Gobierno reaccionó lenta y tardíamente ante incendio en Torres del Payne.

Con show mediático tratan de tapar negligencia ante avance las llamas. 
El Gobierno ha tenido una lenta y tardía reacción ante el incendio que afecta ya, según cifras oficiales, más de 8.000 hectáreas del Parque Nacional Torres del Payne. Es efectivo que existen dificultades geográficas y climáticas en la zona, particularmente por las condiciones del viento que han afectado a la región, pero ello no excusa la respuesta débil de La Moneda en esta emergencia.

Una cosa es que los brigadistas y efectivos e incluso las aeronaves no puedan actuar por las condiciones del lugar, pero otra distinta es que ni siquiera se hayan desplazado a las inmediaciones en un lapso razonable. A tres días de comenzado el siniestro recién está llegando personal y equipos de apoyo suficiente y se está solicitando más ayuda especializada de países vecinos y de otros servicios públicos, lo que significa claramente que se minimizó la magnitud y riesgo de este incendio perdiéndose tiempo valioso.

El 2005, ante una situación similar, según la prensa de la época, se movilizaron más de 700 personas, 250 de ellos brigadistas de la CONAF, más de 100 brigadistas argentinos y personal de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se contó con la colaboración de la Dirección de Vialidad, con maquinaria pesada para contrarrestar el avance del fuego.

En cambio, ahora, mientras este voraz incendio se desarrollaba y aumentaba en magnitud, en el Gobierno y particularmente la cartera de Agricultura, de la que depende la CONAF, estaban más preocupado del cambio de Gabinete, de las declaraciones del Ministro Longueira y de los resultados de la encuesta CEP.

Ahora han montado un “show mediático”, con la presencia del propio Presidente de la República, Sebastián Piñera y diversos Ministros en las oficinas de la ONEMI. No sirve. Sobre la leche derramada buscan dar las señales de interés y preocupación que no se demostraron oportunamente y que contribuyeron a la extensión del fuego.

Sin embargo, ojalá que, a partir de este momento se inicie un despliegue más eficaz y enérgico de parte de las autoridades. Ahora que el tema es de interés nacional e incluso internacional, esperamos que se adopten todas las medidas y no se escatime en recursos para detener el fuego, velando por este patrimonio natural que es un orgullo para los magallánicos y para todos los chilenos.

Solictaré a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta realizar una sesión especial donde se informe acerca de la reacción del Ejecutivo ante esta emergencia y, particularmente, sobre la oportunidad en el desplazamiento de brigadistas forestales, personal militar y equipamiento a la zona y se analicen las medidas e inversiones que permitan la recuperación de la flora y fauna nativa y las acciones de ayuda para el sector turístico de Última Esperanza que, seguramente, será afectado por esta tragedia.

Hay que reforzar prevención y equipos de emergencia en Torres del Payne

Necesitamos saber cuánto se cumplió el 2005 y cuánto nos falta para proteger parques y reservas nacionales.

Nuevamente un gigantesco incendio afecta al Parque Nacional Torres del Payne consumiendo una cantidad no determinada de hectáreas de vegetación. Es muy lamentable. Resulta imprescindible mejorar las medidas de prevención y combate de emergencias, tanto en esta como en otras áreas protegidas del país.

Con ocasión de un incendio anterior, ocurrido el año 2005 por la imprudencia de un turista checo, se anunció un reforzamiento de la inversión en seguridad y equipos de prevención y combate al fuego.

Es necesario saber, con certeza, cuanto de lo comprometido en esa ocasión se cumplió y cuanto falta para contar con el personal, el equipamiento y los planes de acción que se requieren para enfrentar este tipo de situaciones.

Debe, asimismo, insistirse en las medidas de cuidado y educación dirigidos a los visitantes, de modo que tomen conciencia de la necesidad de agotar los esfuerzos para prevenir siniestros. Esto, también, nos revela la inconveniencia de recargar estos lugares con infraestructura que ponga en peligro la sustentabilidad, como ocurre con el concurso de iniciativas que están desarrollando SERNATUR, CONAF y la Subsecretaría de Turismo. Debe estudiarse, además, endurecer las sanciones para los responsables de estos incendios.

