El Gobierno abandonó a nuestra región. Este es el verdadero Plan Magallanes.

ENAP decidió incrementar el valor del gas que vende a la distribuidora local Gasco Magallanes y con la que ésta provee a nuestra región. En el marco de la renovación del contrato entre ambas entidades, la estatal anunció un aumento en el valor del insumo de un 16.8%, la mayor alza aplicada en los últimos años.

Asimismo, el convenio implicaría una importante modificación en la estratificación de los usuarios, incorporándose un sobreprecio a los medianos consumidores a través de disminuir el umbral para aplicar una sobretasa, la que se rebajaría de los 25.000 m3 mensuales de consumo actuales a sólo 1.000 m3, afectando a sectores residenciales y productivos y, también a otros suministros, como la electricidad, pues la abastecedora local EDELMAG utiliza dicho combustible.

Lo ocurrido significa un duro golpe para Magallanes, pues implicará un alza importante en las tarifas, tanto a nivel residencial como industrial, pero más que eso, el resultado de este contrato significa poner fin a una política sostenida de contener el precio de este importante insumo a través de ENAP.

El Gobierno abandonó a Magallanes. Se ha privilegiado equilibrar el balance de ENAP con miras a una eventual privatización y alentar la inversión de los privados en la exploración a costa de cargar con un mayor costo a los usuarios. El Gobierno Regional ha actuado con pasividad y ha sido incapaz de defender los intereses de los habitantes de nuestra zona.

Exigimos que se expliquen las razones de este incremento en el precio de venta a Gasco Magallanes y clarificar el impacto preciso que tendrá en las tarifas. Al mismo tiempo, llamo a la ciudadanía, a través de las organizaciones sociales y a los sectores productivos a movilizarse para rechazar las eventuales alzas y, especialmente, el cambio de orientación de las políticas públicas que implican entregar exclusivamente al mercado un tema tan vital para los magallánicos.

Este es el verdadero Plan Magallanes que ofrece este Gobierno, castigar a los usuarios para mejorar los negocios. El Gobierno Regional debe asumir la responsabilidad que le compete para defender ante las autoridades centrales el derecho de los magallánicos a contar con un insumo tan imprescindible a precios bajos. Estamos hablando de precios bajos y no de precios preferentes, juego de palabras con el Gobierno ha pretendido eludir la problemática.

Funcionarios públicos merecen reajuste digno y compromiso de estabilidad laboral

Respaldó movilizaciones de la ANEF y exigió revisión caso a caso de los despidos ocurridos en la administración pública

El Gobierno es el único responsable del rechazo del proyecto de reajuste que fue desechado por la Cámara de Diputados durante la presente semana. El Ejecutivo forzó la discusión con una propuesta de incremento miserable, apenas compensatorio del IPC y más aún, en medio de una ola de despidos que costó el cargo a más de 1.500 funcionarios sólo en los dos últimos días de Noviembre.
Las explicaciones del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, son insuficientes, sobre todo cuando el propio Gobierno se ha ocupado de señalar insistentemente el promisorio escenario económico del país con cifras record en consumo, producción industrial y empleo, como asimismo un alto valor de los principales productos de exportación, especialmente el cobre.
En ese contexto se proponga un reajuste de 3.7% es una burla para los funcionarios públicos que merecen compartir el éxito del país y las holguras de la caja fiscal, por lo respaldo plenamente las demandas de la ANEF y las movilizaciones emprendidas por los funcionarios.
Asimismo, un acuerdo en materia de reajuste debe considerar un compromiso de estabilidad para los empleados públicos y la revisión caso a caso de los despidos ocurridos en el último tiempo. Se ha procedido con total abuso, mandando gente a la calle en forma arbitraria, sin considerar su capacidad y experiencia e incluso sin respetar licencias médicas o maternidad y, más aún, en pleno diciembre, período particularmente sensible para las familias.
Los errores ocurridos en la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana, donde debió echarse atrás en el despido de 119 funcionarios, han puesto una luz de alerta en los criterios utilizados y siembran una legítima duda acerca de la justificación de muchas de las exoneraciones. Creemos que debe existir una profunda revisión, caso a caso, lo que debe quedar comprometido en el proyecto de reajuste.