Lamentable retroceso del SERNAC

Insistiremos en regulación legal si mediación no es satisfactoria

Según versiones de prensa, el SERNAC ha tenido un giro importante en el seno de la mesa de trabajo que busca acercar posiciones, tras la denuncia efectuada por la entidad respecto los cobros en baños y estacionamientos en malls y centros comerciales. 

Luego de acusar el cobro ilegal por estos conceptos hace sólo dos semanas, el titular del organismo, Juan Antonio Peribonio, rectificó sus denuncias e indicó, recientemente a la prensa, que “lo que queremos es que el sistema de cobros se perfeccione.” 

Me parece un retroceso lamentable. No hay forma de perfeccionar un cobro que es ilegal, por cuanto estacionamientos y baños son exigencias sanitarias y urbanísticas para estos recintos.

Es muy probable que las presiones que el organismo ha recibido desde el interior del Ejecutivo, han detonado este cambio de postura, que ha trascendido a los medios de comunicación.

Ello es grave. Acá está en juego la credibilidad del recientemente instalado SERNAC financiero.  Durante el debate legislativo sostuvimos que el SERNAC financiero sería un fracaso si no contaba con autonomía y facultades suficientes para ejercer la fiscalización en materia de consumo, por lo que este caso es emblemático para comprobar la eficacia de la nueva normativa. 

Si el SERNAC termina cediendo a los intereses que vienen desde el empresariado y el Ejecutivo será el tiro de gracia de esta nueva institucionalidad. 

En todo caso, lo que decida la mesa de mediación instalada por el SERNAC no es imperativa para el Parlamento. Si la solución a que se llega no es satisfactoria insistiremos a través de un proyecto de ley que prohíba estos cobros y haga valer el interés de los usuarios. 

Respaldo a funcionarios de Aduanas

Gobierno no debe minimizar el rol del servicio en control del comercio exterior

Los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas, a través de sus dirigentes, han denunciado la intención del Ejecutivo de restar atribuciones a la entidad para ser asignadas a otras instituciones públicas.  Ello se desprendería de expresiones del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en torno a una reestructuración del Servicio.

A juicio de los trabajadores, lo anterior significaría un retroceso para el país, al afectarse la fiscalización del comercio exterior y facilitarse con ello la evasión tributaria y la comisión de delitos en la importación y exportación de mercancías.

Coincido con lo planteado por el gremio aduanero. Me parece fundamental que el Ejecutivo precise dichas declaraciones y rectifique, en caso de efectivamente estar pensando en cambios de esta envergadura. Llamo, en este sentido, a mantener el rol de la entidad, una de las más antiguas del aparato estatal y a respetar la estabilidad de sus funcionarios.

Asimismo, me parecen graves las acusaciones en torno a que se estarían implementando, por la vía de los hechos y mediante la adopción de innovaciones en materia tecnológica, procedimientos de control que significan traspasar a entidades portuarias y de almacenaje las funciones de Aduanas.

No puede aceptarse que bajo el pretexto de simplificar los trámites y facilitar el comercio exterior, lo que en realidad se haga es minimizar el control en las fronteras y puertos y entregar a particulares funciones que son claramente públicas.

Por lo anterior, asistiré este martes a la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta donde los dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas, ANFACH, expondrán la situación del servicio ante los parlamentarios.

¡¡ Dejen tranquilo al SERNAC !!

Gobierno no debe interferir en favor de los malls en disputa por cobro en estacionamientos

Tras la denuncia del SERNAC por cobros indebidos en baños y estacionamientos de centros comerciales - y el estudio de la misma situación en clínicas y universidades - se gestó una mediación entre el organismo y la Cámara que agrupa a los propietarios de malls.

Hasta ahí todo iba bien para los consumidores y usuarios. Sin embargo, versiones de prensa indican que existiría inquietud del propio Presidente de la República en el tema.  Asimismo, diversos ministerios han hecho ver apreciaciones favorables al cobro, desde diversas aristas, incluyendo posibles incrementos de flujo vehicular por efecto de la exención en el pago de los aparcaderos. 