Con ocasión del siniestro anterior propuse dos iniciativas legislativas, en trámite en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, una para endurecer las penas para quienes produzcan daños en las áreas silvestres protegidas y otra para contribuir a mantener la armonía estética de los alrededores de parques y reservas nacionales.

Se trata de lugares que tienen enorme importancia, desde el punto de vista de la conservación y la preservación de la biodiversidad y que, por lo tanto, deben tener mayor protección de la ley frente a las presiones inmobiliarias en su entorno y respecto de conductas negligentes o dolosas de los turistas que los pongan en peligro.

Por último, he solicitado a SERNATUR y al Gobierno Regional evaluar el impacto del incendio en la actual temporada turística, con el objeto de fortalecer, si fuera necesario, la información y campañas promocionales para impedir que se vea afectado el flujo de visitantes a la Región y, particularmente, a la Provincia de Última Esperanza.

Hasta el FMI cuestiona ganancias y rentabilidad de las AFP.

Es urgente una modificación estructural del sistema previsional.

La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones anunció que comenzará a elaborar un estudio con el objeto de proponer medidas para mejorar la densidad de cotizaciones de los afiliados al sistema.

Lamentablemente, desde el inicio, pareciera que el acento está puesto sólo en ese tema y en algunas soluciones, como incrementar el porcentaje de cotización obligatoria o extender la edad de jubilación, en lugar de analizar, sin dogmas, correcciones profundas a los diversos problemas que se aprecian en el actual sistema.

Así, por ejemplo, el Informe de Estabilidad Financiera de nuestro país, emitido por el Fondo Monetario Internacional en Agosto pasado, http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11261.pdf indica que las debilidades del actual esquema previsional, no sólo se refieren a la baja densidad de imposiciones, sino que también a la pobre rentabilidad obtenida por los fondos en la última década y al elevado costo de administración.

El FMI sostiene que el sistema de AFP presenta ganancias muy altas para el escaso riesgo de la industria, al tiempo que cuestiona el esquema de comisiones del sistema, que estima elevado, a treinta años de su implementación.

Si acá hay alguna medida que adoptar para mejorar el sistema y, con ello las pensiones de los chilenos, es terminar en forma inmediata con las comisiones fijas. Las ganancias de las AFP deben estar exclusivamente asociadas a las rentabilidades que obtengan para los cotizantes, de modo que compartan sus riesgos. Sin embargo, una verdadera reforma debe orientarse a la constitución de un modelo tripartito.

Debemos avanzar hacia un sistema que integre un pilar público, como el creado con la reforma previsional; un pilar solidario, similar al sistema de reparto, administrado por el Estado y un pilar individual, como el actual, donde los propios cotizantes puedan incrementar sus ahorros, incluyendo, también una cotización del empleador.

Lo que hay que entender es que si se quiere mejorar la densidad y atraer al sistema a quienes hoy no cotizan, como los trabajadores independientes, se debe mejorar sustantivamente la confiabilidad. Hoy la gente tiene la sensación de estar botando la plata a un saco roto y eso es lo que conspira a un mayor ahorro previsional.

A casi un año de histórico paro regional hay escaso avance en materia de tarifas del gas.

Proyecto de ley del Gobierno no demuestra compromiso del Estado con Magallanes.

A un año del histórico paro regional el avance en materia de tarificación del gas es casi nulo. El Gobierno demuestra poco interés en resolver definitivamente el asunto, limitándose a un proyecto de ley insuficiente para los intereses de los magallánicos. 

Tras la crisis, el Ejecutivo presentó una reformulación, más comunicacional que de fondo, del proyecto de ley que ya existía y comprometió que no habría alzas, sino en el IPC, durante 5 años, luego de lo cual no ha existido mayor preocupación por su despacho y menos por acoger las propuestas de modificación que se le han planteado.

Lo que se ha propuesto es un proceso de fijación de tarifas, muy similar al que ya se había sugerido en el proyecto anterior y a los vigentes para otros suministros domiciliarios, posponiendo el primer proceso para cinco años más. Ello no satisface las demandas ciudadanas que derivaron en el paro de Enero pasado. 

