enero 31, 2012

El lucro previsional al descubierto.

Licitación de nuevos cotizantes demuestra cobros excesivos de las AFP por más de 6.000 millones de dólares. Sistema requiere cambios profundos.
"No hay peor astilla que la del mismo palo", dice un refrán popular, refiriéndose a que muchas veces el peor enemigo de una persona o de un grupo de ellas es quien, por conocerles, sabe, también, de sus debilidades.  Eso es lo que está ocurriendo con las administradoras de pensiones, AFP.

La reforma previsional, impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet, se propuso, entre diversos objetivos, disminuir los costos de administración, particularmente para los nuevos afiliados, a través de una licitación bianual, en que el mejor oferente se queda con la cartera de nuevos cotizantes.

Surgió, en ese proceso, una AFP nueva, que se ha adjudicado la licitación las dos veces en que ha ocurrido. Lo inquietante - y doloroso para los viejos cotizantes y creo que también para la industria - es que la oferta realizada por esta nueva administradora en esta última licitación fue de un 0.77% de la renta imponible mensual.

Ello significa una enorme brecha con el esquema de costos actuales, donde la cotización promedio bordea el 1.4% de la remuneración imponible, en tanto la AFP más cara, Planvital, se ubica en 2.36%.

Las AFP han sido desnudadas por su propia competencia. Estas cifras demuestran el enorme lucro obtenido en 30 años y deben llevar a una profunda revisión del sistema previsional y, particularmente, del esquema de comisiones. Éste ha sido cuestionado en diversos estudios, como el del Fondo Monetario Internacional, en Agosto pasado, que advirtió sobre la inconveniencia de mantener cobros por los depósitos, tras tres décadas de funcionamiento.

La diferencia puede llegar a ser demasiado grande con un profundo impacto en las futuras pensiones. Un ahorro de $ 100.000 anuales, como el que se produce para una cotización por un sueldo de $ 500.000, entre lo ofrecido por AFP Modelo, respecto de la AFP más cara, significaría diferencias cuantiosas en el monto de la jubilación que se obtendría. Tomando las mismas cifras que se utilizan para promocionar el ahorro voluntario, obtener un ahorro adicional de $ 100.000 anuales, desde los 25 años, debiera incrementar la pensión en unos $ 130.000 mensuales; siendo las diferencias mucho más cuantiosas en el caso del cotizante que se encuentra en el tope de la remuneración imponible. 

Respecto de un afiliado que tenga la renta promedio, de $ 323.000, la diferencia entre la AFP de menor costo y el promedio del sistema rondará los $ 25.000 anuales, lo que de todas formas tiene un impacto importante en la pensión futura, considerando el bajo nivel de las jubilaciones. Alcanzaría aproximadamente un 10% de la futura pensión.

Las actuales comisiones, que se vienen cobrando por casi 30 años, son parte importante del fracaso del actual sistema previsional, pues han significado una ganancia excesiva para las administradoras, disminuyendo brutalmente las posibilidades de los afiliados de obtener pensiones dignas. Ello demuestra, además, la escasa competencia que existe en este mercado.

Los cobros por concepto de comisiones de administración, en los 30 años del sistema, alcanzan unos 6 billones de pesos.  Si suponemos, según lo que refleja la licitación de cartera de nuevos afiliados, que la mitad de ello pudo ahorrarse, o sea, unos 3 billones de pesos, tenemos que el lucro excesivo obtenido por las AFP en estas tres décadas alcanza unos 6 mil millones de dólares, cifra que, unida al aporte estatal al pilar solidario, permitiría sustentar un mecanismo de pensiones más solidario.

Requerimos, por tanto, de cambios profundos en el sistema de pensiones, como introducir la posibilidad de mecanismos más solidarios de ahorro y, aún más urgente, es impostergable reducir el nivel de comisiones que se están cobrando, como lo he solicitado al Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Los niveles de comisiones ofrecidos, demuestran que hay márgenes relevantes de rebaja de costos y si éstos no se han producido naturalmente, deberán ser disminuidos por la vía legal.

enero 30, 2012

Virtual quiebre en conversaciones entre Gobierno y oposición sobre multirut

Cualquier cambio pasa por modificación del concepto de empresa. Rechazamos creación de panel de expertos.

