Trabajadores de Magallanes en la desprotección por cierre de dependencias de la Dirección del Trabajo

Ministra Evelyn Matthei comprometió una solución urgente que permita normalizar atención de público

Los trabajadores de la Región de Magallanes se encuentran por estos días en la total desprotección, por las dificultades de funcionamiento en que se encuentra la Dirección del Trabajo.

Al incendio que afectó a las dependencias del servicio en Puerto Natales se sumó la clausura de las instalaciones de Punta Arenas por problemas sanitarios. Producto de ambas situaciones hoy las principales ciudades de nuestra región no están disponibles para atender los requerimientos de los usuarios.

Me preocupan los inconvenientes que a consecuencia de ello enfrentan miles de trabajadores de Magallanes que no pueden hoy realizar sus denuncias o audiencias, ni desarrollar otros trámites habituales, por lo que resulta imprescindible solucionar el problema al más breve plazo.

Con este objetivo, me comuniqué con la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei, a quien recalqué la gravedad de la situación y la desprotección que ella acarrea para los trabajadores, solicitándole la adopción de las acciones que permitan reponer los inmuebles de la Dirección del Trabajo, pero también adoptar medidas provisorias urgentes para normalizar la atención de público.

La Ministra se mostró muy preocupada por la situación y me señaló que requeriría de inmediato los antecedentes del caso e instruiría para agilizar las soluciones que permitan reanudar el servicio.

Por fin tenemos un buen postnatal !!

Aportes de la Concertación mejoraron el proyecto. Gran defensa de funcionarias públicas de zonas extremas.

Se ha aprobado en forma definitiva el proyecto de ley que extiende el postnatal tras el impasse surgido ayer por el cómputo de la bonificación de zonas extremas en el subsidio maternal. La decidida acción de los senadores por las regiones apartadas permitió mejorar el proyecto y evitar el enorme perjuicio que hubiera significado la aprobación del texto acordado por los diputados con el Gobierno.

En estas horas de postergación pudimos no sólo evitar ese grave retroceso sino conseguir que durante el postnatal se mantengan tanto la bonificación de zonas extremas como la asignación de zona y, además, que ello sea extensivo no sólo a las funcionarias públicas regidas por el Estatuto Administrativo, sino a las reguladas por el Código del Trabajo, como personal de la salud, universidades y asistentes de la educación.

El proyecto tuvo, en general, durante su análisis, mejoramientos muy significativos. Del texto enviado al Congreso por el Presidente Sebastián Piñera quedó sólo la idea, pues fue modificado casi en su totalidad con los aportes de la Concertación. Así, logramos la ampliación de la cobertura del postnatal a mujeres temporeras en actividad, temporeras cesantes y trabajadoras independientes y el aumento en el tope del subsidio maternal que, en la propuesta del Ejecutivo, perjudicaba a miles de mujeres profesionales. Asimismo, pudimos desechar materias negativas del texto inicial como la reducción del fuero laboral y el derecho a amamantar para las trabajadoras part time.

Quedó de manifiesto que no se trataba de un capricho político ni obstruccionismo de la Concertación, sino que se demostró la fortaleza de nuestro argumentos . Dijimos que era posible avanzar para tener un postnatal extendido sin letra chica y sin retroceder en las conquistas y derechos que tanto ha costado obtener y así ha sido.

Proyecto postnatal perjudica a funcionarias públicas de Magallanes

Acuerdo logrado en la Cámara de Diputados excluye la bonificación de zonas extremas del cálculo del subsidio maternal. Asimismo obligará a funcionarias a tramitar personalmente el pago.