A Magallanes sólo le sirve una ley que establezca un compromiso decidido y de largo plazo del Estado con un abastecimiento de gas estable y a precios bajos para nuestra zona. Si eso no se asegura es mejor que no haya ley.

De nada ayuda tener un mecanismo tarifario que, en definitiva, deje al mercado el valor de este insumo indispensable para la vida en nuestra región. No queremos que las futuras autoridades se laven las manos diciendo que el precio del gas subió porque se elevó el costo de tal o cual insumo o por la variación de los mercados internacionales, lo que necesitamos es que nos señalen de qué forma el Estado se compromete con un abastecimiento seguro y cuentas bajas para quienes hacen soberanía en esta parte del territorio.

La iniciativa gubernamental tampoco garantiza contar con gas para uso residencial. Se habló de que las reservas de gas se estaban agotando, pero se sigue privilegiando el abastecimiento industrial en lugar de velar por los habitantes de nuestra región, como lo propuse a los Ministros de Energía Golborne y Álvarez, en una moción que busca establecer legalmente una reserva para los hogares, como existe en las legislaciones de otros países sudamericanos.

Inscripción automática y voto voluntario deben complementarse con nuevas reformas.

Ahora debemos terminar con el sistema binominal y permitir la elección de intendentes, iniciativa popular de ley y plebiscitos.

La aprobación definitiva de la ley que establece la inscripción automática y el voto voluntario constituye un hito para la democracia, dando la posibilidad que miles de personas, especialmente jóvenes, puedan participar de los futuros procesos eleccionarios, sin mayores trámites.

Desde hace años que se viene señalando que el padrón electoral se encuentra estancado y envejecido, lo que resta interés a los comicios y desalienta a muchas personas a expresar su opinión. La paulatina disminución de jóvenes en los registros electorales es un hecho grave, pues afecta la posibilidad de que el sistema acoja sus necesidades y demandas, lo que debería tener un giro si éstos se deciden a votar en las próximas elecciones.

Se abre un importante camino y posibilidad para que el sistema recoja las problemáticas que afectan a este sector en materia de acceso a la educación y a la vivienda, cuidado del medio ambiente e inserción en el ámbito laboral, entre otros aspectos, lo que debe ser aprovechado para obtener soluciones.

Con todo, esta modificación debe ir acompañada de acciones que apunten a reforzar la conciencia cívica de la ciudadanía y, especialmente, de nuevas reformas políticas que permitan fortalecer el poder de los electores, pues de lo contrario, en lugar de incrementar la participación, ésta puede decrecer afectando aún más todavía la legitimidad de las instituciones.

Una verdadera renovación del sistema político chileno debe ir acompañada de otras importantes medidas como el término del sistema binominal, la iniciativa popular de ley y una ampliación del plebiscito como instrumento para la toma de decisiones. Además, debe avanzarse en una mayor descentralización y autonomía de las regiones, a través de la elección democrática del Intendente y los Consejeros Regionales.

Se trata, en definitiva, de que no sólo se amplíe la posibilidad de participar, sino que esta participación tenga real peso en las decisiones que se adoptan.

Fiscalizaremos que recursos aportados a educación particular subvencionada lleguen a profesores y funcionarios.

Dineros públicos para bonos y aguinaldos deben traspasarse. Aumento en la subvención debe permitir reajustar las remuneraciones.

Mediante una indicación que presentamos junto al senador Camilo Escalona y que terminó incorporada en la ley de reajuste del sector público, fiscalizaremos con rigurosidad el traspaso a los profesores y funcionarios de los establecimientos particulares subvencionados de educación, de los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias; bonos de escolaridad y término de conflicto y el reajuste de sus remuneraciones.

Es un motivo de enorme preocupación y de constantes reclamos el hecho que muchos colegios particulares subvencionados no traspasan a los maestros y personal, los beneficios que la ley de reajuste para el sector público les hace extensivo y para lo cual se les entregan recursos fiscales, tanto por la vía de asignar montos específicos para aguinaldos y bonos como incrementando la Unidad de Subvención Educacional.