El diario La Tercera ha informado, en su edición de este domingo, que el Gobierno tendría afinada la fórmula que enviará al Parlamento, respecto del multirut, citando a la propia Ministra Evelyn Matthei para explicar el mecanismo.
Lo anterior, ha resultado sorprendente, pues hasta hace algunos días equipos técnicos del Ejecutivo y la oposición buscaban un acuerdo sobre la materia, que permitiera avanzar en un tema de gran relevancia para los trabajadores.

Hay un consenso en que existe una práctica abusiva, con la proliferación de razones sociales y que esto tiene un impacto muy negativo en el cumplimiento de obligaciones laborales como gratificaciones y salas cunas, afectando, además, la sindicalización y la negociación colectiva, entre otros aspectos. 

Sin embargo, cuando se buscaba definir las posiciones de cada parte para buscar acuerdos, hemos sido notificados por la prensa que el Ejecutivo dispone ya de un texto, que sería enviado al Parlamento en marzo y que, al parecer, no considera continuar con las tratativas con la oposición. 

Lamentamos, profundamente, este modo de actuar, pues creemos que si existía disposición del Gobierno a cumplir con este compromiso de su programa electoral, sin ambigüedades, podíamos avanzar, como de hecho había ocurrido en determinados momentos, tanto con la ex Ministra Merino, como con la actual Ministra Matthei, pero, en cambio, hemos sido notificados por la prensa que el Ejecutivo habría desechado el diálogo y la posibilidad de un entendimiento.

Esperamos un pronunciamiento concreto y formal del Ministerio del Trabajo respecto de las negociaciones en curso, pero desde ya debemos señalar que la fórmula que anticipó la Ministra Evelyn Matthei no resulta satisfactoria para la Concertación. 

Los puntos en discusión son fundamentalmente dos. Estamos, en primer término, por cambiar o eliminar el concepto de empresa, pues entendemos que ahí está el nudo del problema, si ello no queda bien resuelto no se logrará el resultado esperado, por ejemplo, en términos de extender la negociación colectiva.

En segundo lugar, rechazamos crear un panel de expertos como fórmula de resolución de conflictos. Es un planteamiento que ha surgido de instancias académicas y de asesoría política, como también de gremios empresariales que tienen desconfianza de la judicatura laboral, nosotros, en cambio, creemos que si hay dudas o conflictos, ellos deben ser resueltos por la Dirección del Trabajo y los Tribunales, los que podrán tener equipos técnicos de apoyo, pero no corresponde establecer organismos paralelos.

En caso de confirmarse el quiebre del diálogo, la Concertación presentará sus propias indicaciones al texto los primeros días de marzo, con el objeto que el proyecto sea despachado por la Comisión de Trabajo y analizado en la Sala del Senado.

enero 28, 2012

Comisión del Senado apoyó solicitar creación de comuna en Puerto Edén


Localidad es el punto más cercano a los Campos de Hielo Sur

La comisión de Gobierno Interior de la Cámara Alta acordó solicitar al Ejecutivo la creación de la comuna de Juan Ladrillero, con asiento en la localidad de Puerto Edén. La instancia legislativa sesionó durante los últimos días en Magallanes, contándose, además de los senadores por dicha región, quien escribe y Carlos Bianchi (Ind) con la presencia de los senadores Víctor Pérez Varela (UDI), Andrés Zaldívar (DC) y Hosaín Sabag (DC), los que se reunieron con diversas autoridades locales y organizaciones sociales.

En la ocasión, sostuve la necesidad de abordar de forma más decidida la regionalización del país, advirtiendo los problemas que enfrentan particularmente las regiones extremas a consecuencia de resoluciones impuestas desde la capital, abogando, en su lugar, por acercar las decisiones a la gente.

