abril 25, 2012

Movimiento estudiantil demuestra vigencia con masiva marcha.


Propuesta del Gobierno insiste en endeudamiento y no regula los aranceles.

La amplia convocatoria a la marcha organizada por jóvenes universitarios y secundarios en la capital es muy relevante y representa una señal de que el movimiento estudiantil sigue vigente, pese a los anuncios realizados por el Ejecutivo.

El Gobierno se enfocó en la consigna de excluir a la banca y unificar el sistema, sin comprender que con ello sigue fomentando una política de financiamiento que se basa en el crédito, lo que está aún muy lejos de lo que los estudiantes pretenden. Mientras no se asegure una cobertura de becas muy sustantiva, sólo se está cambiando el titular de la deuda.

Asimismo, la propuesta del Ejecutivo no establece una regulación eficaz de los aranceles. Si sigue existiendo una brecha entre el arancel de referencia, utilizado para la asignación de beneficios y lo que realmente se paga, esa diferencia se debe cubrir con créditos, sea bancarios o institucionales.

La obligación, que se fija a los propios planteles para financiar esa brecha para los alumnos más vulnerables no resuelve el problema, sino que incluso puede agravarlo. Podemos tener dos fenómenos, igualmente negativos, uno consiste en que las universidades discriminen y eviten seleccionar a los alumnos de menores recursos con el objeto de no hacerse cargo de esta diferencia y la segunda opción es que eleven los aranceles para compensar.

El nuevo sistema de crédito que se plantea implica, además, un retroceso respecto del fondo solidario, pues se deberá pagar un 10% de los futuros ingresos, en lugar del 5% actual y por un plazo de 15 años, en vez de los 12 existentes. La fórmula del Ejecutivo no contiene tampoco solución para los deudores CORFO.

Por último, sigue pendiente un mejoramiento global a la educación pública, tanto básica como media, materia respecto de lo que no ha habido anuncios sustantivos. Es urgente avanzar en la desmunicipalización e incrementar significativamente los recursos de las subvenciones para lo que necesitamos una reforma tributaria muy profunda.

abril 23, 2012

En reforma tributaria debe eliminarse IVA a los libros.

Modificación impositiva debe servir para mejorar acceso a bienes y servicios culturales.

En el marco de la conmemoración del Día del Libro es oportuno insistir en la necesidad de fomentar el hábito de la lectura en el país, para lo cual se necesitan urgentes correcciones a nivel legislativo.

Las cifras que arrojan los estudios realizados sobre la materia en los últimos años, como "Chile y los Libros", elaborado por la Fundación La Fuente y Adimark GFK, en 2008, muestran una enorme inequidad en el perfil de los lectores. En dicho muestreo se concluyó que el hábito lector varía en 36 puntos porcentuales entre los grupos socioeconómicos ABC1 (80%) y D (44%).

Debemos adoptar, entonces, medidas enérgicas para enfrentar esta brutal desigualdad. La reforma tributariam, que promoverá el Ejecutivo en los próximos días, es una ocasión privilegiada para eliminar el IVA a los libros. Asimismo, se requiere una ley de precio fijo, como lo he venido proponiendo desde hace años, que mantenga el valor de los textos en toda la cadena de distribución.

Ambas iniciativas resultan complementarias. Por una parte se requiere disminuir el costo de la lectura, lo que constituye un obstáculo para que muchos chilenos puedan acceder a los libros. Asimismo, es necesario potenciar una poderosa red de distribución, lo que hoy no está garantizado, pues las políticas comerciales de las editoras apuntan en sentido contrario. 

Los descuentos por volumen ofrecidos por las editoriales terminan concentrando la oferta en las grandes cadenas e incluso en el retail, afectando a pequeñas librerías y distribuidores que no pueden competir y que tienen importancia, pues se ocupan de disciplinas especializadas y de textos de menor demanda. De persistir este esquema sólo tendremos best sellers en los supermercados y nadie se ocupará de vender libros de ciencias sociales u otras áreas menos masivas.

Debemos permitir que nuestro país avance en la equidad no sólo en aspectos monetarios, vinculados a la distribución del ingreso, sino posibilitar que los cambios impositivos se orienten, también, a mejorar el acceso a bienes y servicios culturales.

abril 22, 2012

Propuesta de cacería de guanacos demuestra "deformación comercial" en este Gobierno.

