agosto 19, 2010

Expresiones del Presidente Piñera sobre exploración de hidrocarburos son desafortunadas

Debe ampliarse giro de ENAP a las energías alternativas

Las expresiones del Presidente Sebastián Piñera, quien durante su reciente visita a Magallanes, se refirió a la explotación de hidrocarburos en la zona y sus potencialidades futuras afirmando que “lo que pasa es que hay que saber buscar” resultan muy desafortunadas.


Esas declaraciones han significado una ofensa gratuita para los trabajadores y ex trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, que por varias décadas han entregado su esfuerzo en esta materia, con enorme éxito para el país.

Hasta hace unos años la inversión en exploración había descendido hasta hacerse casi inexistente, lo que evidentemente minimiza los hallazgos, en tanto, en el último tiempo éstos se han desarrollado en asociación con los privados a través de Contratos Especiales de Operación Petrolera (CEOP).

Las opiniones del Presidente de la República constituyen una pésima señal, pues se agregan al hecho que en su gira por la zona austral el Primer Mandatario desestimó visitar las instalaciones de la empresa, como sí lo hizo con algunas firmas privadas vinculadas al ámbito energético. Asimismo, ellas se enmarcan en un escenario en que el Gobierno no ha anunciado un plan de desarrollo para ENAP ni ha clarificado sus intenciones respecto de la propiedad de la petrolera, generando, entonces, una mayor incertidumbre.

Solidarizo con los trabajadores de ENAP e insisto en la necesidad de fortalecer la empresa, transformándola en una Empresa Nacional de Energía, con el objeto de aprovechar sus potencialidades y capacidades en la exploración y explotación de fuentes alternativas.

Chile tiene un inmenso potencial en materia de energía solar, eólica, mareomotriz y geotérmica, cuyo desarrollo requiere un impulso decidido de parte del Estado, siendo ENAP, la opción lógica para canalizar esa decisión estratégica.

agosto 09, 2010

Hay que fortalecer la Dirección del Trabajo

Accidente minero debe servir como detonante para mejorar la fiscalización. Empresariado tiene que compatibilizar la obtención de utilidades con la protección de los trabajadores.

La situación que viven los 33 mineros atrapados en la Mina San José, en las cercanías de Copiapó y que se prolonga ya por cuatro días, debe motivar una profunda revisión de los sistemas de fiscalización laboral existentes, especialmente respecto de algunas actividades en que se registran mayores incumplimientos, con graves riesgos para la seguridad de los trabajadores.

No es posible que un país que se precia de sus avances económicos y de la modernización de sus áreas productivas, tenga relaciones laborales y condiciones de trabajo vergonzosas para muchos chilenos, particularmente en sectores que se han caracterizado por registrar enormes utilidades en los últimos años. Es hora que algunos sectores del empresariado adviertan que no es posible seguir maximizando rentabilidad a costa de la vida y salud de los trabajadores.

En ese sentido, solicitaremos al Gobierno disponer de un fuerte incremento en el presupuesto de la Dirección del Trabajo, para el 2011, aumentando sustantivamente su dotación y equipamiento y mejorando su capacidad operativa. Para ello sugirió revertir la decisión de terminar con la Unidad Inspectiva Programada de Oficio (UIPO), repartición creada el año 2003 y que funcionaba al alero de la jefatura nacional para la fiscalización de áreas y empresas de relevancia, como la minería, respecto de la cual había desarrollado un importante labor en la aplicación de la ley de subcontratación.

No cabe duda que el reforzamiento de las instancias locales con personal y medios para llevar adelante su labor resulta clave para un adecuado control del cumplimiento de la legislación laboral, pero la naturaleza y alcance de muchas actividades productivas hace necesario contar con alguna unidad que pueda abordar la fiscalización de un modo más global, particularmente cuando se trata de sectores relevantes, como la minería, el retail o el trabajo agrícola de temporada.