Existe un porcentaje importante de docentes y funcionarios que año a año se encuentran con este problema, lo que constituye una situación grave, puesto que el Fisco transfiere a los sostenedores los recursos que permitirían realizar los pagos y también reajustar las remuneraciones, requiriéndose trasparentar la situación.

Por este motivo, a través de estos artículos incluidos en la ley de reajuste del sector público, se exige a los sostenedores privados entregar, cada año, al Ministerio de Educación, la información pormenorizada de los beneficios de este tipo pagados a cada uno de sus trabajadores, incluyendo, reajustes, aguinaldos y bonos. Consecuentemente, se obliga al Mineduc a traspasar esta información a las Comisiones de Hacienda, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.

Lamentablemente, no es parte de la iniciativa de los legisladores establecer medidas más imperativas, tales como la suspensión del pago de la subvención a los establecimientos que incurran en estos incumplimientos, pero a través del catastro que se constituirá se permitirá al Parlamento, al Ministerio de Educación y a la futura Superintendencia instar por las acciones legales que permitan el uso adecuado de los recursos públicos.

Nos pareció muy negativa la dura oposición que el Gobierno realizó respecto de la incorporación de esta norma durante su trámite en el Senado. Resulta incomprensible que el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en lugar de apoyar una norma que apunta derechamente a la transparencia y a evitar abusos contra los trabajadores, haya buscado mantener el oscurantismo respecto del uso de dineros de todos los chilenos.

La misma disposición obliga al Ministerio de Hacienda a entregar, también, al Congreso Nacional, la información respecto de otras entidades colaboradoras del Servicio Nacional de Menores, de las Corporaciones de Asistencia Judicial y de la Fundación de Asistencia Legal a la Familia que se encuentran en una situación similar.

Estrés laboral tiene grave incidencia en accidentabilidad, ausentismo y baja productividad.

Fenómeno aún es poco analizado en nuestro país. Debemos legislar para mejorar la pesquisa y actuar sobre sus causas.
Resulta preocupante la falta de una política nacional para abordar el estrés en el mundo laboral. Las investigaciones han comprobado que cuando las demandas del ambiente laboral exceden la capacidad adaptativa de los individuos, se generan cambios psicológicos y biológicos que son un riesgo y fuente de probables enfermedades y accidentabilidad.

Se trata de una materia que los expertos han analizado sólo desde algunas décadas atrás y respecto de lo cual existe aún insuficiente información. Sin embargo, con los datos que han ido surgiendo, se ha constatado que el estrés laboral se sitúa, en la actualidad, como uno de los principales trastornos que afectan a las organizaciones laborales, con enormes costos económicos, por conceptos de demandas, ausentismo, pérdida de productividad y salud mental.

En Europa, por ejemplo, la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea, estimó en el año 2000, que los problemas relacionados, directa e indirectamente, con el estrés laboral afectaban, al menos, a 40 millones de trabajadores de la Unión Europea, un 28% del total.

En los Estados Unidos, por su parte, a principios de los ‘90, más de la mitad de las camas de los hospitales se destinaban a personas con padecimientos producto del estrés. La Oficina de Estadísticas Laborales de ese país ha señalado que de los 550 millones de días de trabajo perdidos en ausencias por enfermedad, el 54% se relacionaban de alguna manera con el estrés. 

Respecto de las causas, éstas son muy variadas. El Acuerdo Marco Europeo sobre Estrés Laboral de 2004, estableció como los principales factores que contribuyen al estrés laboral la organización del trabajo y los procesos laborales; el entorno y las condiciones de trabajo; la comunicación y diversos factores subjetivos. La organización en el trabajo, se relaciona con estructuras excesivamente jerárquicas, sujetas por tanto a relaciones de dependencia y subordinación muy marcadas. El entorno, se refiere a condiciones sanitarias y de seguridad inadecuadas en el ambiente en que se desarrollan las labores, mientras por las condiciones de trabajo, se alude a aspectos tales como la inestabilidad en el empleo, bajo nivel de remuneraciones y deficiencias en la forma en que se desarrollan las actividades (extensión de jornadas, horarios, descansos, etc.)