Una enérgica defensa de las funcionarias públicas de las regiones extremas del país realicé durante la sesión de las comisiones unidas de Trabajo y Salud de la Cámara Alta que analizó las modificaciones que la Cámara de Diputados introdujo al proyecto que extiende la duración del postnatal.  Ello porque el acuerdo logrado en la Cámara Baja, entre los diputados y el Gobierno, perjudica a las madres funcionarias públicas de territorios apartados al excluirse la bonificación de zonas extremas del cálculo del subsidio maternal. “Eso puede significar unos $ 81.000 por cada mes que se extienda el postnatal"

Asimismo, esa disposición, el artículo 6º del proyecto de ley, contempla otro aspecto mal resuelto, como es la tramitación administrativa del postnatal parental, vale decir el período que se agrega al actual y que va desde la 13ª semana siguiente al nacimiento. “

En dicho período, será la propia funcionaria la que deberá tramitar su subsidio y no el servicio público lo que significará pérdida de tiempo, complicaciones y retrasos en el pago.”

Ambos aspectos constituyen una de las últimas letras chicas de la iniciativa. Anunció que si el Gobierno no corrige este artículo para incorporar la bonificación de zonas extremas al cálculo del subsidio y reparar esta deficiencia administrativa que obliga a las funcionarias a tramitar personalmente su subsidio, pedirá que se vote separadamente y rechazará la disposición, junto con otros parlamentarios de las regiones cuyos trabajadores reciben este beneficio.

Lamentablemente, hasta ahora, ni la Ministra Schmidtni el Ministro Larroulet han querido modificar el acuerdo logrado en la Cámara de Diputados y persisten en incorporar esta norma que perjudica a las trabajadoras públicas de las regiones extremas y, particularmente a las de Palena, Aysén y Magallanes, que cuentan con una bonificación mayor.

Encuesta CERC refleja que sobreendeudamiento gana por paliza cualquier elección.

Debemos legislar en forma urgente para aliviar carga financiera de las familias.

Hay quienes sólo observan los resultados de las encuestas a nivel político, sin ocuparse de aquéllos otros indicadores que revelan los problemas más apremiantes para la ciudadanía, entre los que se cuenta claramente el elevado nivel de endeudamiento.

En este sentido, la CERC nos muestra datos muy inquietantes - pero nada sorprendentes. El estudio demuestra que desde 1987 se viene registrando un aumento sostenido del grupo de personas que están endeudadas y con dificultades para pagar. 

Según el estudio, un 46% de los chilenos tiene dificultades para pagar sus compromisos, en tanto otro 12% se declara en una situación aún más aflictiva. Lo anterior representa un salto de casi 20 puntos en el sobreendeudamiento desde la última vez que se realizó la consulta en la encuesta CERC, en diciembre de 1999.

La masificación en el uso en las tarjetas de crédito y la mantención de un nivel de remuneraciones extremadamente bajo explica en buena parte esta grave situación que se agudiza al analizar las cifras de endeudamiento a nivel juvenil y por grupos socioeconómicos.

Así, quienes se encuentran entre los 18 y 25 años presentan niveles de endeudamiento comparables a los demás tramos, bordeando el 50%, en circunstancias que muchos de ellos están en etapa de estudios o comenzando su vida laboral y, por tanto, con empleos aún precarios. Por segmentos socioeconómicos, en tanto, es muy relevante que un 90% de quienes se declaran de estrato bajo tengan un nivel de endeudamiento elevado, mientras sólo el 6% de ellos, no registran obligaciones financieras.

Estas cifras revelan claramente la angustia que viven millones de chilenos cada mes y que les obliga a vivir exclusivamente para pagar sus deudas o incluso, pedir préstamos en un lugar para pagar otros compromisos. Ello debe ser recogido por las autoridades económicas y por el Parlamento, con el objeto de legislar para incrementar sus ingresos, por ejemplo, mediante el fortalecimiento de la negociación colectiva y establecer correcciones que alivien su situación financiera, disminuyendo la tasa máxima convencional y, especialmente, legislando sobre la insolvencia de hogares para enfrentar el sobreendeudamiento sin tener que recurrir a la “bicicleta”.