Es curioso que para justificar un cobro que es a todas luces indebido se hile tan fino, mientras hace sólo una semana el Ministro Golborne daba a conocer un gigantesco programa de inversiones viales para Santiago Oriente a un costo millonario, lo que constituye un evidente impulso al uso de vehículos particulares en lugar de favorecer el transporte público. ¡¡ Pónganse de acuerdo, primero !!

El Gobierno no debe interferir a favor de los centros comerciales en la mediación que se conformó entre el SERNAC y la entidad que agrupa a los propietarios de estos recintos.

A mi juicio, no cabe duda alguna de que el SERNAC está en lo correcto y que no se debe cobrar ni por baños ni por estacionamientos. Los servicios higiénicos son una condición sanitaria sin la cual estos recintos, con alto flujo de visitantes, no pueden funcionar y al imponerse una tarifa éstos dejan de ser públicos. Los aparcaderos, en tanto, son una exigencia urbanística, derivada de la necesidad de no colapsar las calles del entorno, por lo que, al menos en los términos que exige la regulación de urbanismo y construcciones, son imprescindibles.

No se trata de facilidades adicionales o complementarias para los clientes, como podría ser la disposición de casilleros para guardar pertenencias, sino de servicios básicos para un centro comercial con un importante flujo de público.

La necesidad de contar con medidas de seguridad o de evitar el abuso de usuarios que no visitan los centros comerciales, sino que dejan sus vehículos para otros fines, son situaciones que deben ser solucionadas por los responsables de los centros comerciales, pero que no justifican el cobro.

El cobro por los estacionamientos. ¿Exigencia o servicio complementario?

Tras un tema trivial se ocultan visiones de la sociedad. ¿De qué lado está Ud.?

Desde el año 2007 he venido impulsando legislar sobre el cobro en los estacionamientos. La tarificación por segmentos, de media o una hora, es abusiva. Así, Ud. siempre paga por una fracción de minutos que no ocupa.

El SERNAC introdujo, además, sobre el mismo tema, su preocupación por el cobro de estacionamientos y baños en malls o centros comerciales que estimó ilegal, iniciando una mediación con los propietarios y administradores de estos recintos. 

El senador Jovino Novoa, ha criticado ácidamente estas propuestas, calificándolas de “populistas”. El ex timonel gremialista argumentó que se trata de relaciones comerciales, que los automovilistas  no requieren defensa y que los propietarios de estos recintos están en su derecho de establecer un cobro por los estacionamientos, según si les aporte o no al negocio.

Los planteamientos del legislador de la UDI están cargados de la ideología neoliberal pura que guía a la derecha chilena, haciendo primar el interés particular y lo económico por sobre el bien común, la normativa vigente e incluso el sentido común.

Los baños y estacionamientos en malls y centros comerciales no son servicios complementarios que se hacen posibles o mejoran con el cobro, sino que son una exigencia, sanitaria y urbanística, sin la cual no podrían autorizarse esos recintos.

La existencia de servicios higiénicos es una exigencia de salubridad pública elemental, no un aporte a la calidad del servicio, de modo que mal se podría cobrar por algo que de no existir no habilitaría al recinto para funcionar. Los estacionamientos, en tanto, son exigidos por la regulación sobre urbanismo, dependiendo del tamaño y público potencial de los inmuebles. De no existir estacionamientos el caos vial en los alrededores sería enorme.

En cuanto a nuestra propuesta de aplicar una tarificación al minuto en los aparcaderos públicos, ello persigue que cada usuario pague por el servicio que efectivamente se le presta. El cobro por tramos, de media o una hora, acarrea que Ud. generalmente termina pagando por una fracción de tiempo en que no ocupó el servicio, lo que constituye un abuso. No debe confundirse la libertad para fijar tarifas con la libertad para cobrar por un servicio que no se presta.

A partir de un tema tan simple y aparentemente trivial se expresa la visión de la derecha y lo que nos distingue de ella. Donde ellos ven negocios, servicios, oportunidades comerciales e incluso bienes de consumo, como señaló el Presidente Piñera respecto de la educación, otros vemos derechos y exigencias mínimas derivadas de la vida en sociedad e incluso de la mera subsistencia.