En esta línea, insistí en el imperativo de contar con Intendentes elegidos democráticamente, lo que les daría un mayor respaldo para hacer ver las necesidades de los habitantes de sus regiones ante las autoridades centrales, al tiempo que requerí una acción más decidida para traspasar competencias a los gobiernos locales, coincidiendo en ello con lo planteado por los consejeros regionales.

Recalque la necesidad de fortalecer la soberanía nacional en zonas apartadas, reflotando el viejo anhelo de la creación de la comuna de Juan Ladrillero, con sede en Puerto Edén, remota localidad ubicada al norte de la provincia de Última Esperanza. La creación de esta comuna encuentra fundamentos sólidos especialmente en atención a orientaciones geopolíticas, atendido que se trata de la única localidad poblada en una vasta zona, cercana al Campo de Hielo Patagónico Sur. Además, el emplazamiento de una nueva unidad administrativa encontraría justificación en la existencia en el lugar de la comunidad kawesqar, etnia originaria de los canales australes.

La solicitud fue apoyada en forma unánime por la comisión, la que acordó requerir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional el estudio de esta materia. La instancia sostuvo que más allá de criterios económicos, políticos o poblacionales, acá hay argumentos y criterios a nivel país, que justifican plenamente la conformación de una nueva comuna.

En Puerto Edén y en el vecino campamento minero de Guarello residen unos 300 habitantes, los que enfrentan habitualmente problemas de abastecimiento de insumos básicos a consecuencia de su aislamiento, al tiempo de dificultársele el acceso a servicios básicos y trámites administrativos.

enero 27, 2012

Debemos terminar con el monopolio de las AFP

¿Por qué los chilenos pueden elegir en telefonía y no en la previsión?
Resulta urgente incorporar modalidades alternativas al actual sistema de pensiones, fracasado y poco eficiente. No se entiende como las autoridades y expertos económicos que han promovido con gran entusiasmo la libertad en materia de telecomunicaciones, señalando que ella fortalece la competencia y mejorará los derechos y condiciones de contratación, insisten en eludir la misma discusión en materia previsional.

Permanece entre nosotros un único campo en que no hay opción alguna, una exclusiva área en que los chilenos estamos obligados a participar aunque no queramos y dónde no hay alternativa de ningún tipo: la previsión.
Según la legislación, todos los trabajadores deben aportar parte de sus remuneraciones como ahorro, pudiendo tomar decisiones accesorias, como seleccionar el tipo de fondo en el que se invertirán las imposiciones o cambiar de administrador, pero sin poder elegir entre un prestador privado o uno público, como ocurre en la salud o entre formas diversas de inversión.
Un puñado de AFP mantienen cautivos a unos 10 millones de cotizantes que ven mes a mes como sus ahorros son mal administrados y, aún así, se les cobra por la gestión, incluso cuando la rentabilidad sea negativa, esquema que ha sido cuestionado hasta por el Fondo Monetario Internacional.
Es entonces, indispensable estudiar cambios profundos al régimen vigente. El sistema previsional chileno, a 30 años de su creación no ha cumplido sus promesas, debe ser revisado en profundidad y reformado. Dichas enmiendas deben apuntar a establecer una alternativa estatal solidaria para quienes lo deseen. No es posible seguir pensando que los riesgos pueden ser cubiertos de un modo individual.
Además, quienes deseen perseverar en la capitalización individual, debieran disponer de opciones alternativas de ahorro obligatorio, gestionados por otros actores, con grados similares de solvencia y regulación. En esta materia es imperioso, también, terminar con el esquema de comisiones vinculadas. No es posible que este sea un negocio de rentabilidades aseguradas, donde los costos están cubiertos mediante comisiones. Las ganancias de las AFP deben tener como condición la obtención de rentabilidad.
Esperamos abordadar estos temas durante el año venidero en la Cámara Alta, donde hemos pedido realizar un balance del sistema previsional. Asimismo, queremos iniciar el debate sobre las diversas proposiciones parlamentarias de reforma constitucional que persiguen la creación de sistemas alternativos.

enero 25, 2012

Magallanes necesita intendentes elegidos y un Gobierno Regional con más atribuciones.