Por eso el 2006 presenté un proyecto de ley que establece un procedimiento para la declaración de insolvencia que recoge experiencia internacional. La iniciativa crea dos sistemas paralelos. El primero, de carácter preventivo y extrajudicial, somete la situación del deudor, que aún no ha sido demandado, pero que advierte su situación de incapacidad para pagar, a un mediador que procura un acuerdo entre éste y sus acreedores. El segundo, de carácter judicial, ocurre cuando el deudor ya ha sido demandado por algunos de sus acreedores. En ese caso, podría oponer una excepción de insolvencia grave, tras la cual se notifica a los restantes acreedores para que en un solo juicio y con la participación activa del Juez se busque un acuerdo.

La participación del mediador o el Juez, según el caso, permitiría al deudor abordar en un solo procedimiento y con condiciones, tasas y plazos razonables todos sus compromisos, eliminando la necesidad de recurrir a nuevos créditos o repactaciones abusivas.

Proyecto carbonífero en Natales es un grave riesgo.

Sostuve una reunión con Alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, con quien compartimos inconveniencia de explotación minera.

Una extensa reunión sostuvimos con el Alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, ocasión en que intercambiamos opiniones en torno al proyecto carbonífero que se desarrollaría en la zona de Llanuras de Diana.

El Alcalde me reseñó los antecedentes que el Concejo Municipal de la capital de la Provincia de Última Esperanza conoció acerca del puerto que Minera Sur S.A. pretende construir en Bahía Desengaño y que servirá de apoyo a la explotación minera y me explicó los motivos que tuvo el ente colegiado local para expresar su rechazo.

Conforme la normativa ambiental, al requerirse una concesión marítima se debe consultar al municipio local, entidad que manifestó su opinión negativa respecto del proyecto por no ajustarse a los lineamientos de desarrollo definidos por la comuna.

Comparto plenamente la preocupación de la comunidad natalina y reitero mi inquietud por el efecto que la proliferación de proyectos mineros y acuícolas puede tener en el medio ambiente de la zona y, consecuentemente, en la actividad turística y pesquera.

Si bien, el proyecto carbonífero de Llanuras de Diana está aún en sus fases iniciales, por lo que se desconocen antecedentes muy concretos, es un hecho que se trata de una actividad que, por sus características, constituye un peligro para el entorno. Reiteró, asimismo, la inonveniencia que el Plan Magallanes, iniciativa del actual Gobierno para el desarrollo de la zona austral, anticipe una decisión favorable a estas iniciativas. 

Creemos que la salmonicultura intensiva y los proyectos carboníferos, tanto en Isla Riesco como ahora en Llanuras de Diana, ponen en serio riesgo la estrategia de desarrollo que la región y, particularmente, la comuna de Puerto Natales, han definido.

La creación de empleo e inversión debe ser compatible con el medio ambiente y con otras actividades productivas ya asentadas. Se debe tener muy presente el gran desarrollo del turismo de intereses especiales que la región ha priorizado y que significa la llegada de miles de visitantes anualmente cuyo destino son los Parques y Reservas Nacionales.

Ello puede ser afectado en forma irreparable por cualquier episodio de contaminación y con el deterioro estético que indudablemente ocasionan la acuicultura y la minería.

Actitud pasiva del Gobierno con Alcalde Labbé demuestra su incompetencia en conflicto estudiantil

Silencio del Ejecutivo avala la municipalización y la segregación escolar, puntos claves en las movilizaciones.

La falta de definición del Gobierno en torno a la decisión del Alcalde de Providencia, Cristián Labbé, de cerrar el año escolar en los planteles tomados y de limitar las matriculas en los establecimientos de su comuna a estudiantes de otros sectores de la capital, refleja su incompetencia para solucionar el conflicto. 

El Ejecutivo demuestra su falta de credibilidad y de posturas claras que permitan avanzar en la solución del conflicto estudiantil. No es comprensible que se eludan dos temas que son precisamente parte sustantiva de las movilizaciones como la necesidad de desmunicipalizar de la educación pública y de evitar la segregación.