Un distingo para tener en cuenta y orientarse. ¿De qué lado está Ud?

Comisiones por depósito de las AFP son un abuso

Administradoras tienen un lucro garantizado inaceptable

 

El parlamento peruano inició la discusión de un proyecto de ley que limita las comisiones que se cobran a los cotizantes cuando la rentabilidad de los fondos sea negativa. Ello es un espaldarazo a la posibilidad de modificar sustantivamente el sistema de comisiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones también en nuestro país.

 

He venido planteando desde el año pasado una enmienda que termine con el pago de comisiones por depósitos. 

 

Debe existir una relación entre el resultado y los cobros a los usuarios. El actual esquema, donde las AFP tienen utilidades garantizadas, independiente del éxito de la gestión que realizan para cuidar e incrementar los recursos de los afiliados, es un abuso.

 

Las sustanciales rebajas que se aprecian en los últimos años en las comisiones, a partir del ingreso de nuevos actores, revelan claramente que por años se ha venido trabajando con márgenes excesivos con grave perjuicio para los afiliados.

En la última licitación referida a los nuevos cotizantes, la diferencia entre la AFP que ofreció una menor tasa y la más cara fue sustantiva, llegando a unos $100.000 anuales por concepto de comisiones, para un nivel de sueldo moderado, lo que llevado a la vida laboral del afiliado puede significar una enorme diferencia en términos de pensiones.
 

Un ahorro de $ 100.000 anuales, como el que se produce para una cotización por un sueldo de $ 500.000, significaría incrementar la pensión en unos $ 130.000 mensuales.

 

Inisitiré ante el Ministerio del Trabajo y Previsión Social con el objeto de terminar con las cotizaciones por depósitos en la cuenta de capitalización individual, reemplazándolo por cobros vinculados al rendimiento de las inversiones.

Sin embargo, este tipo de modificaciones son ciertamente menores. La discusión profunda que debe hacerse es el cambio definitivo de este sistema previsional por uno donde se solidaricen los riesgos y se disminuyan los costos de administración, terminando con el lucro de las administradoras.

No es posible seguir con este sistema que no ofrece garantías y que presenta elevados costos de administración donde los únicos que ganan son los propietarios de las AFP mientras los trabajadores obtienen pensiones miserables.

Avanza proyecto que favorece a familias más pobres del país

Falta de apoyo del Gobierno impídió incorporar subsidio al gas para beneficiarios de Magallanes.

La Cámara Alta aprobó ayer el proyecto de ley que establece bonos y transferencias condicionadas para las familias en situación de pobreza extrema y crea el subsidio de empleo a la mujer, que fue conocido como Ingreso Ético Familiar. La iniciativa contiene medidas de apoyo, tales como bonos y acompañamiento, a las familias de escasos recursos, algunos de los cuales vienen a responder a su condición desmedrada en forma automática, mientras otros requieren el cumplimiento de ciertas metas o logros.

El texto, a solicitud de los senadores de la Concertación, fue objeto de una completa reestructuración durante su paso por el Senado, mejorando sustantivamente.

Así, se reemplazó su nombre de Ingreso Ético Familiar al incorporarse como componente del Programa Chile Solidario, creado en los gobiernos anteriores. También, se enmendó para acercar su contenido a un sistema de garantías explícitas, al cual los usuarios, tengan derecho por sus condiciones socio económicas, en lugar del carácter arbitrario y sujeto a la reglamentación y consideraciones que dependían del Gobierno, como se proponía en el proyecto enviado por el Ejecutivo.

SUBSIDIO AL GAS

El punto gris es que el Gobierno no haya accedido a incorporar para los beneficiarios de Magallanes el otorgamiento en forma directa y complementaria del Subsidio al Consumo de Gas Natural, como lo propuse en una indicación.

El proyecto contiene la entrega automática del Subsidio al Agua Potable y Alcantarillado, por lo que sostuve que para nuestra región resultaba indispensable que se incorporara el subsidio al gas, lo que no prosperó por la falta de apoyo del Ejecutivo.