En nuestro país el estrés laboral ha sido muy incipientemente estudiado y con escaso esfuerzo sistémico, existiendo, sin embargo, algunos estudios que revelan plena concordancia con los análisis internacionales. Por lo anterior, es imprescindible preocuparse más activamente sobre esta problemática. Se requiere un análisis más complejo y sistemático, a nivel país, respecto del estrés laboral y su incidencia en la accidentabilidad ausentismo y productividad laboral.

La Superintendencia de Seguridad Social ha comenzado a aplicar, desde el 2009, la encuesta SUSESO-ISTAS 21, con el objeto de determinar la incidencia del estrés laboral, pero es indispensable complementarla y abordar el problema como una enfermedad profesional y una causa relevante de accidentabilidad laboral.

Por ello, el año 2008 presenté a tramitación un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para obligar a las administradoras del seguro de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo (mutuales) a informar a sus empresas afiliadas sobre las características, riesgos y consecuencias del estrés laboral, al tiempo que se propone incorporar la detección del estrés laboral como una función específica de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad en la ley 16.744.

Lo anterior apunta esencialmente a visibilizar el estrés laboral como factor de riesgo, detectar sus principales causas en materia de organización y condiciones de trabajo y su entorno y actuar sobre ellas para disminuir su prevalencia y consecuencias.

Las energías limpias son viables.

HidroAysén no es el único camino. Sudáfrica acaba de lanzar gigantesco plan de energías no convencionales.

Mientras en Chile se insiste majaderamente en que las fuentes renovables no convencionales no son suficientes para generar la magnitud de energía que necesitamos y que su precio es muy elevado, surgen claras pruebas de que se trata de un opción viable.

Sudáfrica nos acaba de dar una muestra. En los últimos días puso en marcha un gigantesco plan tendiente a ampliar y diversificar su matriz energética.  El programa apunta a obtener hasta 17.800 MW de energías renovables para el 2030, reduciendo así su dependencia del petróleo, carbón y del gas natural. La primera etapa de este impulso, implicó la adjudicación, hace unos días, de 28 plantas de energía termosolar, fotovoltaica y eólica, que involucrarían unos 1500 MW de energía verde.

En los próximos tres años se licitarán nuevos proyectos hasta llegar a 3.745 megavatios, que superan largamente las perspectivas del complejo hidroeléctrico Hidroaysén, que inundaría 5.910 hectáreas en la XI Región y que aportará 2.750 megavatios al Sistema Interconectado Central (SIC).

Lo realizado por Sudáfrica es un claro ejemplo de que existen alternativas a Hidroaysén y que con las fuentes y recursos naturales que Chile posee es posible dotar al país de energía a costos razonables, pero con un menor impacto ambiental. Si bien existen diferencias entre ambas naciones, debemos iniciar un salto hacia la energía verde que el mundo exige y que será vital para que en el futuro nuestros productos mantengan sus mercados de exportación.

HidroAysén no es el único camino posible, menos aún cuando impactará gravemente el ecosistema de la Patagonia, además de afectar a una vasta extensión del territorio con su tendido de transmisión, pero necesitamos actuar con más audacia.

Hay que analizar seriamente el proyecto surafricano y lanzar nuestro propio Plan Nacional sobre la materia. Las energías renovables no convencionales son una opción disponible y viable, pero se requiere decisión para impulsarlas, evitando las inercias y presiones de grupos económicos, que apuestan a seguir con las energías tradicionales.

El proyecto de desmunicipalización del Gobierno no fortalece la educación pública.

No asegura financiamiento suficiente ni garantiza mejoramientos en la calidad. Además, conlleva riesgo de discrecionalidad laboral para el Magisterio.

Quiero expresar mi rechazo a la propuesta del Gobierno sobre desmunicipalización de la educación pública. El proyecto crea las Agencias Públicas de Educación Local, entidades autónomas, de derecho público, que reemplazarán a las municipalidades en la administración de escuelas y liceos, contando para ello con amplias atribuciones para gestionar los establecimientos desde el punto de vista administrativo, financiero y pedagógico. Serán descentralizadas, aunque podrán agrupar más de una comuna y tendrán como giro único el educacional.