El Gobierno ha perdido la ocasión de señalar que precisamente por estos actos de autoridad de algunos alcaldes es que la educación pública debe ser administrada de otro modo, por órganos en que el Estado tenga un rol protagónico que evite la arbitrariedad y muestre su firme compromiso financiero y pedagógico con los establecimientos públicos.

El Gobierno y particularmente el Ministro Bulnes debieron, además, ser enérgicos para sostener que la decisión sobre el año escolar y su calendarización es una materia de competencia del Ministerio de Educación y para rechazar todo acto de segregación y selección a nivel comunal.

Al entregarle la decisión a la Contraloría, el Gobierno se "lava las manos" sobre aspectos fundamentales, demuestra su total incompetencia, su falta de definición frente a los temas claves del conflicto, como el fin al lucro, la desmunicipalización y la gratuidad y da la razón a que los jóvenes no quieran sentarse a mesas de negociación donde no hay garantías ni existe consenso sobre los principales temas de la agenda.

Pavimentación en Tierra del Fuego debe privilegiar Porvenir como capital provincial

Durante discusión del presupuesto insistiré en pavimentación de ruta Manatiales – Porvenir – San Sebastián

Como lo he señalado en reiteradas ocasiones, el mejoramiento vial de la Isla de Tierra del Fuego debiera alcanzar inicialmente sus principales centros poblados, a saber: Primavera - Cerro Sombrero, Timaukel - Cameron y Porvenir.

Resulta evidente que debería priorizarse la pavimentación del tramo carretero Manantiales - Porvenir y Porvenir - San Sebastián, en lugar de la ruta que une Bahía Azul - San Sebastián, alternativa cuyo principal uso es el transporte de carga argentino.

No se trata de caer en un nacionalismo torpe, pues los magallánicos bien sabemos las necesidades de la integración austral y de la complementación económica de nuestros pueblos, lo que debe fomentarse y acrecentarse día a día. Sin embargo, la primera prioridad en cualquier decisión de inversión son las personas que habitan una zona, más aún si ella es aislada, lo que acá no se ha atendido suficientemente.

Las explicaciones entregadas por el MOP y la Cancillería en el sentido de cumplir compromisos internacionales, son insuficientes. En la Patagonia argentina se ha privilegiado la pavimentación y mejoramiento de las rutas atlánticas que sirven de interconexión a sus principales ciudades y no la ruta 40 que favorecería una comunicación más expedita del territorio chileno.

La decisión de privilegiar la ruta Bahía Azul - Onaisín es un error histórico que conspira contra el desarrollo y progreso de Tierra del Fuego. Ello no se logra transformándola en un expedito corredor de carga de un par de horas, sino abriendo nuevas oportunidades, incorporando servicios y, en general, permitiendo una comunicación permanente entre sus centros poblados y mejorando la calidad de vida para sus habitantes.

Por tal razón, durante la discusión presupuestaria insistiré ante el Ministerio de Obras Públicas, con el objeto de que se expliquen adecuadamente los acuerdos que se han invocado y se analice la posibilidad de reconsiderar esta decisión y privilegiar la pavimentación del trazado que incorpora la capital provincial.

Debemos modificar el actual sistema de pensiones

Esquema de capitalización individual está agotado. Presentamos reforma constitucional para poder optar por el sistema de reparto.

Junto a los senadores Isabel Allende, Ximena Rincón, Fulvio Rossi y Camilo Escalona hemos presentado un proyecto de reforma constitucional que pretende entregar a los cotizantes la opción de elegir entre un modelo de capitalización individual y alternativas de reparto. La inestabilidad que vive la economía internacional, a sólo tres años de la crisis anterior, ha  generado importantes caídas en las bolsas de todo el mundo y una enorme incertidumbre.

El dato más relevante es que la rentabilidad promedio de los fondos de pensiones, sigue declinando como lo revelan las cifras. Habitualmente, las estadísticas se realizan tomando o el inicio del sistema, que incluye el ciclo positivo de la salida de la debacle de los ’80 o el inicio de los multifondos, el 2002, que incorpora el período de salida de la crisis asiática. Ello desvirtúa los datos. Si no se toman esos períodos la rentabilidad de las AFP ha disminuido notablemente, al tiempo que no se han cumplido los supuestos bases del sistema, como era una menor rotación laboral y una mayor densidad de cotizaciones de los trabajadores.