Problema debe abordarse de un modo científico y técnico. SAG está para preservar y no para promover negocios ni turismo.
La sobrepoblación de guanacos en la Región de Magallanes, estimada en más de doscientos mil ejemplares y que se asientan especialmente en Tierra del Fuego, llevó al Director Nacional del SAG, Aníbal Ariztía Reyes, a plantear popularizar su cacería como una forma de controlar su número y atraer turismo. Afirmó textualmente que “...sería un panorama por el que los extranjeros pagarían decenas de miles de dólares.”
Lo dicho es impactante, más aún si proviene nada menos que del Director Nacional del SAG. Tales expresiones ponen de manifiesto una especie de "deformación comercial” en las autoridades del actual Gobierno, que buscan generar un negocio de todo, hallándole perspectivas económicas a acciones y situaciones que son serias y técnicas.

El Director Ariztía debe entender que está en un cargo técnico, a cargo de la preservación y protección de los recursos naturales renovables del país, entre los que se cuenta la flora y fauna y no para andar buscando alternativas de negocios ni atrayendo turistas.

Debemos volver al buen criterio y adoptar las medidas que correspondan de una forma responsable. Si existe una sobrepoblación de ésta u otras especies me parece que debe analizarse con rigor, buscando las soluciones que correspondan en ese ámbito, con un criterio ambiental y, precisamente, resguardando a las especies de toda forma de cacería cruel e indiscriminada.

Cuando en todo el orbe ha cundido la polémica por la cacería de elefantes en que se vió envuelto el Rey Juan Carlos esto es un gran desatino.

Oficiaré al Ministro de Agricultura, del que depende dicho servicio, con el objeto de ver si respalda las opiniones y medidas sugeridas por el funcionario, al tiempo que solicitaré el concurso de diversas entidades académicas y ambientalistas con el objeto de que se analice la situación generada por la sobrepoblación de estos camélidos y se sugieran medidas que apunten a su control.

abril 20, 2012

Mientras Argentina asegura su soberanía energética, nosotros regalamos el litio.

Chile debe transformar ENAP en una Empresa Nacional de Energía.

Respaldo plenamente la decisión de la Presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar YPF, empresa que pertenecía a capitales españoles tras su privatización en la década de los ’90. Lo ocurrido no es otra cosa que la afirmación del derecho inalienable de la nación trasandina a recuperar el pleno dominio y uso de sus recursos naturales y asegurar su soberanía energética, a través de la explotación de hidrocarburos. El abastecimiento de estos insumos constituye una base insustituible del desarrollo.

Esos mismos elementos son los que han motivado mi apoyo permanente e irrestricto a la mantención de ENAP en poder del estado chileno, por cuanto ésta tiene un rol relevante tanto en la exploración y producción de combustibles al tiempo de permitir al Gobierno de turno tener herramientas de control de ese importante mercado.

Resulta imposible no comparar la decisión del ejecutivo argentino con la iniciativa del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera de entregar a privados la explotación del litio a través de Contratos Especiales de Operación. Mientras diversos países del continente buscan afianzar su soberanía y explotar sus recursos naturales en su propio beneficio, nosotros entregamos minerales y sustancias de valor incalculable y estratégico a los particulares.

Creo necesario Insistir en la propuesta que he venido haciendo desde hace años, en el sentido de ampliar el giro de ENAP a las energías renovables no convencionales y transformarla en una Empresa Nacional de Energía. Si bien nuestro país no es rico en hidrocarburos como la nación vecina si cuenta con un enorme potencial en materia de energías verdes, como la eólica, mareomotriz, solar y geotérmica, que pueden y deben ser desarrolladas con la experiencia acumulada en la larga vida de la petrolera estatal.

El mundo entero abandona hoy los riesgos de las fuentes nucleares, busca alejarse de los combustibles fósiles por su escasez y volatilidad y marcha decididamente hacia energías menos contaminantes, hacia allá tenemos que encaminar, también, nuestros esfuerzos.

Junto con los senadores del Partido Socialista insistiremos en los próximos días en un proyecto de acuerdo en que se solicitaremos al Gobierno estudiar la extensión de las áreas de negocios de ENAP, hacia las energías renovables no convencionales. Asimismo, atendido el actual escenario de precios, promoveremos estudiar su participación en la comercialización directa de combustibles.

abril 18, 2012

Instrucciones de la Superintendencia de Bancos dejan sin efecto la Ley DICOM

Permite que los bancos mantengan y utilicen archivo histórico.

