usuarios.

Honestmente, el SERNAC funciona mejor como un orientador del consumo, analizando el mercado y diferencias en los precios, pero en la resolución de conflictos y sanción de los incumplimientos legales está atado de manos.

Respecto del cobro por los estacionamientos, luego de la decisión de mayo pasado de denunciar como ilegales los cobros en baños y aparcaderos hubo la esperanza de que se avanzara en esta área en la que existen muchos abusos.

Sin embargo, el acuerdo alcanzado es una burla. Después de la firme actitud inicial, el SERNAC fue paulatinamente relativizando sus posiciones, para terminar cediendo en absolutamente todo a las pretensiones de los propietarios de estos establecimientos. Media hora es un lapso que ciertamente no tiene relevancia alguna, pues muchas veces los automovilistas tardan más de eso sólo en pagar y llegar a la salida, al tiempo que posterior a ese período se les faculta a fijar el sistema de cobro que estimen conveniente, o sea no hay avance alguno.

Se muestra como único logro obligar a los centros comerciales y malls a eliminar los avisos en que se eximen de responsabilidad por daños, lo que es irrelevante, pues la ley y la justicia han desestimado hace mucho tiempo el valor de ese tipo de declaraciones.

Esperamos que en el Parlamento se sigan buscando fórmulas para ampliar el lapso liberado de pago, por lo menos a dos horas, que sería más razonable, al tiempo que se obligue a la tarificación por minuto utilizado.

Futuros gobiernos deberían desconocer contratos sobre el litio

Entrega a privados es ilegal e ilegítima y debe anularse. 

Se inició el proceso de licitación de los contratos especiales de operación, mediante los que el Ejecutivo persigue entregar a particulares la extracción del litio.

A nuestro entender, se está vulnerando en forma grave la Constitución y la legislación minera y sobre energía nuclear, que definen este mineral como estratégico y no concesionable. Por ello futuros gobiernos podrían desconocer los acuerdos que la actual administración suscriba con operadores privados.

Los contratos especiales de operación se están utilizando también en la Región de Magallanes para impulsar la participación de privados en la exploración y explotación de hidrocarburos. A través de ellos se ha venido reduciendo el rol de ENAP en dicha materia y entregando riquezas de todos los chilenos a operadores privados.

La exploración de hidrocarburos, de otras fuentes energéticas y también del litio, a través de una asociación con CODELCO, podría fortalecer a ENAP como una Empresa Nacional de Energía, abriendo camino también a una mayor investigación e innovación nacional sobre usos y aplicaciones de esta sustancia.

La exploración y explotación del litio no ha pasado siquiera por el Parlamento. No ha habido una definición democrática, de cara a los chilenos, que son los verdaderos propietarios de este recurso, acerca de su explotación, lo que resta legitimidad a esta decisión inconsulta y la hace susceptible de revisión en el futuro.

Los adjudicatarios deben sentirse notificados que los socialistas no reconocemos validez alguna a esta licitación y que instaremos en forma permanente por la nulidad de los contratos que de ella emanen.

Hay incumplimientos y demoras en reparaciones y ayudas por aluvión

Expresé a las autoridades la preocupación de los vecinos por lentitud y desconocimiento de algunas soluciones comprometidas.

He recibido diversos reclamos de vecinos del sector céntrico de Punta Arenas, que fueron afectados por el aluvión del 11 de marzo pasado, respecto de incumplimientos en las ayudas y reparaciones comprometidas por el Gobierno para atender los daños.

Propietarios de viviendas, establecimientos comerciales y las organizaciones que los agrupan, me han hecho presente la difícil situación que atraviesan y que temen se empeore a medida que continúe el mal tiempo derivado de la temporada invernal.

Hay cuatro ámbitos principales de inconvenientes que afectan a los vecinos.

En primer término, numerosos propietarios están siendo tramitados por las compañías aseguradoras, sin poder aún recibir las compensaciones, pese a haberse acreditado hace bastante tiempo la magnitud de los daños. En ese sentido, oficié a la Superintendencia de Valores y Seguros con el objeto que verifique la corrección de los procedimientos y plazos.

Otra problemática existente es la situación de algunos sectores bajos donde aún persiste mucho barro que complica la vida cotidiana y que se agrava con el mal estado de las veredas y por permanecer tapados los sumideros de aguas lluvias.

Un tercer problema radica en las dificultades que enfrentan quienes aún no han recibido ayudas, pues se han cambiado las condiciones que originalmente se habían fijado. Tras ocurrir este desastre, a algunos vecinos, se les aseguró que se les pagarían sus suministros domiciliarios y que se les contribuiría con enseres y materiales de construcción. Sin embargo, más recientemente, se les ha comunicado que el aporte estatal sólo alcanzará para sus boletas del mes de marzo.

En dichas materias, he oficiado al Gobierno Regional y a los Ministerios involucrados con el objeto de solicitar complementar y agilizar las ayudas comprometidas.

Por último, me preocupa profundamente la demora en la reparación del puente de calle Magallanes, que tardará al no proceder inversiones del MOP en el radio urbano. Lo ocurrido revela una grave desprolijidad de las autoridades, en tanto se trata de un tecnicismo elemental que debió ser previsto por las carteras involucradas.