Decisiones como la pavimentación de rutas en Tierra del Fuego demuestran que centralismo afecta especialmente a zonas extremas.

La Comisión de Gobierno Interior, Descentralización y Regionalización de la Cámara Alta, visitará Magallanes. La gira será una oportunidad muy valiosa para que los senadores encargados de la tramitación particular de los proyectos referidos a la división administrativa del país, puedan percibir la necesidad de contar con autoridades investidas de mayor reconocimiento ciudadano y avanzar, además, en traspasar en forma más decidida competencias del gobierno central a las regiones.

Es especialmente relevante la elección de los Intendentes Regionales, modificación que otorgaría a dichas autoridades de la autonomía suficiente para hacer ver la voz de sus regiones frente al Ejecutivo. 

Las regiones, especialmente, aquéllas ubicadas en zonas alejadas como Magallanes, necesitan autoridades que cuenten con respaldo popular que les permita hacer ver con fuerza los intereses locales. La crisis vivida con el alza del gas nos mostró en forma clara la contradicción entre las demandas ciudadanas y la Intendenta y el Gabinete Regional, que se limitaban a retransmitir el parecer del Ejecutivo.

La actual división administrativa del país no es obstáculo para avanzar en una mayor autonomía de las regiones, pues es perfectamente posible mantener la coordinación de los servicios nacionales a través de las Gobernaciones y traspasar funciones hacia servicios administrados y gestionados regionalmente, a cargo del Intendente. Si hoy el Gobierno central debe coordinarse y trabajar conjuntamente con municipios de signo opuesto, no veo razón para que ello no pueda ocurrir en el caso de las regiones.

En cambio, crear la figura de Presidente del Consejo Regional, como contrapeso electo al Intendente, sólo generará conflictos. Tendremos una especie de Intendente en la sombra que sólo dificultará su labor, buscando su propio protagonismo, sin constituir un real avance en la entrega de atribuciones a las regiones.

Requerimos, además, mayores atribuciones para decidir respecto de inversiones y solucionar problemas locales. Se percibe aún una cuota muy importante de centralismo que entre nosotros se aprecia a cada rato, como se demuestra en la pavimentación de las rutas en Tierra del Fuego.

Allí tenemos un criterio nacional que privilegia la ruta comercial con Argentina, pero que desatiende los intereses de los habitantes de la isla, los que viven y sufren el aislamiento, día a día y que preferirían el trazado costero entre Manantiales y Porvenir.

enero 24, 2012

Es imprescindible crear registro de empresas de buses infractoras de normas laborales y de seguridad.

Usuarios podrían optar por líneas más confiables.

Los recientes nuevos accidentes de tránsito que involucraron a buses interurbanos demuestran la necesidad de transparentar las infracciones cometidas por este tipo de empresas, con el objeto que los usuarios puedan disponer de información actualizada sobre los incumplimientos de las líneas en materia de mantención de las máquinas y situación laboral de choferes y auxiliares.

Tanto la Dirección del Trabajo como la Subsecretaría de Transportes cuentan con un archivo con las infracciones cursadas, lo que debería constituirse en un registro público que permita a los usuarios conocer de estos incumplimientos y así elegir, a la hora de comprar sus pasajes, aquéllas empresas más seguras y responsables.

He propuesto esta iniciativa, a través de un proyecto de ley, que ha sido analizado en la Comisión de Transportes del Senado y que tuvo inmediata acogida por parte de la Dirección del Trabajo. Asimismo, el Ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, también, se mostró interesado en su implementación.

Se trata de una idea sencilla, de muy bajo costo, pero tremendamente útil, pues permitiría a los usuarios tomar sus decisiones de viaje contando con toda la información proveniente de los servicios fiscalizadores respecto del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad vial. 

Necesitamos saber cuáles son las empresas con más infracciones en materias tales como extensión de jornadas y descansos de choferes y auxiliares, como también aquéllas que registran de un modo más sistemático incumplimientos en la mantención de los buses. Se trata de una forma eficaz de incorporar al mercado del transporte de pasajeros elementos que permitan diferenciar a los operadores por la calidad del servicio que prestan.