Las instrucciones y falta de fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, SBIF, permite que el sistema bancario mantenga y use su propio archivo histórico, desatendiendo las disposiciones de la recientemente dictada ley 20.575, conocida como Ley DICOM.
La entidad privilegia la cobertura de riesgos de las entidades por sobre los derechos de los usuarios y minimiza derechamente los alcances de dicho texto legal. Esto debe corregirse.

Con ocasión del Recurso de Protección interpuesto por la Sra. Rosa Myriam Hidalgo Aguirre, a quién se le negó un crédito en base a antecedentes anteriores que ya no figuraban en su información comercial vigente, la Octava Sala de la I. Corte de Apelaciones de la capital dio la razón a la afectada y estableció que dicho registro tenía carácter de “clandestino”.

Teniendo como antecedente dicha resolución judicial oficié desde la Cámara Alta a la SBIF solicitándole informar las acciones desarrolladas para constatar el uso de estas bases de datos irregulares por parte de las instituciones fiscalizadas, como asimismo, adoptar medidas para que éstas dieran cumplimiento a lo dispuesto en el fallo.

La respuesta de la Superintendencia fue “sorprendente” y “frustrante”, pues en el oficio dirigido al Senado, la entidad reconoce y respalda la existencia de un archivo elaborado por la SBIF, conocido como Estado de Deudores y que tiene base legal en el artículo 14 de la Ley General de Bancos, pero más aún ratifica el derecho de los bancos a mantener en su poder dicha información, incluso más allá de lo necesario.

"Al respecto, es importante tener en consideración que la mantención de esta información es fundamental para la evaluación de los riesgos de una entidad financiera y por tanto de interés no sólo para los bancos sino para su supervisor y en definitiva para el estado de Chile”, señala textualmente la respuesta enviada por la SBIF.

En el texto, además, la Superintendencia cuestiona la importancia de la recientemente dictada Ley DICOM, afirmando que la Ley General de Bancos “debe tener preeminencia sobre normas generales en relación a la materia, como la ley 19.628, que persigue la protección de la privacidad de las personas." 

Dicho de un modo más simple, la SBIF ha afirmado que cuenta con respaldo legal para sistematizar la información que los propios bancos le aportan sobre deudas morosas del sistema bancario (no así del comercio) que se respalden en un título ejecutivo vigente y para entregarla a los propios bancos, cuando lo requieran, lo que es efectivo, pero, además - y esto es lo cuestionable - ha amparado que éstos la mantengan en su poder, contrariando la ley 19.628 y la propia ley de bancos que sólo autoriza a las instituciones financieras para utilizarla.

En ese sentido, el apartado 6 del capítulo 18-5 de la Recopilación Actualizada de Normas, que versa sobre el manejo la información sobre deudores de las instituciones financieras, dispone que la “…Superintendencia recomienda, asimismo, destruir o archivar convenientemente la información que ya no se utilice. “
O sea, los registros históricos sobre deudores del sistema bancario que se reciben de la SBIF y que ya no se utilizan no se deben necesariamente destruir, sino que también es posible archivarlos.

Con este planteamiento la SBIF se echa al bolsillo la Ley DICOM, pues permite a los bancos configurar su propio archivo histórico, lo que resulta una interpretación excesiva de la ley.

Por lo anterior, oficié nuevamente a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y también al nuevo SERNAC financiero, con el objeto de corregir la citada instrucción, contenida en la Recopilación Actualizada de Normas, evitando la mantención y archivo de estos informes y ordenando su destrucción, al tiempo de fiscalizar acuciosa y permanentemente que ellos no sean tenidos a la vista, de ninguna forma, en los procedimientos de otorgamiento de créditos.

abril 13, 2012

Parque Torres del Payne debe seguir siendo gestionado por el Estado

No aceptaremos privatización encubierta a través de concesiones o de co-administración con énfasis privado.
Quiero expresar mi inquietud respecto del anuncio del Ministro de Economía, Pablo Longueira, acerca de que el Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Turismo, y los Ministerios de Agricultura, del que depende la CONAF, Medio Ambiente y Bienes Nacionales estudiarían un nuevo modelo de administración para el Parque Nacional Torres del Payne.