Ello es lamentable. Es un hecho evidente que en nuestra región tan importante como contar con agua potable es disponer de gas para la calefacción, especialmente cuando no se tienen los medios económicos para solventarlo. Si bien, los beneficiarios podrán acceder por la vía normal, hubiera sido muy importante que fuera un complemento automático.

Insistiré ante el Ministerio de Desarrollo Social para solicitar que sea incorporado en un proyecto complementario o en la reglamentación de esta iniciativa.

Debemos legislar sobre el estrés laboral.

Junto con la fatiga son causa de graves consecuencias a nivel personal y productivo. 

Sostuve una reunión de trabajo con la Superintendenta de Seguridad Social, María José Zaldívar, con el objeto de compartir antecedentes y discutir la forma de avanzar legislativamente en la prevención, pesquisa y atención del estrés laboral.

Se trata de un tema de gran relevancia y que, junto con la fatiga, ocasiona enormes consecuencias, tanto en el plano humano como productivo. Sin embargo, Chile carece de una política nacional para abordarlos.

Investigaciones especializadas han comprobado que cuando las demandas del ambiente laboral exceden la capacidad adaptativa de los individuos, se generan cambios psicológicos y biológicos que constituyen el estrés y son un riesgo y fuente de probables enfermedades y accidentabilidad.

A nivel internacional, tanto en el marco de las legislaciones locales, como a nivel supraestatal, han habido numerosos esfuerzos tendientes a hacerse cargo de esta problemática, que genera anualmente millonarios costos por concepto de demandas, ausentismo, pérdida de productividad y salud mental.

Entre los principales factores que contribuyen al desarrollo del estrés laboral se cuentan la organización del trabajo y los procesos laborales; el entorno y las condiciones de trabajo; la comunicación y diversos factores subjetivos relativos a la forma en que la persona asume sus compromisos y tareas.

Necesitamos tener un enfoque, como país, más proactivo en la materia, incorporando el tema como un elemento relevante en las políticas públicas. En ese sentido, destaco la aplicación, por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, desde el 2009, de la encuesta SUSESO-ISTAS 21, con el objeto de determinar la incidencia del estrés laboral.

Sin embargo, es indispensable seguir avanzando en forma más decidida, incorporando el problema como una enfermedad profesional y una causa muy relevante de accidentabilidad laboral. Para ello, es indispensable dar pasos legislativos que instalen el tema en la ley 16.744, sobre enfermedades profesionales y accidentes del trabajo.

Solicité a la Superintendenta su apoyo para avanzar en la moción que presenté a tramitación en el año 2008 y cuyos contenidos son, por una parte, modificar el Código del Trabajo para obligar a las mutuales a informar a sus empresas afiliadas sobre las características, riesgos y consecuencias del estrés laboral, al tiempo que se incorpora la detección de este trastorno como una función específica de los Comité Paritarios de Higiene y Seguridad.

Lo que requerimos es visibilizar el estrés laboral como un factor de riesgo en el ámbito del trabajo, detectar sus principales causas y actuar sobre ellas para disminuir su prevalencia y consecuencias.

Con la Superintendenta Zaldívar acordamos conformar una mesa de trabajo, con profesionales y asesores de la entidad y del ámbito parlamentario para avanzar en las enmiendas que se estime conveniente introducir al proyecto para facilitar su avance.

Otro tema abordado en la entrevista fue la fatiga, como motivo de accidentabilidad y baja de productividad en el ámbito del trabajo. Diversos estudios confirman que el cansancio y alteraciones del sueño ocasionan graves problemas, los que incluso pueden ser fatales.

En ese sentido valoro la preocupación que han hecho ver los Ministerios del Trabajo y de Transportes, acerca de la incidencia de este fenómeno en la conducción de vehículos de transporte de carga y pasajeros.

Sin embargo, necesitamos abordar esta materia de un modo más global, para lo que solicité a la SUSESO promover una mayor prevención e información a los trabajadores acerca de esta materia. Asimismo, tenemos que fortalecer la fiscalización sobre el cumplimiento de jornadas, como un factor evidente de agotamiento y desgaste en los operarios.