Esperamos que esta situación administrativa se corrija a la brevedad con el objeto de no entorpecer la necesaria y expedita concreción de esta obra, fundamental para la normalización del tránsito en el sector céntrico.

Gobierno rechazó modificar comisiones de las AFP

Ministerio del Trabajo descartó ligar los descuentos a la rentabilidad de los fondos. 

El Ejecutivo descartó modificar el esquema de comisiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones, ligándolas en el futuro a las rentabilidades obtenidas, como lo solicité en diciembre pasado e insistí, hace unas semanas, a raíz del avance de una iniciativa en ese sentido en el congreso peruano. 

El Ministerio del Trabajo respondió negativamente postulando mantener el actual mecanismo de comisiones por depósito. A través de un oficio suscrito por el Subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, se defendió la actual estructura de cobros al usuario, señalando que descontar las comisiones del saldo de la cuenta de capitalización individual, en lugar de los depósitos, las harían menos perceptibles para el trabajador, pudiendo de ese modo incrementarse. 

Asimismo, se señala que ligar las comisiones a la rentabilidad de los fondos “no es recomendable, ya que las AFP deben financiar sus gastos fijos derivados de los servicios que, de acuerdo a la ley, deben ofrecer a sus afiliados (administración de las cuentas, servicios en sucursales y en su página web, a la recaudación y cobranza de las cotizaciones, etc.) los que no tienen relación con la rentabilidad que generen los fondos de pensiones.” 

La nota añade que la actual legislación ya cuenta con un incentivo para que las AFP generen mayor rentabilidad, consistente en la obligación que se les impone de mantener un encaje e invertirlo en las mismas cuotas que componen los fondos de pensiones. 

Creo necesario refutar cada una de las explicaciones entregadas por el Ministerio del Trabajo, señalando, en primer término, que la ignorancia de los afiliados sobre el destino y magnitud de sus ahorros, es precisamente un elemento negativo del actual sistema, que debiera corregirse, sin embargo no tendría ningún impacto en una modificación como la planteada. 

La Subsecretaría parte del supuesto que las Comisiones seguirán quedando a la completa libertad de las AFP, en circunstancia que, precisamente lo que queremos es que existan rangos limitados ligados a la rentabilidad obtenida. Existiendo marcos precisos se diluye el razonamiento del Ejecutivo. 

Asimismo, la explicación acerca que la comisión cubre gastos que son fijos de las AFP y que derivan del servicio es débil. No se detalla por qué éste debiera ser el único servicio en que los costos del prestador deben estar asegurados. Para la Subsecretaría, entonces, el afiliado sí puede perder todos los meses, pero las AFP, no. 

Por último, el argumento en torno a que la inversión del encaje en los mismos fondos asegura una preocupación por la rentabilidad, debe rechazarse, por cuanto se trata de un empozamiento de largo plazo y que, por lo tanto, tiende a ser positivo. El problema es que el ahorro de los afiliados no es permanente como el encaje, sino sujeto a una necesidad temporal acotada, de pensionarse en el mediano plazo.

Continuaré insistiendo en la necesidad de corregir el esquema de comisiones, pero más aún para introducir correcciones radicales al actual sistema de pensiones, que ha fracasado rotundamente.

La propuesta de flexibilidad laboral del Gobierno es un traje a la medida del empresariado.

Vía para la búsqueda de acuerdos es fortalecer sindicatos y negociación colectiva.

La propuesta de flexibilidad laboral anunciada por el Gobierno, con el objeto de sortear eventuales repercusiones de la coyuntura internacional en el empleo, es un traje a la medida del empresariado cuya oportunidad no aparece clara.

Debe comenzar sincerándose el debate respecto de un eventual impacto de las contingencias externas, particularmente europeas, en nuestra economía.

Por una parte tenemos autoridades que recalcan la solidez y los positivos indicadores del país, pero luego hablan de medidas anti-crisis y de proyectos de leyes especiales. Parece que hay una receta a la hora de hacer anuncios y otra a la hora de enfrentar dificultades.

Sin tener a la vista, en forma nítida, los riesgos de contagio de nuestro país, la propuesta pareciera tener por objeto frenar las expectativas de los trabajadores con miras a la fijación del sueldo mínimo y las negociaciones laborales tanto el sector público como en el ámbito privado.

Respecto del mecanismo anunciado por el Ejecutivo, no es razonable que se plantee una solución permanente y dirigida por un Consejo de Expertos.

Las respuestas frente a situaciones económicas excepcionales son políticas y temporales, por lo que no corresponde establecer soluciones de largo plazo, menos aún a cargo de entidades técnicas.

Si se quiere establecer mecanismos de flexibilidad laboral que tengan sustento en el tiempo, legitimidad y apoyo parlamentario, la vía es el fortalecimiento de los sindicatos y la negociación colectiva. Es impulsando la organización y promoviendo el diálogo al interior de las empresas, como se pueden gestar acuerdos reales y no impuestos, que persigan abordar las dificultades en conjunto, entre empleadores y trabajadores.