Hoy, con la rentabilidad en torno a un 6-7% anual, una rotación laboral muy lejana al 70% proyectado y una densidad acumulada de imposiciones que apenas alcanza a 52% como porcentaje de meses de afiliación en que se registran cotizaciones; las AFP están muy lejos de entregar pensiones del 75% de las últimas remuneraciones como se prometió.

Según el Boletín de la Superintendencia, el número de pensiones pagadas en el mes de marzo de 2011 ascendió a 856.029 con un monto promedio de $175.215, de las cuales 418.678 corresponden a la modalidad de Rentas Vitalicias y 411.891 a la modalidad de Retiro Programado, con un monto promedio de $213.193 y $127.127, respectivamente.

Asimismo, el sistema tiene costos de administración altísimos. Es un sistema ineficiente y caro. Según estudios las administradoras y compañías de seguro han recibido, como primas y comisiones, uno de cada tres pesos cotizados por los afiliados desde 1981.

Es un sistema que fracasó rotundamente. Se trata, sin duda, del próximo lucro que hay que enfrentar en la sociedad chilena, como lo han hecho diversos países que ya han terminado con la capitalización individual en los últimos años.

Indicó que la reforma constitucional que promueve, junto a otros legisladores, tiene por objeto otorgar a los chilenos una alternativa de solidarizar sus riesgos de vejez, invalidez y sobrevivencia, pues se ha comprobado que el sistema de AFP sólo entrega pensiones suficientes a quienes pueden incrementar su ahorro con cotizaciones adicionales, lo que está muy lejano para la inmensa mayoría de trabajadores, que, con su nivel de ingresos, alta rotación y baja densidad, unido a los elevados costos de administración, recibirá pensiones miserables.

¡ A parar la bicicleta !

Necesitamos una ley de insolvencia familiar.

La situación de La Polar instaló el debate sobre los enormes abusos que se cometen con los clientes. Las repactaciones ilegales son sólo una parte de un combo que incluye cargos indebidos, seguros asociados irregularmente, tasas de interés que lindan en la usura y un tema que me ha ocupado permanentemente: la falta de una ley de insolvencia o quiebra de los hogares.

Desde el 2006 he planteado que Chile necesita un sistema que permita a las familias enfrentar situaciones de sobreendeudamiento en condiciones razonables y presenté un proyecto en el Parlamento. Es el drama de la “bicicleta” el que angustia a la familia chilena y agrava su crisis financiera.

Hoy no existe mecanismo alguno para salir de la iliquidez. Si una familia no tiene como pagar sus compromisos económicos comienza una pesadilla donde cada acreedor le cobra por separado. Una seguidilla interminable de amenazas, cobranzas y embargos que el deudor trata de atajar  a duras penas.

En la desesperación, se sube a la bicicleta y comienza el pedaleo. Cuesta arriba. Acepta repactaciones abusivas de multitiendas y bancos y pide préstamos para pagar otras deudas. Salvo un milagro financiero y laboral, sólo agrava su problema. Al cabo de unos meses el colapso es total y deberá varias veces más que cuando explotó la primera deuda. Esto podría evitarse si tuviéramos para los hogares algo similar a la quiebra de las empresas.

Lo que he propuesto – y que recoge experiencia internacional - involucra dos sistemas paralelos. El primero, de carácter preventivo y extrajudicial, permite que el deudor, que aún no ha sido demandado, pero que advierte su situación de incapacidad para pagar, entregue su caso a un mediador que procura un acuerdo con sus acreedores. El segundo, de carácter judicial, ocurre cuando el deudor ya ha sido demandado. En ese caso, podría oponer una excepción de insolvencia grave, tras la cual se notifica a los restantes acreedores para que en un solo juicio y con la participación activa del Juez se busque una solución.