Dichas entidades estarán dirigidas por un Consejo Directivo de 5 miembros y por un Director Ejecutivo. El Consejo será el encargado de entregar las directrices centrales y de largo plazo para la agencia, así como su fiscalización general. Tendrá cinco miembros, tres de ellos de carácter local que son el alcalde (si son varias comunas, deberán elegir un representante), un miembro elegido por las asociaciones o centros de padres y apoderados de los establecimientos educacionales administrados por la agencia y un representante designado por los directores de los establecimientos administrados por la agencia. Los restantes dos miembros son designados por el Secretario Regional Ministerial de Educación y por el Intendente con acuerdo del Gobierno Regional, a proposición de las instituciones de educación superior de la zona.

El Director Ejecutivo, en tanto, tendrá a su cargo la administración de los establecimientos, bajo un convenio de desempeño donde se incorporarán las metas y objetivos en base a los cuales su labor será evaluada y, además, deberá regirse por la planificación de largo plazo que le imponga el Consejo Directivo.

El proyecto es extremadamente insuficiente, constituyendo un retroceso respecto de las propuestas elaboradas durante el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet. Su contenido da cuenta de una intención del actual Ejecutivo sólo de cumplir el compromiso adquirido de enviar a tramitación esta iniciativa, sin plantear una reforma de fondo a la administración de la educación pública, que avance realmente en su fortalecimiento.

La iniciativa insiste en un sistema descentralizado que ya fracasó, reemplazando la municipalización por una figura autónoma similar y que puede terminar concentrada en el alcalde. 

La propuesta no asegura un compromiso claro del Estado con las escuelas y liceos, no garantiza un financiamiento suficiente ni representa mejoramiento alguno en la calidad. El texto, además, acrecienta la discrecionalidad en materia laboral respecto de los profesores, producto de atribuciones radicadas en el director ejecutivo y los directores de establecimientos.

Hay un deterioro grave en la calidad del empleo.

Estadísticas laborales del Gobierno ocultan que en los últimos años se generaron especialmente puestos de trabajo informales, precarios y transitorios.
Está quedando en evidencia que en los últimos años más que crearse empleos formales, bien remunerados y estables lo que se está produciendo es autoempleo precario y de baja calidad.

Así lo demuestra la baja en la densidad previsional de casi 10 puntos en los últimos tres años, que muestran los estudios de la Superintendencia de Pensiones. Si hasta el año 2008 los trabajadores cotizaban un 56% de todos los meses de su vida laboral, hoy sólo lo hacen el 46%, lo que impacta severamente en sus futuras pensiones.

Si bien la creación de empleo independiente o informal es habitual al término de una crisis económica, como la vivida por el mundo y nuestro país en el año 2008, acá han transcurrido varios años y las cifras no se modifican sustantivamente, sino que empeoran, o sea hay un deterioro evidente en la calidad del empleo que se está creando.

Este informe es una clara luz de alerta respecto de las estadísticas de empleo que ha mostrado el Gobierno en los últimos años. Se demuestra claramente que no se han creado 500 mil empleos formales, sino que miles de chilenos han sido conducidos a la informalidad o a un empleo independiente, rotativo y de baja calidad.

El legislador recordó diversos estudios especializados, como los de Fundación Sol, que revelan que más del 60% de los empleos creados durante el actual Gobierno son trabajos “por cuenta propia”, “personal de servicio doméstico”, “familiar no remunerado”, o empleadores de microempresas de menos de 5 personas, los que suelen ser precarios y no están cubiertos por los sistemas de protección habituales, como la previsión.

Resulta urgente ocuparse de la calidad del empleo que se está creando. Por ello solicitaré a la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta destinar una sesión a revisar en profundidad las cifras sobre generación de empleo en los últimos meses y analizar la necesidad de que las políticas públicas apunten a la creación de empleo de mejor calidad.

Deben investigarse accidentes fatales ocurridos en ENAP

Gobierno debe cumplir con legislación comprometida tras accidente en Mina San José.