Durante su intervención en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Alta, el secretario de Estado, advirtió las dificultades que presenta la gestión tanto del Parque Torres del Payne como San Pedro de Atacama y señaló que en las próximas semanas se iniciaría una ronda de diálogos en ambas regiones, tendiente a diseñar una nueva forma de gestión para estos atractivos, los más visitados en el país.

Temo que este proceso pudiera derivar en una privatización encubierta de dichas zonas, sea a través de la concesión de espacios importantes dentro de la reserva para proyectos de infraestructura hotelera o a través de la creación de instancias de coadministración con participación mayoritaria del sector privado.

Es efectivo que la administración de algunos parques y reservas nacionales presenta dificultades y necesita mejorar. Sin embargo, ello no puede significar avalar la privatización de estas reservas a través de las concesiones.

Esa es una conclusión errada. Sabemos lo que hacen los privados. Maximizar sus utilidades y explotar al máximo el terreno o recurso por el que pagaron. Eso será el fin de estos tesoros naturales.

Nuestro país está en condiciones de conservar los parques bajo su gestión, pero para ello se deben disponer los recursos necesarios, los que deben provenir de una fuente tripartita, que complemente el esfuerzo estatal, el de los visitantes y también del aporte de privados que se benefician de estas áreas.

Si queremos preservar los parques debe invertirse los recursos adecuados, por ejemplo, dejando en la zona los aportes que ingresan por concepto de entradas y procurando aumentar el aporte de los grandes operadores. Los parques nacionales son un patrimonio de Chile y deben permanecer como tales.

abril 05, 2012

Sectores conservadores impidieron discutir sobre aborto terápéutico

Esperamos que en el futuro pueda darse un debate con menos temores y premisas falsas.

Lamento el rechazo de los proyectos de ley discutidos en los últimos días en la Cámara Alta y que pretendían legislar sobre el aborto terapéutico en el país, reponiendo la normativa existente hasta 1989, cuando fue derogada en las postrimerías del Gobierno Militar. 

Voté favorablemente la idea de legislar de las tres mociones que se debatieron, pues me parece que es un tema que debe sincerarse y donde la sociedad chilena tiene puntos de vista disímiles que deben expresarse y ponderarse.
El voto en contra de algunos sectores conservadores ha impedido que se lleve adelante un análisis más acabado y profundo de estos temas como hubiera ocurrido de aprobarse en general alguno de los textos.

Los parlamentarios UDI y RN han planteado un falso dilema entre la defensa de la vida y quienes pretenderían el aborto. Nadie quiere un aborto, es un proceso muy doloroso, en que hay mucho sufrimiento, pero que en algunas ocasiones no tiene alternativa, como cuando está en riesgo la vida de la madre.

Foto: El Mostrador.

En este caso, nosotros estamos por agotar los esfuerzos para que ambos, la madre y el hijo sobrevivan, pero dejando al equipo médico y a la mujer, también, la difícil decisión de interrumpir el embarazo si la vida de ésta se encuentra en peligro.

En el debate en el Senado se planteó un diálogo cruzado y a ratos “de sordos”, pues mientras quienes estaban a favor de discutir los proyectos argumentábamos en forma clara y precisa respecto del aborto terapéutico y ahondábamos en el dilema ético y médico que ello implica, los argumentos de los detractores eran genéricos y buscaban más bien establecer la supuesta intención de aprobar un aborto más amplio en el futuro.

En definitiva, no hubo un debate cabal acerca del aborto terapéutico, como tal, sino que primaron los miedos de sectores conservadores a que se abriera la puerta a un aborto más flexible.
La derecha es inconsistente en esta materia. “¿Si este es un tema tan trascendente y de principios tan relevantes por qué mantuvieron el aborto terapéutico vigente durante todo el Gobierno Militar?

Espero que este tema, muy serio y relevante, se siga discutiendo. Estoy convencido que terminará aprobándose en los próximos años, según la conformación del Congreso Nacional, pues es evidente que la sociedad chilena tiene respecto al aborto terapéutico una posición más abierta que la expresada por la mayoría del Senado.

Nombramiento de nuevo Ministro de Energía es una imprudencia del Gobierno.