Reforma al sistema de AFP. Un gran tema para las próximas elecciones presidenciales.

Rechazo de Ministra Matthei a modificar sistema previsional se basa en prejuicios y estereotipos.

La Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, descartó un mayor rol estatal en materia previsional, como lo propuso el Presidente de la CUT, Arturo Martínez, en su discurso de conmemoración del 1° de Mayo.

Los dichos de la secretaria de Estado son una manifestación de la “rigidez ideológica” con que autoridades de Gobierno y "expertos" responden ante cualquier planteamiento que pretenda introducir modificaciones al actual sistema previsional, administrado por las AFP.

Los defensores de la capitalización individual reaccionan en base a estereotipos generados hace décadas, en forma interesada para desprestigiar el antiguo sistema, lo que les impide evaluar objetivamente otras alternativas de inversión para las cotizaciones de los trabajadores y les lleva a sostener con dientes y muelas un sistema que ha probado ser un fracaso absoluto.

La necesidad de justificar el cambio del sistema de reparto, constituido por las Cajas de Previsión a la capitalización individual, se fundamentó al inicio de los '80, en la mala administración de los fondos y en déficit público (que no escapan al actual) y en las inequidades del antiguo régimen.

A partir de dichas afirmaciones se construyeron muchos mitos. Uno de ellos es que el Estado es siempre ineficiente y se gasta la plata en lo que no debe. Eso es lo que ha querido señalar la Ministra al rechazar la interpelación del timonel de la multisindical para modificar el sistema previsional.

Si bien, efectivamente, el sistema antiguo tenía imperfecciones, no es efectivo que sólo la administración privada sea eficiente. Por de pronto, ésta no lo es. El problema es ajustar las cotizaciones con los beneficios y evitar los abusos, pero de ahí a sostener que el Estado siempre destina los recursos en otras cosas, es una apreciación aventurada.

Tal como ocurre hoy con el Fondo de Estabilización Económica y Social, es perfectamente posible asegurar por ley, la transparencia y rigurosidad en la administración de los recursos y alejarlos del uso discrecional del gobierno de turno, por lo que lo dicho por la Ministra Matthei es inexacto.

Asimismo, la titular del Trabajo y Previsión Social yerra al al culpar exclusivamente a las lagunas previsionales motivadas en la cesantía de las bajas pensiones. Un sistema previsional debe hacerse cargo de las contingencias más frecuentes en materia de empleo y es un hecho que éste no las prevé adecuadamente, desde el minuto en que hay una menor densidad de imposiciones que la esperada al crearse el sistema. El sólo hecho que la realidad laboral sea distinta a lo presupuestado, ya por tres décadas, como dice la Ministra y esto afecte gravemente el nivel de ahorro previsional es ya una razón potente para estudiar un cambio en el sistema.

Sin embargo, además, es evidente que el desempleo no es la única causa de las bajas pensiones. Hay otros factores tales como la caída sistemática en la rentabilidad y los efectos de las crisis externas producto de una inversión de los fondos extremadamente audaz y sensible a las variaciones internacionales.

Hay muchos trabajadores que han cotizado en este sistema en forma regular por décadas, a niveles equivalentes a sueldos profesionales y administrativos, sin grandes lagunas y sus pensiones son igualmente escasas, por lo que la cesantía no explica necesariamente el fracaso rotundo de la capitalización individual.

Es necesario que se ponga sobre la mesa el sistema previsional y se estudien con seriedad correcciones que mejoren el rendimiento de los fondos y disminuyan las abusivas utilidades de las administradoras. La comisión por depósitos no da para más. Debe cobrarse, moderadamente, sólo cuando hay rentabilidad en los fondos.

Contar con un sistema de previsión eficiente, que no se base en el lucro de privados, que solidarice de mejor modo los riesgos y que dé seguridad a todos debe ser, sin lugar a dudas, junto con una reforma tributaria profunda, un tema principal de las próximas elecciones presidenciales.