Estoy convencido que la sola implementación de un registro y la eventual opción de los usuarios por las empresas más seguras y responsables incentivaría el cumplimiento de la normativa vigente.

Insistiré ante la Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei y ante el Ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, con el objeto de implementar este registro de multas aplicadas a buses interurbanos, otorgándolo a los usuarios una herramienta concreta con la que preferir a quienes cumplen la normativa y castigar a los infractores.

enero 21, 2012

Condiciones laborales en Isla Riesco son inaceptables.

Es previsible que estos mismos bajos estándares se apliquen en materia ambiental.

Las condiciones de seguridad e higiene a que se enfrentan los cerca de 300 trabajadores de la empresa BELFI, que se desempeñan en las labores de construcción del muelle para Mina Invierno de Minera isla Riesco son inaceptables.

Las dependencias de la empresa son absolutamente precarias e insalubres, con serias deficiencias de habitabilidad, registrándose, además, riesgos evidentes en materia de seguridad, producto del hacinamiento. Las condiciones de higiene son deplorables, siendo insuficientes los baños.

Minera Isla Riesco y BELFI deben hacerse cargo, a la brevedad, de esta situación. Si bien esta última es la directamente responsable, a la primera, en calidad de empresa mandante, le asiste también una obligación, no sólo ética, sino legal, de velar porque sus contratistas cumplan la normativa vigente.

Es lamentable, asimismo, la pasividad de los organismos fiscalizadores en materia de salud y trabajo. Recién ahora se realiza un control exhaustivo de las instalaciones. No queremos pensar que haciendo la vista gorda es la forma que las autoridades encontraron para impulsar este proyecto.

Recordemos que el Plan Magallanes, dado a conocer por el propio Presidente Sebastián Piñera, se proponía, expresamente, favorecer su puesta en marcha, lo que fue denunciado por este parlamentario y representantes del grupo Alerta Isla Riesco ante la Contraloría General de la República.

Solicitaré directamente la intervención del Intendente Arturo Storaker, para mantener una activa preocupación sobre estas faenas, al tiempo que, tras reunirme con dirigentes sindicales estudiaré la presentación de acciones legales que permitan hacer cumplir estrictamente la normativa laboral y medio ambiental.

Estos abusos laborales demuestran que esta es una obra que jamás debió ejecutarse, pues no se cumplían las más mínimas condiciones ambientales y de seguridad laboral. Sólo sorteó las exigencias administrativas producto del compromiso del Ejecutivo con su realización.

Al cabo de algún tiempo nos daremos cuenta que este proyecto no genera los empleos dignos que se prometieron y que, desde el punto de vista ambiental, será un desastre. Si estamos viendo mínimos estandares en la higiene y seguridad laboral, es previsible que se actuará del mismo modo en la protección del entorno.

enero 20, 2012

SBIF debe fiscalizar uso de información comercial por parte de entidades financieras.

Reciente fallo judicial y proyecto de ley sobre bases de datos impedirán mal uso en obtención de créditos y acceso al empleo.

He solicitado a la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras, SBIF, aplicar el reciente fallo de la I. Corte de Apelaciones de Santiago que declaró ilegal y arbitrario el uso, por parte de las entidades bancarias, de bases de datos propias o recopiladas y administradas al margen de la ley.

Para ello oficié al ente fiscalizador con el objeto de solicitarle poner en práctica, a la brevedad, acciones de control para impedir el uso por parte de las instituciones financieras de este tipo de bases de datos alternativas, que se permiten mantener antecedentes caducos. Al mismo tiempo, requerí el detalle de las gestiones de control realizadas al respecto, en los últimos años.

La resolución judicial, acogida en forma unánime por los ministros de la Octava Sala del tribunal de alzada, Gloria Ana Chevesich, Juan Antonio Poblete (suplente) y el abogado integrante Antonio Barra, resulta extremadamente relevante para la protección de la privacidad de las personas y se une al texto legal aprobado recientemente, en segundo trámite constitucional, en el Senado, configurando un nuevo marco regulatorio para la información comercial.