Nuevo titular fue impulsor de Isla Riesco.

El nombramiento de Jorge Bunster como Ministro de Energía constituye un “nuevo autogol” del Gobierno. Sin dejar de reconocer los méritos y calificación profesional del nuevo titular de dicha cartera es un hecho evidente que su larga trayectoria en empresas Copec, una de las principales operadoras del rubro, le pone en una difícil situación frente a numerosas decisiones que debe abordar en su actual responsabilidad.

La defensa que ha hecho el Ministro Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick, quien remarcó la especialización del nuevo secretario de Estado es débil. Si bien es efectivo que el ex Ejecutivo de COPEC posee experticia en la temática en nuestro país hay un sinnúmero de expertos que no presentan los conflictos de interés que se aprecian en este caso.

Me preocupa, especialmente, la situación del proyecto Minero de Isla Riesco, cuyos impulsores son precisamente COPEC y el Grupo Von Appen. Si ya durante la actual administración el Ministro Rodrigo Álvarez se inhabilitó en la votación del Consejo de Ministros por haber anticipado su opinión ¿Qué queda para alguien que participó directamente en su gestación?, pues el proyecto emplazado en la zona austral comenzó a desarrollarse el 2007 cuando el nuevo titular de Energía estaba al frente de la división combustibles de Empresas COPEC.
El nuevo Ministro de Energía no sólo tiene un pasado ligado a la gerencia de COPEC, sino que en su declaración patrimonial como titular de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Cancillería, revela poseer títulos bursátiles de dicha empresa por más de 266 millones de pesos, en tanto posee también acciones de la Compañía Manufacturera de papeles y cartones, CMPC y ENERSIS.

Estas vinculaciones laborales y patrimoniales de Bunster lo ponen en una difícil situación ante cualquier decisión en el ámbito eléctrico, donde el citado holding también posee intereses y también respecto del desarrollo de biocombustibles ligados al sector forestal.

El nombramiento de Bunster, en definitiva, resulta imprudente y será un nuevo “autogol” del Gobierno, que deberá enfrentar cuestionamientos y recursos legales y administrativos ante cada decisión en que se vea involucrada la citada empresa.

abril 02, 2012

Hay que reemplazar el actual sistema previsional.

Mecanismo de capitalización individual fracasó rotundamente.

No puedo sino adherir y respaldar a la jornada de movilización contra el actual sistema previsional convocado para este 2 de abril por diversas organizaciones sociales y sindicales.

La capitalización individual administrada por las AFP ha demostrado ser un mecanismo ineficiente y caro que ha significado un grave perjuicio a los trabajadores y pensionados. Es un modelo que fracasó rotundamente, que no cumplió las expectativas y que debe ser cambiado si se quiere mejorar las pensiones de los chilenos.

Las administradoras lucran ilegítimamente con los recursos de los trabajadores al tiempo que los gestionan en forma ineficiente. Cuando vemos que uno de cada tres pesos cotizados por los chilenos ha ido a parar a los operadores y que mientras ocurre un desastre bursátil como el de La Polar, la AFP Capital especulaba los fondos de millones de chilenos estamos hablando de una administración irresponsable y muy poco seria.

Esta materia debe ser un punto fundamental en el debate público de cara a las elecciones presidenciales del 2014. No resulta posible seguir enterrando la cabeza, mientras millones de trabajadores son conducidos a la pobreza o simplemente privados de la posibilidad de pensionarse por efecto de este sistema.

Debemos reemplazar el sistema de AFP por un modelo tripartito que combine un pilar social o estatal, como el que derivó de la reforma impulsada por la ex Presidenta Michelle Bachelet, uno solidario, que solidarice los riesgos y uno individual, para quienes estén en condiciones de aumentar su ahorro.

No puede seguir este sistema que entrega la previsión al esfuerzo individual. Los chilenos hemos aprendido que derechos tan relevantes como la salud, la educación y la previsión no pueden ser dejados a la mera iniciativa propia, pues no es posible financiarlas.

Espero que en en las próximas semanas el Senado pueda comenzar a discutir, por primera vez, una modificación profunda de este sistema, a través del análisis de diversas mociones, entre ellas una de mí autorìa, que proponen incorporar a nivel constitucional el derecho a optar por diversos sistemas previsionales.