La experiencia de diversos organismos fiscalizadores, como por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos, demuestra que en muchas ocasiones una unidad territorial no logra tener suficiente fuerza ni medios para ejercer adecuadamente sus funciones, por lo que se requiere de alguna instancia con mayor capacidad operativa y respaldo institucional. Si las empresas fiscalizadas funcionan globalmente a nivel nacional, centralizando sus operaciones o unidas en asociaciones gremiales de ese carácter, actuar a través fiscalizadores dispersos y sin respaldo suficiente es un despropósito que dificulta los resultados.

La situación ocurrida en la Mina San José es una clara muestra de la necesidad de abordar la fiscalización de un modo más sistemático y enérgico, complementando la respuesta a denuncias concretas de los trabajadores con esfuerzos institucionales sostenidos y permanentes en actividades que presenten mayores y más riesgosos incumplimientos. Sabemos que el temor a perder el empleo y las dificultades en la organización de los trabajadores provoca que, en muchos casos, se haga difícil la denuncia, por lo que es imprescindible contar con un control de oficio eficaz y oportuno.

Junto con otros parlamentarios de la Concertación, plantearemos al Ministerio del Trabajo reforzar la Dirección del Trabajo, dotándola, en el presupuesto para el año 2011, de mayor personal y equipamiento, al tiempo en que insistiremos en la necesidad de conciliar el fortalecimiento de las Direcciones Regionales con la mantención de esfuerzos más globales, que persigan actuar preventivamente de un modo nacional y coordinado en algunas materias, para lo cual la Unidad Inspectiva Programada de Oficio resultaba relevante.

agosto 03, 2010

Gobierno debe cumplir su promesa de post natal de 6 meses

Planteamiento no estaba sujeto a condiciones en el Programa Presidencial de Sebastián Piñera

El Gobierno debe cumplir con la palabra empeñada y proponer al Congreso Nacional las reformas necesarias para contar con un permiso post natal de 6 meses. Esta materia no se encuentra sujeta a ningún informe técnico ni planteamiento alternativo, sino que su implementación depende de la exclusiva voluntad del Ejecutivo y se trata de un explícito compromiso de campaña del actual mandatario.

En la página 67 del Programa Presidencial de Sebastián Piñera se lee claramente “En relación al post natal, se extenderá hasta seis meses el período del beneficio.”, lo que incluso figura recalcado en un recuadro lateral donde se precisa “Se ampliarán los horarios de atención de las salas cunas de los grupos más vulnerables y se extenderá el post natal hasta seis meses.”

Lo que se prometió en el programa es claro y no da lugar a dudas ni a interpretaciones que puedan ahora sujetar la extensión del post natal a condiciones o requisitos. Lo que está en juego es la palabra del Gobierno y del Presidente, puesto por escrito y comprometido ante el país.

La actual administración se está acostumbrando a la “letra chica” en cada uno de sus ofrecimientos. Así, la propuesta de un Bono “Bodas de Oro” para las parejas que cumplen 50 años de matrimonio, no se extiende a otro tipo de uniones y alcanzará sólo a quienes cumplan su aniversario durante este Gobierno. En tanto la eliminación del 7% de cotización de salud para los pensionados, tras ser anunciada por el Presidente Sebastián Piñera, fue relativizada por el Ministro de Salud.

La fórmula flexible y voluntaria propuesta para ampliar el post-natal por la Comisión Asesora adolece de cierta ingenuidad y desconocimiento del mercado laboral chileno, donde la falta de organizaciones sindicales fuertes impide a los trabajadores negociar o adoptar acuerdos en condiciones de equilibrio, por lo cual todo germen de “voluntariedad” se vuelve ilusorio.

En la realidad que viven las trabajadoras y trabajadores chilenos un derecho voluntario es una falacia, pues la mayor parte de los empleadores imponen la renuncia como requisito para continuar en la empresa, por lo que la única fórmula para ampliar el postnatal es extenderlo derechamente a seis meses para todas las madres, sin condición ni variante alguna.