El texto que fue remitido por la Cámara Alta a los diputados, para su visación final, se refiere esencialmente a tres materias. En primer término, dispone que los datos de carácter financiero de las personas sólo podrán ser comunicados al comercio establecido, para el proceso de crédito y a las entidades que participen de la evaluación de riesgo comercial, para esos fines.

Ello impedirá que la información comercial sea solicitada para otras materias, tales como para acceder a un empleo, situación que complicaba la obtención de un trabajo a miles de chilenos.

Un segundo punto destacado de la normativa aprobada por el Senado radica en la imposibilidad de los prestadores de salud de acceder a información financiera de las personas como requisito o condición para el otorgamiento de atención médica de urgencia, ni aún cuando los pacientes consientan en ello. Se termina así un vacío legal que impedía que la eliminación del cheque en garantía cumpliera eficazmente su objetivo y permitía que se siguiera restringiendo la atención, aún en situaciones de riesgo vital.

Por último, se dispone que las bases de datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial no podrán comunicar los datos relativos a obligaciones exigibles antes del 31 de diciembre de 2011 y se encuentren impagas, siempre que el total de obligaciones impagas del titular que comunique el registro o banco de datos a la fecha de publicación en el Diario Oficial de esta ley sea inferior a $2.500.000 por concepto de capital, excluyendo intereses, reajustes o cualquier otro rubro.

enero 19, 2012

Estamos más cerca de terminar con el binominal.

En el mecanismo electoral está la llave para las transformaciones más profundas que el país necesita.

El acuerdo entre la Democracia Cristiana y Renovación Nacional que, entre otros aspectos, implica el compromiso de poner fin al sistema electoral binominal es muy positivo.
No debemos quedarnos en análisis errados y pequeños como la crítica al carácter secreto de los contactos entre ambas colectividades, lo que implicó mantener a sus socios en la Concertación y en el Gobierno, al margen de las tratativas.
Esos son problemas menores, frente al hecho relevante que tenemos un texto en que el partido del Presidente de la República, uno de los sostenedores de este sistema electoral perverso, que afecta seriamente la soberanía popular, se compromete a ponerle fin.
Para este sistema, da lo mismo que un candidato o coalición obtenga el 65% de los votos y el otro el 35%, se elegirá un representante por cada sector. A nivel nacional, ello conduce a un empate y el resultado es que nada sustantivo del régimen institucional y económico se pueda cambiar.
A la larga eso ocasiona frustración y desencanto en la ciudadanía, respecto de la democracia, pues se percibe que el voto no produce las transformaciones que se espera.
A los partidarios de este modelo económico, de las AFP, de las Isapres, del lucro en la educación, de los abusos de bancos y multitiendas les basta la obtención de un 35% de los votos para asegurarse la mitad del Parlamento y con esto que todo siga igual.
El reemplazo del actual sistema electoral no es un asunto que interese sólo a los políticos, sino que es el comienzo de la solución de problemas muy significativos. En el binominal está la clave para que se cambien muchas de las cosas que esperamos modificar.
Tras este acuerdo la responsabilidad se ha devuelto a La Moneda, debiendo el Presidente de la República, Sebastián Piñera, tomar la iniciativa y enviar al Parlamento, a la brevedad, un proyecto que permita plasmar el acuerdo en una reforma que ponga fin a este resabio de la dictadura.

enero 18, 2012

Reforma Tributaria es la ocasión para eximir del IVA a medicamentos, libros y productos de primera necesidad.

Sería un verdadero alivio al presupuesto de miles de hogares.
Una eventual reforma tributaria debe ser la ocasión para eximir del pago del impuesto al valor agregado (IVA) a los medicamentos, los libros y los productos de primera necesidad, respecto de los cuales hace largos años se viene solicitando una modificación.

Lo anterior se encuentra en plena concordancia con los objetivos en que han coincidido todos los sectores políticos, de incrementar la carga impositiva de empresas y de los sectores de mayores recursos, procurando, al mismo tiempo, aliviar la situación de las personas naturales, particularmente de los grupos medios y de menores ingresos.