Un segundo accidente fatal, en casi una semana, enluta a la Empresa Nacional del Petróleo en Magallanes. Este sábado perdió la vida Manuel Onofre Alvarado Serón, de 45 años, quien recibió una descarga eléctrica en el Bloque Dorado Riquelme. El viernes de la semana recién anterior había fallecido René Dobson Mancilla, de 58 años, mientras realizaba faenas de limpieza, cerca de Posesión.

Junto con expresar las condolencias a los familiares de las víctimas, lamentando estos dolorosos acontecimientos; es necesario demandar una acuciosa investigación de los hechos y exigir a la empresa reforzar las medidas de seguridad.

Dos accidentes fatales en tan corto tiempo, sin duda, deben llamar la atención sobre el cumplimiento de los procedimientos y protocolos y, muy especialmente, respecto de la inversión para asegurar la vida e integridad de los funcionarios, como lo ha demandado el sindicato de trabajadores.

Además, es imprescindible reforzar la legislación en materia de seguridad laboral. Tras el accidente de la Mina San José hubo un amplio consenso nacional y promesas del Ejecutivo de mejorar la normativa en la materia. Los proyectos de ley se retrasaron más de lo conveniente y hoy, a más de un año del rescate de los 33 mineros, sólo tenemos dos propuestas legales del Gobierno en el Parlamento, una que modifica la estructura de la Superintendencia y otra que reforma la institucionalidad en materia de seguridad minera.

Sin embargo, no hay iniciativa alguna de la actual administración para agravar las sanciones por infracciones a las normas sobre seguridad y sigue pendiente la necesaria reforma de las mutuales. Por el contrario, se han producido numerosos despidos en la Dirección del Trabajo y se cerró la Unidad Inspectiva Programada de Oficio (UIPO), a comienzos de la actual administración, lo que implica un claro debilitamiento de la fiscalización.

Necesitamos que los discursos del presidente Sebastián Piñera y sus Ministros, durante las faenas de rescate en Atacama, se traduzcan en modificaciones concretas que avancen en la prevención y, al mismo tiempo, fortalezcan la fiscalización y sancionen drásticamente los abusos empresariales para evitar que más trabajadores sigan perdiendo la vida producto de fallas en la seguridad.

Aumentar cotización previsional es echar la plata en un saco roto.

Baja densidad en ahorros comprueba que los empleos creados en actual gobierno son precarios y de baja calidad.

El Gobierno ha anunciado su intención de constituir una Comisión que analizará un eventual incremento de la cotización previsional obligatoria, que actualmente ronda el 10% y que podría llegar al 12 ó 13%.

Aumentar la cotización hoy es echar la plata en un saco roto. No resulta posible pensar en una modificación de esta naturaleza sin hacerse cargo de la profunda desconfianza de los chilenos en el actual sistema, por sus altos costos y las bajas pensiones que entrega, a lo que se ha agregado la baja sostenida en la rentabilidad ocurrida en los últimos años.

Más que modificaciones cosméticas a un sistema fracasado, lo que debería pensarse es avanzar a una reforma estructural que incorpore un pilar solidario al esquema previsional y reemplace la administración privada de los fondos.

No hay que olvidar que la promesa que sustenta este sistema fue la posibilidad de otorgar pensiones de un 80% del último sueldo del trabajador con una cotización menor a la que existía en las antiguas cajas. Si hoy sus impulsores se dan cuenta que eso no se puede cumplir lo que corresponde es reconocer que el esquema fracasó en sus supuestos fundacionales y buscar una corrección global.

Asimismo, la baja en la densidad previsional que muestran los estudios de la Superintendencia de Pensiones y que han motivado la preocupación del Gobierno, echan por tierra las cifras de empleo que han lucido las autoridades en los últimos años.

Este informe es un desmentido rotundo a las estadísticas de empleo que ha mostrado el Gobierno. Acá se demuestra claramente que no se han creado 500 mil empleos formales, sino que miles de chilenos han sido conducidos a la informalidad o a un empleo independiente, rotativo y de baja calidad.