Así, en la gran mayoría de los casos, con intervención del mediador o del Juez, el deudor logrará un convenio con todos sus acreedores a la vez que contendrá un plan de pagos, con plazos, tasas y condiciones razonables. En casos extremos, en que la situación no le permitiera acceder a un acuerdo o que no cumpliera el plan de pagos y se llegue al remate, el sistema también le favorece, pues le permitiría optimizar el uso de sus bienes para pagar. Hoy, además de la pérdida de tiempo, la existencia de juicios paralelos, aumenta los costos. Cuando la pesadilla termina, el deudor pierde todos sus bienes y ni siquiera abona a la deuda.

Necesitamos bajar las tasas de interés y una fiscalización más activa para detener los abusos. Pero también requerimos, con urgencia, una ley de insolvencia y sobreendeudamiento que permita a los deudores abordar todas sus deudas en conjunto y someterlas a un convenio de pago con plazos, tasas y condiciones razonables.

¡ A parar la bicicleta !

Debemos enfrentar sobreendeudamiento de los hogares

En reunión con Ministro Longueira solicité apoyo para proyecto de ley sobre insolvencia

En una reunión llevada a cabo este lunes en Santiago, con el Ministro de Economía, Pablo Longueira, le presenté una propuesta legislativa en relación al sobreendeudamiento de los hogares. Se trata de un proyecto de ley que crea un mecanismo similar a la quiebra de las empresas, que permitiría a las familias enfrentar estas situaciones se insolvencia, con la intervención de un mediador o el juez.

La idea es que este mediador o el Juez reúna al deudor con todos sus acreedores y, en conjunto, se establezcan condiciones razonables de pago, con bajas tasas y plazos suficientes, que permitan a los hogares salir del sobreendeudamiento, sin tener que recurrir a repactaciones abusivas o a nuevos préstamos.

Tenemos que terminar el drama de la “bicicleta”. Una ley de insolvencia y sobreendeudamiento permitiría a la gente abordar todas sus deudas en conjunto y someterlas a un mecanismo común de pago con tasas y condiciones razonables.

El mecanismo involucra dos sistemas paralelos. El primero, de carácter preventivo y extrajudicial, somete la situación del deudor que aún no ha sido demandado, pero que advierte su situación de incapacidad para pagar, a un mediador que procura un acuerdo entre éste y sus acreedores. El segundo, de carácter judicial, ocurre cuando el deudor ya ha sido demandado por algunos de sus acreedores. En ese caso, el afectado podría oponer una excepción de insolvencia grave, tras la cual se notifica a los restantes acreedores para que durante el juicio y con la participación activa del Juez, se elabore un plan de pagos, con tasas y condiciones razonables.

En caso que la situación del deudor no le permitiera repactar o que no cumpliera el plan de pagos acordado y se llegara al procedimiento ejecutivo, vale decir el embargo y remate, el sistema le permitiría optimizar el uso de sus bienes. Hoy el deudor se ve enfrentado a sucesivos juicios con cada uno de sus acreedores, lo que constituye una pérdida de tiempo y recursos que sólo aumenta el costo de los procedimientos, perdiendo al final todos sus bienes sin conseguir reducir sus deudas.

Una ley en este sentido, similar a la que tienen muchas naciones del mundo, es el complemento necesario de las medidas que se han anunciado para reducir la tasa de interés máximo convencional. El Ministro Pablo Longueira manifestó su interés en el proyecto, indicando que éste coincide con las líneas de trabajo que está analizando su cartera por lo que comprometió su estudio para evaluar un posible patrocinio o la incorporación de sus contenidos a una iniciativa similar.

Hay que preocuparse de aeródromos y embarcaderos de zonas aisladas.

Comisión de Zonas Extremas del Senado requerirá al MOP un catastro de la infraestructura y equipamiento

Porvenir, XII Región

Recogiendo una solicitud del Senador Pedro Muñoz (PS); la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara Alta acordó requerir al Ministerio de Obras Públicas un informe referido al estado que presentan los principales puertos, embarcaderos y aeródromos de las zonas apartadas del país.