El valor de los abarrotes y los medicamentos impactan severamente en el presupuesto familiar de los hogares chilenos y han registrado, en los últimos años, incrementos muy sustantivos, que superan con creces al de las remuneraciones, afectando, de paso, el combate a la pobreza, como lo han mostrado las últimas encuestas CASEN, por lo que sería el momento oportuno para impulsar una reducción en su costo.

Disminuir el valor de los remedios y abarrotes sería muy relevante, especialmente en las regiones extremas, como Magallanes, que sufren permanentemente con los altos precios de estos productos, en contraste con remuneraciones muy similares a las del resto del país.

En el caso de los libros, diversos actores del ámbito cultural y parlamentarios hemos venido proponiendo eximirlos del IVA, como un mecanismo para fomentar la lectura, evitando que por su valor actual, resulte prohibitivo. Se han sugerido, también, iniciativas alternativas, como establecer un precio fijo en la cadena de comercialización, que evite recargos abusivos y proteja a las pequeñas librerías, lo que tampoco ha prosperado.

Por ello, espero que los equipos técnicos, tanto del Gobierno como de la oposición, que se encuentran analizando los lineamientos para una eventual modificación tributaria, consideren este tema, que iría en directo alivio del presupuesto de miles de hogares, al tiempo de avanzar en la promoción del hábito de la lectura, mejorando con ello, también, la educación.

enero 04, 2012

Todo apunta a errores gubernamentales en incendio en Torres del Payne.

Disminución de guardaparques, no ejecución de proyectos en materia de prevención y reacción tardía.

Cada vez hay antecedentes más rotundos que apuntan a la responsabilidad del Gobierno por la falta de elementos de prevención y el tardío combate al fuego, que permitieron la rápida extensión del siniestro en las Torres del Payne.

Primero, especialmente graves son las informaciones que revelaron que en la sesión del Consejo Consultivo de la reserva, en noviembre pasado, en la que participaron diversas entidades representativas de la administración, autoridades regionales y usuarios, se habrían hecho presente las deficiencias en la materia. 
Los datos son categóricos. Las autoridades regionales y de la CONAF presentes supieron en esa reunión que el Parque contaba con sólo 16 guardaparques transitorios, lo que contrastaba con los 33 guardaparques transitorios que se tuvieron en esa misma fecha en el año 2010 y con los 64 que hubo durante la administración anterior. Nada hicieron.

Segundo, el ex Director Nacional de Sernatur, Christian Kirk, ha acusado que el Gobierno actual dejó de ejecutar un proyecto que contaba con recursos de Banco Interamericano de Desarrollo, BID para potenciar la infraestructura turística del Parque Torres del Payne y de otras reservas ubicadas en la zona austral. Ello habría permitido, entre otras cosas, contar con casetas de vigilancia.

Tercero, hay cada vez más versiones de testigos presenciales del inicio del fuego, que afirman que hubo tardanza en combatir las llamas. El Ministro Hinzpeter sostiene que se dio la alarma oportunamente. Es un juego de palabras. Hay bastante diferencia entre alertar de un hecho y enfrentarlo con eficacia contando con el personal y equipamiento necesario.

Si bien los incendios son imprevistos; omisiones de las actuales autoridades contribuyeron a que no se contara con las medidas de prevención y personal suficiente para enfrentar la emergencia. Ello deberá investigarse adecuadamente por las instancias que correspondan.

Sin embargo, junto con buscar responsabilidades, es obligación de todos aportar con ideas que puedan contribuir a prevenir este tipo de situaciones y reforzar las medidas de combate a las emergencias.
En ese sentido, además de insistir en el proyecto que presenté el año 2006 para incrementar las penas a los autores de incendios en parques y reservas nacionales ingresaré a trámite legislativo otra moción que pretende destinar un dólar de la actual tasa de embarque para vuelos internacionales a la preservación de las áreas silvestres protegidas del Estado.

Esta medida significaría contar con unos 5 millones de dólares anuales adicionales para el combate de emergencias, vale decir un 25% adicional al actual presupuesto.