El legislador recordó que “la tragedia aérea que ha costado la vida a 21 compatriotas que se dirigían a la Isla Robinson Crusoe se suma a la ocurrida hace algunos años con el volcamiento de una embarcación en el Lago Maihue y a diversos otros accidentes menos conocidos, revelando las enormes dificultades que los habitantes de las zonas extremas enfrentan habitualmente para sus comunicaciones con el resto del país.”

“Hay muchos lugares donde las condiciones del transporte aéreo, marítimo, lacustre o fluvial son realmente precarias, arriesgando la vida de muchos compatriotas y dificultando enormemente su vida cotidiana, como la provisión de insumos y atenciones de salud” – sostuvo.

A juicio del parlamentario socialista estas dramáticas experiencias deben servir para actualizar la información disponible y adoptar  medidas que permitan disminuir al máximo los riesgos de accidentes, mejorando sostenidamente la infraestructura, equipamiento y condiciones de operación de puertos, embarcaderos y aeródromos, como también las exigencias para las naves y operadores que cubren esas rutas.

La Comisión compartió dicho planteamiento y acordó preliminarmente solicitar al Ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, un catastro del estado actual de estos sitios e infraestructuras y sus planes de inversión futuros. Muñoz indicó que es posible que ello sea complementado posteriormente con nuevos requerimientos a las entidades encargadas de la fiscalización de tales instalaciones y sus condiciones de operación, como la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante Nacional.

El legislador por Magallanes descartó completamente que estas gestiones tengan como finalidad adentrarse en las causas que derivaron en el accidente aéreo del Archipiélago de Juan Fernández, manifestando que “esa es tarea de los organismos competentes” y agregando que “nuestra labor y objetivo, como representantes de zonas apartadas de nuestro territorio, es recoger las lecciones que nos dejan estos trágicos hechos y procurar contribuir para minimizar su ocurrencia en el futuro.”

Gran acuerdo para extensión del postnatal.

Aportes de la Concertación fueron sustantivos en mejoramiento del proyecto original

El proyecto que amplía el período de permiso postnatal a seis meses tuvo un decisivo avance tras el acuerdo logrado entre el Gobierno y parlamentarios. La fórmula que destrabó la iniciativa contempla ofrecer a las madres trabajadoras una opción para la extensión del postnatal. Así, después de los primeros tres meses de postnatal con tope de 66 UF que existen en la actualidad; podrán elegir entre un postnatal parental por 12 semanas (tres meses adicionales) con el subsidio íntegro con el mismo tope de 66 UF o sumar 18 semanas de postnatal (cuatro meses y medio adicionales), obteniendo la mitad del subsidio que les correspondería y reintegrándose a sus labores en régimen de media jornada.

La posición unánime adoptada por la Concertación en el Senado en defensa de las madres y sus hijos fue fundamental para que el Gobierno flexibilizara su proyecto original y se allanara a eliminar la reducción del tope al subsidio maternal y que afectaba a miles de mujeres profesionales. “Dijimos que podíamos avanzar en extender el postnatal a seis meses sin letra chica y sin retroceder en los derechos de las trabajadoras y así fue."

Asimismo, durante dicha discusión quedaron descartados otros aspectos negativos del proyecto original como la reducción del fuero laboral y la perdida del derecho a amamantar para las trabajadoras partime y allí surgió, también, la necesidad de aumentar significativamente la cobertura incorporando al proyecto a las trabajadoras independientes y temporeras y también a aquéllas que pertenecen al 60% de los hogares más pobres del país.

Estamos muy satisfechos por este avance que es un premio al esfuerzo y constancia de tantas organizaciones sociales, de mujeres; ONG’s, asociaciones de funcionarios, sindicatos, entidades médicas y científicas y de la comunidad, en general, que se ha visto coronado con este acuerdo que revela la disposición de un país que avanza en la protección y cuidado de sus niños.